Injusticias tóxicas:
La salud como un área compleja de disputa para la Justicia Ambiental

A pesar de la amplia literatura científica sobre el efecto de los agrotóxicos (pesticidas y herbicidas principalmente) en la salud humana y en la salud de los ecosistemas, su uso ha aumentado a nivel mundial. Principalmente en América Latina, Asia y África donde el fomentar la industria agrícola y abastecer las demandas mundiales con diferentes monocultivos es parte de la política económica.

El presente panel tiene como objetivo discutir desde el campo de la Ecología Política de la Salud y la Enfermedad (Mayer, 1996; King, 2009; Conolly et al. 2017), de la justicia ambiental (Bullar, 1987; Corburn, 2005) y teoría de movimientos sociales en salud (Bown et al. 2004) conflictos ambientales en América Latina en donde la movilización social inicia con la reparación o incertidumbre sobre daños en salud humana o "justicia en salud". Es decir, cuando hay visible afectación en la salud humana relacionada con agrotóxicos y donde los y las afectadas, haciendo uso de su evidencia empírica (su cuerpo enfermo) y en algunos casos basados en procesos de epidemiología popular (Brown,1992) piden justicia y reparación del daño de distintas formas como lo son: compensación monetaria, la prohibición total del agrotóxico que les afectó, atención médica o construcción de hospitales en comunidad afectada para la atención de daños específicos relacionados con el o los contaminantes.

Para lo anterior utilizo dos casos de estudio en el Occidente nicaragüense: El uso del dibromocloropropano (DBCP), un nematicida utilizado en la década de los setenta y ochenta en las plantaciones de banano en Chinandega que dejó a miles de trabajadores estériles y el creciente número de casos de enfermos por insuficiencia renal crónica de causas no tradicionales (IRCnT) en los trabajadores de plantaciones de caña en la provincia de Chichigalpa.

Con el análisis de estos dos casos de estudio, se pretende en una primera instancia cuestionar el complejo proceso de estos conflictos ambientales hacia la "justicia en salud" debido principalmente a las siguientes variables. Primero, las asimetrías en las relaciones de poder en la producción y divulgación del conocimiento científico sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana y salud de los ecosistemas. Por ejemplo, el agua, el suelo y el aire son vectores para la transmisión de los contaminantes a humanos y pueden afectar no sólo a quienes viven cerca del monocultivo -o quienes trabajan en las plantaciones- pero también a varias comunidades más alejadas y ecosistemas en general. Segundo, a diferencia de otros conflictos sociales, en el campo de la salud hay una variable sustancial de tiempo. El largo proceso de "violencia lenta" (Nixon,2011) que tiene que ver con contaminantes que se bio-acumulan y van dañando de una manera invisible poco a poco (como el DBCP). Sucede por ejemplo cuando las personas afectadas se dan cuenta del impacto negativo en su salud, únicamente después de años de haber estado expuesto a un contaminante, cuando ya es bastante tarde para remediarlo (caso de IRCnT). Tercero, al acumularse estos contaminantes, se discute también, el efecto intergeneracional, por ejemplo cuando madres y padres afectados transmiten los tóxicos a sus hijos, llevando a estos últimos a nacer con alguna malformación congénita, cáncer u otros tipo de daños. En el caso del DBCP hay al menos tres generaciones afectadas por el químico.

Ante esto las preguntas de investigación que se esperan abordar con las siguientes:
¿Cómo lo daños en salud se vuelven relevantes para la movilización social? ¿Se puede llegar a hacer justicia ambiental con efectos irreversibles en daños a la salud? ¿Cómo resistir y movilizarse en este tipo de amenazas a la salud? ¿Quién y cómo la evidencia científica es construida y cuáles poderes se entretejan detrás de su construcción? ¿Cómo se reconfigura la economía local con la enfermedad o muerte de algún familiar a causa de los agrotóxicos?