Perspectiva de los equipos profesionales psicosociales sobre la Políticas Públicas de Salud Mental en población adulta y juvenil con abuso de drogas y alcohol

En Chile, la Salud Mental de la población, como problemática asumida por el Estado como parte de ‘la cuestión social’, implementa políticas públicas (PP) dirigidas a la solución, o al menos mitigación, de las dificultades identificadas por el Ministerio de Salud (MINSAL). De esta forma, en el año 2001 nace el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (PNSMP), como una política marco que promete una profunda reforma tanto en la comprensión misma del fenómeno como la manera de intervenirlo.
A partir de este Plan se configuran equipos profesionales especializados en salud mental y psiquiatría creándose, también, nuevos centros de atención para cubrir las problemáticas de la población, con acciones dirigidas hacia la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, en los tres niveles de atención de salud, considerando como una de sus prioridades programáticas, el abuso y dependencia de alcohol y drogas.
En la actualidad, el tratamiento y rehabilitación del consumo de alcohol y drogas incluye a grupos de mujeres madres, población penal, incluyendo salida alternativa a personas que estén imputadas por primera vez por delitos menores, personas en situación de calle, población general y adolescentes infractores de ley.
Si bien el Estado, por medio de diversos organismos, ha diseñado e implementado PP dirigidas al abordaje de una población que experimenta situaciones vitales de alta complejidad, los estudios realizados por las instituciones involucradas no dan cuenta de un cambio significativo en la incidencia y prevalencia en el uso y abuso de alcohol y drogas en la población general. Entonces, ante la magnitud del despliegue de recursos humanos y económicos, cabe cuestionarse las razones por las cuales, a pesar de poseer evidencia obtenida a través de evaluaciones de PP, este conocimiento no ha logrado retroalimentar a la misma PP de manera tal que el impacto producido en las personas signifique, tal como lo pretende, una disminución del consumo.
En cuanto PP, incluyendo sus reglamentos, decretos y normas técnicas que derivan de ellas, han sido diseñadas, implementadas y evaluadas, en términos generales, desde los tomadores de decisiones y grupos de expertos, omitiendo la participación de implementadores de la PP -equipos psicosociales- y grupos objetivo -población atendida-, utilizando metodologías denominadas de arriba hacia abajo (top-down approach), con métodos de investigación que apuntan a la cuantificación de la problemática, más que a una evaluación de los procesos y comprensión del fenómeno.
Sin embargo, existen posturas teóricas y políticas que postulan un enfoque diferente para comprender el rol de otros actores en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, principalmente los mismos involucrados (profesionales, pacientes, familia entre otros), lo que permite comprender este complejo proceso no sólo de forma jerárquica y lineal, sino como un entramado de acciones y relaciones humanas en permanente interacción. Estos enfoque son denominados desde abajo hacia arriba o bottom-up aproach, (Sabatier, 1986; Navarro 2008).
La relevancia de esta aproximación en la evaluación de PP está dada por la posibilidad cierta de rescatar la experiencia diaria de los profesionales, puesto que si bien han sido creadas normas técnicas que delimitan las funciones, en términos conceptuales no hay suficiente claridad que entregue una línea de base para la intervención, como por ejemplo, la discusión entre lo clínico, lo biomédico, lo comunitario y lo social, sumado a la alta complejidad de la población atendida, que requiere de intervenciones contextualizadas a sus realidades particulares por sobre la estandarización de una normativa generada a nivel central.
Es así que los profesionales actúan dentro de un entramado de actores institucionales que establecen espacios de intervención que sobrepasan los criterios tradicionales de lo que se comprende por atención en salud, quedando un importante espacio de discrecionalidad al interior de los equipos psicosociales, generando un conocimiento que ha sido escasamente sistematizado y por tanto no puede ser utilizado como retroalimentación para la PP por los tomadores de decisiones, mejorando así los procesos de implementación y finalmente, el impacto en la vida de las personas.
