Si bien es cierto que el fenómeno de la desigual distribución territorial de la calidad del empleo, y específicamente de la informalidad laboral, no es algo nuevo en el caso de Uruguay, lo relevante es que el mismo persista, e incluso profundice, en un marco de políticas posneoliberales entre las cuales las de formalización ocupan un lugar importante. En cuanto a eso, los datos muestran que si bien la llegada al gobierno nacional del Frente Amplio (2005) supuso un cambio en la orientación de la política laboral con respecto a la implementada en los años noventa y principios de los dos mil, con un retorno a las regulaciones sobre el mercado de trabajo, lo que sumado a un período de crecimiento ininterrumpido de la economía dio por resultado una mejora de los indicadores tanto laborales como sociales; sin embargo ello no han tenido un correlato en la reducción de la desigualdad territorial de la calidad del empleo. Es decir, que existe un desarrollo desigual en lo que respecta a la calidad del empleo entre espacios sub-nacionales que no ha sido afectado por la política pública posneoliberal.
Concretamente, en la ponencia se analiza lo ocurrido con la informalidad laboral medida a través del empleo no registrado a la seguridad social, el cual muestra un comportamiento diferencial entre departamentos y regiones del país. En cuanto a eso, se constata que en el período 2006-2016 si bien en el promedio nacional la informalidad bajó, así como también en todos los departamentos, cuando se comparan los datos entre éstos se aprecia un aumento de la dispersión, con un desempeño desfavorable de la región noreste.
Surge así la pregunta acerca de por qué se mantiene, e incluso incrementa, la desigualdad en materia de informalidad en un escenario de políticas pro formalización. En ese sentido, la revisión de las políticas públicas de formalización (ya sea laborales o tributarias), las cuales como se dijo han dado resultados positivos a nivel general, muestra que las mismas no tienen en la dimensión territorial a su objetivo prioritario. La excepción a eso está constituida por la ley de promoción de inversiones, la cual contiene un objetivo de descentralización por medio del cual se propone actuar como un mecanismo para el desarrollo de territorios menos favorecidos, a la vez que también incluye otro vinculado con la calidad del empleo. Sin embargo la revisión de información secundaria de origen oficial muestra que la redistribución de las actividades económicas y del empleo no se produce con sentido de redistribución espacial en favor de las regiones menos desarrolladas, lo que lleva a pensar si en realidad no se trata de un fin secundario al de la captación de capitales.
Esa suposición se sustenta en la contradicción inherente al modelo neodesarrollista, el cual se ve obligado a conciliar equidad con crecimiento económico, algo que define a la política pública en su relación con el territorio. Existe una tensión en el accionar del Estado con respecto al territorio entre, por un lado, el enfoque posneoliberal que adoptan las políticas sociales y laborales en pos del objetivo de la igualdad, y por el otro, las acciones requeridas para la inserción del país en la economía mundial. Eso determina que los territorios, y las desigualdades que los caracterizan, sean menos afectados por las políticas internas de integración social y más por aquellas dinámicas de la globalización neoliberal. Allí rige una nueva clase capitalista transnacional la cual, y siguiendo a Robinson (2007), es expresión de una nueva configuración del poder y actúa ejerciendo su autoridad política a través de la utilización de los aparatos estatales de cada país, o de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, en un intento de convertir el poder estructural de la nueva economía global en una autoridad política concreta directa.
En síntesis, esa contradicción entre, por un lado la política posneoliberal que se propone desmontar el andamiaje de desregulación de la economía, y por el otro, la estrategia neodesarrollista y su vínculo con el capital transnacional sobre fundamentos de libre mercado, imprime un carácter dual a la política pública en lo que respecta a la cuestión del desarrollo desigual en Uruguay.