Sin considerar a aquellos países de la región que se han propuesto transitar la vía del posdesarrollo (caso Bolivia y Ecuador) en los demás, e independientemente de que la orientación sea neoliberal o posneoliberal, las estrategias desarrollistas, siguiendo a Figueroa (2012), continúan teniendo como eje el crecimiento económico. Al mantener su centralidad este se constituye en la “base ideológica” de las decisiones de gobierno (efecto de derrame). Esta forma de entender el desarrollo condiciona las decisiones y acciones gubernamentales. En este contexto la gestión de lo público tiene como principal objetivo “la modernización y el crecimiento con miras a la ampliación de la base exportadora de la economía” (Ornelas, J., 2016:86).

En este contexto la inversión privada (nacional y transnacional) además de instituirse en uno de los principales actores que jalona el desarrollo de un país, está incidiendo en la gestión de lo público y en específico en la producción de políticas públicas. Rodríguez (2007, p. 124) interpreta este proceso como un proceso de transnacionalización de la política pública.

El reordenamiento del modelo de mercado ha conllevado a la reorientación de la gestión pública. En el contexto de la globalización por un lado “el Estado pierde el monopolio de las decisiones de política al transferir poder económico al sector privado” principalmente a los sectores organizados “en grandes bloques económicos” los que se constituyen en los nuevos actores “de la acumulación mundial del capital”; y por otro en los niveles nacionales, los gobiernos, se ven abocados a “reproducir el orden político global” en sus territorios (p, 124), perdiendo “soberanía, legitimidad y gobernabilidad”. Siguiendo a Davalos (2011, p. 11) esto hace “parte de una misma estrategia de transferencia hacia el sector privado de la soberanía y de los espacios públicos” y de la toma de decisiones para la definición de las directrices de gobierno.

Lo anterior permite entender, por ejemplo, que un fenómeno como el extractivismo pueda estar en la base tanto de proyectos libremercadistas como neodesarrollistas, más allá de que en estos últimos ello encuentre legitimación en el hecho de que las divisas generadas ayudan a sostener el andamiaje de las políticas sociales. En este escenario, las políticas públicas con capacidad para generar cambios estructurales, lejos de actuar contrarrestando las lógicas del capital globalizado y sus efectos en materia de incremento de la desigualdad, se constituyen en dispositivos que operan generando las condiciones para esa acumulación.

De acuerdo con lo planteado proponemos como eje de este panel analizar desde una perspectiva crítica la conexión existente entre: los modelos de desarrollo que se han ido configurando o reconfigurando en el marco de la compleja y desigual historia de neoliberalización y en contextos de posneoliberalismo, que han vivido los países de América Latina, con las lógicas y procesos de gestión de lo público, en específico de la producción de políticas públicas.
El análisis se plantea como la base para la construcción (con diversos actores: sociedad civil organizada, funcionarias y funcionarios públicos en diversos niveles y sectores, organizaciones de los diferentes segmentos que conforman el grueso del movimiento social en América Latina, entre otros) de propuestas alternativas de gestión de lo público, propuestas que sí bien deben considerar la importancia de los condicionamientos globales, emerjan como posibilidades para construir otras “gobernanzas”.
Rodríguez (2007) considera que el influjo que el neoliberalismo tiene sobre la acción pública debe ser entendido por la emergencia y confluencia de tres factores:

1. La configuración y estructuración de un “espacio geográfico económico global, desigual y desequilibrado” en el marco del cuál los países de la región, considerando sus diferentes tendencias de industrialización, reprimarizaron sus economías y se consolidaron como centros “privilegiado para la radicación de grandes inversiones transnacionales” (Machado, 2009).

En este contexto y bajo el paraguas de modelos de gobernanza mundial “los organismos internacionales y las empresas trasnacionales” se configuraron como actores claves en la definición y orientación de las políticas “de producción económica”.


2. Bajo la lógica del mercado como rector de la acción pública, las corporaciones, los organismos internacionales y las empresas transnacionales “toman las decisiones de orden político”. En este contexto los países periféricos adoptan decisiones con el objetivo de redireccionar lo político y lo institucional para viabilizar los intereses económicos de los actores transnacionales.

3. La adopción de referentes metodológicos de corte anglosajón implicó contemplar el ciclo de políticas públicas como un proceso condicionado por lógicas transnacionales. En este sentido la identificación de los problemas o de las demandas de los diferentes actores sociales (locales) y las soluciones a estos, son procesos direccionados por los organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las agencias de cooperación al desarrollo de los países del centro capitalista.
En los aspectos referenciados por Rodriguez (2007) se esboza como el sector privado (tanto de carácter nacional como transnacional) se configura como un actor con fuerza no solo para incidir en las agendas de desarrollo económico de los países de la región, sino también para el diseño e implementación de las políticas sociales (desarrollo social). Siguiendo a Davalos (2011, p. 11) esto hace “parte de una misma estrategia de transferencia hacia el sector privado de la soberanía y de los espacios públicos” y de la toma de decisiones para la definición de las directrices de gobierno.