A pesar de los cambios sucedidos en la institucionalidad de la PP en Salud Mental descritos en párrafos anteriores, estos han sido escasamente sometido a evaluaciones, más allá de las propias de la ejecución del gasto público, generando resultados reducidos a valores matemáticos que no recogen la opinión de los profesionales, limitando la posibilidades de comprensión de las cualidades de una realidad particular.
De esta forma, se analizó la política pública referida a la intervención de personas con uso y abuso de alcohol y drogas, tanto en población general como en adolescentes infractores de ley, evaluándola de manera participativa desde la perspectiva del Desarrollo a Escala Humana (DEH), utilizando como herramienta metodológica la Matriz de Necesidades y Satisfactores (MNS), aplicada a grupos de profesionales interventores que conforman equipos psicosociales, orientado al enfoque desde abajo hacia arriba, con el objetivo de aplicar un procedimiento sistemático para levantar evidencia empírica, válida y fiable, que logre perfeccionar las PP (Navarro, 2008), utilizando herramientas de investigación que permitan entregar voz a dichos profesionales.
Para este estudio, dicho enfoque no sólo se refiere a un cambio de sentido desde el lugar donde se origina el conocimiento, sino también desde la perspectiva epistémica desde la cual se mira, siendo cualitativa, interpretacionista y situada, junto a tecnologías sociales que permitan, al mismo tiempo, la generación y apropiación del conocimiento tanto para la investigadora como para el grupo social participante, en un proceso dialógico y sinérgico constante en pos de la transformación, con el fin de conocer cómo interpretan los profesionales en salud mental las PP que guían su intervención diaria con personas con problemas de abuso de sustancia.
A través de la aplicación de la MNS a tres equipos psicosociales, se comprendieron las carencias, potencialidades y utopías reconocidas desde la política pública, a partir de su propia experiencia cotidiana, generando, además, un proceso metacognitivo –observación auto reflexiva del propio proceder (Torrano & González, 2004)- sobre su propia praxis por medio de la generación de un proceso retroalimentativo conjunto y constante, entre participantes e investigadora.
Es así como, a partir del conocimiento emergido del trabajo antes descrito, se complementó la información con entrevistas a informantes claves, con el objeto de obtener una comprensión acabada del fenómeno estudiado, considerando siempre la perspectiva del DEH, incluyendo una visión crítica sobre la configuración del Estado además de la influencia y consecuencias del modelo económico imperante en la actualidad que ha penetrado en el diseño, implementación y evaluación de PP en salud, siendo posible dar cuenta, desde una perspectiva crítica, de complejas problemáticas que distan ser superadas o al menos reconocidas desde los modelos tradicionales de análisis y evaluación de PP.
En consecuencia, se proponen miradas alternativas y contra hegemónicas a las problemáticas presentadas desde tópicos que serán desarrollados en el marco teórico, siendo utilizados tanto en el análisis de los resultados como en la posterior discusión. Para esto, se considera un planteamiento desde el sociocontruccionismo, el cual establece la interdependencia entre el conocimiento generado y las condiciones de producción involucradas en la propia construcción de ese conocimiento, existiendo una relación de dependencia entre ambos.
Este posicionamiento es coherente con la utilización de la Teoría Fundamentada (TF), metodología que otorga lineamientos sistemáticos y flexibles para la recolección y el análisis cualitativo de los datos, centrada en el propio proceso de investigación y el conocimiento generado desde él, abierta a diversos métodos de recolección de datos, permitiendo la posterior construcción de conocimientos basados en los mismos datos, usando como método el análisis de contenido.
Los principales resultados obtenidos apuntan a la falta de una teoría social que explique el fenómeno del abuso de sustancias de manera global y compleja, puesto que los profesionales de la salud reconocen limitaciones en su formación profesional para el abordaje de personas cuyas problemáticas sobrepasan las clásicas categorías sobre patologías, las precarias condiciones laborales y sociales a las cuales están sometidos, y las contradicciones epistémicas en el trabajo diario, que tensionan la mirada objetiva con la necesidad de trabajar desde y para las emociones.