En Chile, las reformas neoliberales han operado de forma salvaje durante 40 años. En este tiempo la desigualdad general de la sociedad ha aumentado alcanzando niveles de segregación históricos, que incluso han despertado la preocupación de organismos reconocidos por defender la agenda neoliberal como la OCDE. La urgencia creada por la persistente desigualdad económica, muchas veces ha opacado la existencia de otras desigualdades que afectan desproporcionadamente a grupos sociales específicos (en base a su etnicidad, raza, género, orientación sexual, etc.) al interior de la misma desigualdad. Así, miembros de estos grupos son excluidos de manera explícita e implícita de la participación plena en la vida pública, de la toma de decisiones que les involucra y del desarrollo pleno de sus potencialidades. El sistema educativo chileno ha probado ser un importante eslabón en la reproducción de este tipo de exclusiones, así como en la creación de nuevas formas de exclusión.
Junto al financiamiento compartido, la competencia entre escuelas, y la precarización en las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación, las políticas de accountability y evaluación son algunos de los pilares en los cuales se sustenta el sistema educativo chileno. Mientras el financiamiento compartido es una política que se articula con la dimensión económica del proyecto neoliberal, facilitando procesos de acumulación por desposesión por parte de los emprendedores educativos en detrimento de la educación pública. Las políticas de evaluación y accountability se articulan con la dimensión cultural del proyecto, creando un marco de referencia donde la lógicas del mercado, el individualismo y la competencia son impuestas sobre diferentes actores del proceso educacional. Primero, la políticas de evaluación comodifican de la educación cuando sus resultados son igualados a la calidad educativa y traducidos para el consumo público en la forma de rankings donde las instituciones educacionales compiten unas con otras por premios económicos, matricula, y reconocimiento. Por otro lado, las políticas de evaluación crean un mundo de ganadores y perdedores, los ganadores son los sujetos meritocráticos, aquellos que con su esfuerzo individual, resiliencia, y buenas decisiones logran superar las barreras que impone el contexto y emprenden el camino del éxito. Los perdedores, son aquellos que no se han esforzado lo suficiente, han elegido mal, o no han aprovechado las oportunidades puestas en su camino. En el caso de las escuelas y de los maestros este mundo de ganadores y perdedores se reproduce a través de prácticas que identifican a escuelas “efectivas” y a maestros como destacados o líderes, creado en la práctica una jerarquización que elimina las dimensiones socio-históricas desde las cuales se adquieren ciertas posiciones en la sociedad. Las políticas de evaluación legitiman la posición tanto de ganadores como de perdedores, y con ello justifican, entre otras cosas, la exclusión de quienes mas luchan o el cierre de las escuelas que “fracasan”. Todo esto termina impactando desproporcionadamente a los miembros de grupos tradicionalmente excluidos de la participación social.
Este trabajo examina las políticas de evaluación en Chile y su articulación con las políticas neoliberales. Hace esto con una aproximación ecológica desde una perspectiva de justicia social que considera simultánea -y críticamente- las dimensiones culturales, políticas y económicas en el análisis de los sistemas educativos y los diferentes niveles de la vida social en los cuales estas dimensiones de actualizan, individual, interpersonal, institucional, sistémico. Así, este trabajo analiza las políticas de evaluación de estudiantes, escuelas y docentes desarrolladas en Chile; las prácticas que se generan desde estas políticas; y las inclusiones y exclusiones que ellas promueven. También analiza los comités que se han formado en el país para revisar estas políticas y los intereses que sus miembros defienden, describiendo como lo problemas de participación y representación de diferentes grupos sociales no han sido considerados en muchas de las discusiones que pretenden dar legitimidad a las decisiones que las orientan. Finalmente, se busca identificar algunas categorías que, desde la perspectiva del derecho a la educación, contribuyan a problematizar aquellas concepciones que definen el derecho a la educación meramente como el acceso a una educación de calidad o sólo en función de la permanencia dentro de las instituciones educativas.