La ponencia presenta un mapa actualizado de la problemática relacionada con el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia. Aborda el problema de forma compleja, ahondando en la relación existente entre esta práctica sistemática de exterminio, y los intereses económicos de las elites sobre el territorio nacional para profundizar la política de despojo. De igual forma, plantea reflexiones sobre el escenario de post acuerdo, exponiendo los vacíos de un proceso que ha dejado intacto el modelo económico buscando la construcción de la paz.

A sabiendas de que la violencia contra lideres y lideresas defensores de derechos humanos no es nueva en Colombia, la ponencia aborda la problemática de forma puntual para el periodo referido al proceso de paz entre el Gobierno y las insurgencias de las FARC y el ELN. Escenario en el que se han puesto en marcha estrategias mediáticas desde una facción de las elites para profundizar la estigmatización líderes y lideresas, y construir un escenario propicio y justificatorio para el exterminio.

Inicialmente se hace una reflexión acerca de la composición actual de las elites y su relación con sectores estratégicos de la economía del país, evidenciando la ampliación de la dependencia económica y tecnológica posicionada durante la etapa neoliberal. Este será el punto de partida para develar los intereses que abanderan los grupos económicos, su traducción en políticas puntuales y los conflictos que de allí se desprenden.

El texto describe brevemente las luchas sociales dadas por organizaciones sociales ante esta situación, enfatizando en las reivindicaciones centrales y las formas de movilización; contexto del que surgen liderazgos que asumen la defensa del derecho a la vida, a la permanencia en el territorio, al acceso a bienes y servicios, al reconocimiento a la diversidad sexual, a la resistencia social, es decir, derechos por la dignidad humana.

De igual manera, retrata la reacción de las elites ante las demandas de las organizaciones sociales, traducida en un cambio de estrategia para desarticularlas por medio del aumento de la agresiones con énfasis en el asesinato selectivo. La ponencia presenta cifras actualizadas sobre dichas agresiones, evidenciando periodicidad, tipología, atención y niveles de respuesta desde las instituciones del Estado.

El texto aborda elementos en relación a la financiación de los actores armados que han abanderado la política del despojo, tomando como base las 35 sentencias emitidas por los tribunales de Justicia y Paz entre 2011 y 2015, así como el informe Cuentas Claras realizado por la recién creada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Así, aunque existen algunos avances institucionales, el Estado en su conjunto parece minimizar un problema extremadamente serio como éste, dando paso a la impunidad y la ausencia de análisis más estructurales que permitan caracterizar patrones comunes entre los crímenes y en consecuencia generar medidas de protección efectivas. En consecuencia, el aparato estatal se deslinda progresivamente de las recomendaciones realizadas por organismos multilaterales como Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y del Representante Especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en Contextos de Conflictos Armados (RESGVSCA), entre otros.

Finalmente, la ponencia evidencia la disyuntiva que las elites han generado al pueblo colombiano, al construir un relato nacional para finiquitar el conflicto armado más largo de América Latina y lograr la paz, pero de forma yuxtapuesta profundizan políticas que alientan los conflictos sociales que causaron el alzamiento de las armas hace más de 60 años. En esa perspectiva, la esperanza nacional por la paz ha sido traducida en el desarme de uno de los actores armados del conflicto, sin generar cambio alguno en la estructura productiva nacional y en la distribución de la riqueza, profundizando las desigualdades que ella sustenta, y traduciéndose en pacificación de la lucha social para tranquilidad del capital.