El capitalismo contemporáneo altamente rentista, ha fijado como uno de sus objetivos la extracción de minerales (cada vez más escasos) en algunos territorios estratégicos de América Latina, Asia y África. Esto ha desatado disputas territoriales entre diferentes actores involucrados en los desarrollos mineros: la postura hegemónica (Estado-gobiernos/empresas) y la subalterna (actores-poblaciones locales).
En México, desde 1980 se ha edificado una arquitectura jurídica que permite el despojo para la acumulación. Se planteó un ajuste estructural que dio entrada al modelo neoliberal y a las recetas que liberalizaron el mercado. Además, se facilitó la privatización de empresas paraestatales, entre ellas, las relacionadas al sector minero. También se modificó en 1992 el Artículo 27 de la Constitución Política Mexicana sobre la propiedad social de la tierra, permitiendo la compra y venta de territorio ejidal y comunal; después, se promulgó la Ley minera en ese mismo año, imponiendo la actividad como de utilidad pública y con preferencia sobre cualquier otra actividad en el suelo donde se detecten yacimientos minerales. Aunado a ello, en 1993 se reformó la Ley de Inversión Extranjera Directa y en 1994 todo tomó forma con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Estos cambios llevaron al país a situarse como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el sector minero. Los inversionistas han sido los más beneficiados de esta estrategia; si bien, la actividad minera es sumamente próspera, sólo contribuyó al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) con el 3.9% en 2017, dando muestra del carácter de enclave y subordinación ante el capital extractivo. Actualmente el país tiene más de 22 millones de hectáreas concesionadas, ha otorgado 25, 178 permisos de explotación y cuenta con 885 proyectos mineros, en los cuales las empresas canadienses sobresalen, al operar 65.3% de los mismos, seguidas de lejos por las estadounidenses con 13.2% y las mexicanas con 9.2%. La mayoría de los proyectos se concentran en la extracción de oro, plata, cobre y fierro, aunque también se extraen otros minerales.
El objetivo de este trabajo es mostrar el panorama minero de Zacatecas, un estado con alta tradición minera y cuya riqueza ha sido determinante para el desarrollo de Europa y Norteamérica, principalmente. La configuración de la actividad en el marco de la quinta revolución tecnológica ha generado una desigualdad predominante entre los que se encuentran cercanos a esta, así como impactos ambientales que no se habían sentido en el viejo accionar del modelo minero.
Zacatecas cuenta con 11 yacimientos minerales de clase mundial y 22% del territorio concesionado, destaca su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional del sector con 17%, pero, en los municipios donde se asientan los proyectos, estas cifras no representan desarrollo ni mucho menos bienestar, ya que más de 50% de la población se encuentra en pobreza. Por ello, la conflictividad ha aumentado. Las apuestas planteadas por el capital y el gobierno no empatan con las de la población local. El rechazo a la minería a cielo abierto, a las barrenaciones desmedidas en los emprendimientos subterráneos, así como a la precarización del trabajo y en otros casos la exclusión, han tomado fuerza en las organizaciones comunitarias.
El abordaje de este trabajo se realizará desde la perspectiva de la economía ecológica y el desarrollo de una perspectiva economicista en el modelo de desarrollo nacional que se impuso en el país desde la década de los ochenta. Además, se analizará a través del marco de estudio del fenómeno extractivista en Latinoamérica y de la investigación de acción participante. El resultado obtenido en esta investigación ha sido la articulación de conflictos en Sombrerete, Mazapil, Melchor Ocampo, Concepción del Oro, Ojocaliente, Chalchihuites, Río Grande y Noria de Ángeles, en los cuales la recuperación de la tierra y la preservación del territorio tienen mayor relevancia.