La siguiente ponencia tiene como objetivo presentar los avances logrados -hasta ahora- en una investigación enfocada en caracterizar los mecanismos Privado-Estatales orientados hacia la inclusión de las personas residentes en las viviendas de reconstrucción post-27F de la comuna de Renca, en Santiago de Chile, implementados entre los años 2015 y 2019.
Según lo estipulado en Plan Nacional “Chile Unido Reconstruye Mejor”, el proceso de reconstrucción posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010 tenía como eje central la vinculación directa y estrecha entre los actores partícipes (MINVU, 2010). La finalidad manifiesta de esta colaboración entre distintos actores no solo estaba enfocada en la importancia de la participación intersectorial de diversas esferas de la sociedad para lograr una reconstrucción donde todos fuesen parte del proceso, sino también en descentralizar el mismo (MINVU, 2010). Con ello se buscaba fortalecer los roles de privados, municipios, organismos regionales, damnificados y comunidades (MINVU, 2011). De esta forma, el Estado podría adoptar una posición más bien de asistente, coordinador y fiscalizador, y en consecuencia lograría liberar algo de la presión que ejercía sobre él un desastre de tal envergadura.
Sin embargo, factores como la debilidad del marco legal e institucional de la época (Sarmiento, 2010; Garay, 2013), la precariedad organizacional de municipalidades y organismos ciudadanos (González, 2015; González-Muzzio, 2013; Angelcos, 2012) y la poca capacidad de fiscalización ministerial sobre los actores privados (Concha & Rasse, 2014; Breciani, 2012) decantó en que el proceso de reconstrucción sufriera serios problemas de implementación. La literatura especializada destaca dificultades tales como retrasos en la entrega de las soluciones definitivas (Garay, 2013); incumplimientos de contratos (Concha & Rasse, 2014; Breciani, 2012); no respeto de la temporalidad interna del proceso de reconstrucción (Guzmán, Galleguillos, & Zapata, 2010; Tapia, 2010); falta de claridad respecto de las funciones y atribuciones de los organismos estatales, regionales y municipales (Tapia, 2010; Polanco, 2012); desconsideración de las problemáticas de las comunidades afectadas (De la Jara, 2005; González, 2015; Rubilar, 2010); mala gestión del espacio y localización ineficiente de las viviendas sociales (Guzmán, Galleguillos, & Zapata, 2010; Rasse & Letelier, 2013).
A todas estas problemáticas se adhiere además la dificultad asociada a la condición del beneficiario previo a la catástrofe, teniendo en cuenta que los mayores damnificados en los desastres naturales son pobres. En ese sentido, el programa de reconstrucción –enmarcado en una política pública de vivienda focalizada en ayudar al más vulnerable (Azócar, 2016)- asistió al damnificado en función de su condición posterior a la catástrofe, desconsiderando aquellas problemáticas propias de la pobreza que lo afectaban antes del terremoto. Aun así, el tratamiento que tuvo el Estado sobre ellos fue como el de cualquier pobre. Esta disyuntiva, sumada a los factores indicados previamente, entrampó el proceso de reconstrucción incidiendo directamente sobre los beneficiarios.
En este contexto, El Estado –vinculado a organismos privados (Breciani, 2012; Polanco, 2012)- desarrolló estrategias y mecanismos enfocados en asistir a los damnificados por el terremoto, otorgándoles soluciones habitacionales y buscando lograr la inclusión de ellos en las diferentes esferas sociales posterior a la crisis generada por la catástrofe.
La ejecución del Plan Nacional de Reconstrucción post-terremoto, con todas las dificultades y problemáticas revisadas en los antecedentes, posicionó a personas vulnerables en un espacio urbano y social donde las condiciones de inclusión en las esferas sociales no estaba asegurada, a pesar de que los mecanismos diseñados tuviesen ese enfoque. Asimismo, la desconsideración de las problemáticas propias de la pobreza en el desarrollo de estrategias de asistencia a los damnificados ha decantado en diversos conflictos y patologías sociales dentro de la comunidad residente. En consecuencia, han aparecido dentro de los condominios de reconstrucción sensaciones de desamparo y abandono (González, 2015) que sumadas a las características propias del lugar –tales como el hacinamiento, la insalubridad y la mala gestión de los espacios de copropiedad (De la Jara, 2005)- someten a los beneficiarios a problemáticas que los mecanismos Privado-Estatales no han logrado abordar hasta ahora. Con esto en cuenta, esta investigación busca contribuir a la discusión en torno a la implementación de las políticas públicas de reconstrucción y de asistencia al pobre, considerando que la explicación de este fenómeno no puede quedarse solamente en la subjetividad de los individuos y su capacidad de agencia (Rubilar, 2010; Rasse & Letelier, 2013) o en el diagnóstico de falencias críticas dentro de las políticas públicas focalizadas (Micheletti & Letelier, 2016; Guzmán, Galleguillos, & Zapata, 2010), puesto que tales lecturas –predominantes en las investigaciones realizadas desde las ciencias sociales y el urbanismo en torno al tema- tienden a diluir las complejidades del tejido social y los vínculos entre los diversos actores en pos de una explicación causal más bien lineal. La presente investigación, por el contrario, centra su observación en dichos vínculos y en los efectos que tales relaciones tienen sobre sí mismas, decantando en lo que posteriormente son los mecanismos de inclusión. De tal forma, se busca aportar a la discusión desde una perspectiva innovadora –particularmente en lo que respecta al objeto de estudio y la metodología- donde la mirada no se centre en causas, consecuencias ni en explicaciones generales, sino en la contingencia de la inclusión/exclusión en las viviendas sociales, asociada a los mecanismos resultantes del vínculo entre los actores involucrados.
Para ello, la investigación aborda el fenómeno teóricamente desde las conceptualizaciones elaboradas por la Teoría de Sistemas Sociales Autopoiéticos y sus derivaciones, donde se entiende que dicha inclusión es de carácter funcional (Luhmann, 2006; Azócar, 2016) en tanto busca que los individuos puedan participar de todas las esferas sociales posibles. Sin embargo, la inclusión total es un horizonte inalcanzable, dado que cada vez que se incluye, también se excluye de otras esferas (Luhmann, 2006; Arnold, 2012). Esto lleva a que se puedan producir múltiples desigualdades que lleven a multiexclusiones, o a multiinclusiones (Arnold, 2012). En ese sentido, se hace comprensible que incluso las organizaciones y programas cuya función es la inclusión funcional produzcan exclusión (Arnold, 2008; Braeckman, 2006). Es decir, la inclusión no resuelve el problema de las desigualdades. De este modo, personas incluidas en el programa de reconstrucción post-terremoto y asistidas mediante los mecanismos a estudiar pueden estar desigualmente incluidas (Nassehi, 2011).
Para poder abarcar tales problemáticas se han considerado cuatro estrategias metodológicas –revisiones de documentos oficiales, grupos focales, entrevistas semiestructuradas y aplicaciones etnográficas - que en su vinculación permitirán lograr el objetivo de esta investigación. El foco de todas ellas estará en las construcciones semánticas (Azócar, 2016), las cuales se entienden como las reconstrucciones comunicativas internas que son generadas por los diferentes sistemas-actores respecto de las dificultades de su medio. En este caso, se considerarán aquellas construcciones asociadas a las problemáticas presentes durante el proceso de reconstrucción.
En esta ponencia se presentarán los resultados de la primera fase de la investigación, enfocada en examinar las construcciones semánticas desarrolladas por el Estado en relación al proceso de reconstrucción post 27-F. Para la obtención de datos, se realizó una revisión exhaustiva de la normativa vigente en la materia, enfatizando en lo dispuesto dentro del Plan “Chile Unido Reconstruye Mejor” y analizando la información correspondiente a través de la técnica de Análisis de Discurso (Sayago, 2014), con la finalidad de centrar la mirada en las representaciones discursivas emanadas desde el sistema político en materia legislativa y de planificación que posteriormente incidieron en los mecanismos implementados. Lo que se busca a través de esta exposición es abrir la discusión en torno a las comunicaciones que el aparato estatal genera sobre las demandas ciudadanas por la vivienda en situaciones de catástrofe, y reflexionar respecto a cómo lo que se apunta a resolver no necesariamente se condice con las necesidades y condiciones de los afectados, sino más bien con los ajustes operativos propios del Estado y el sistema político.