Antecedentes Históricos :

Las dos principales raíces del conflicto armado en Colombia están vinculadas al problema de la tenencia de la tierra, por una parte y la estructuración de una participación política restringida y una democracia limitada, por otra. Estas dos raíces de larga data, se profundizan entre las décadas de 1940 hasta 1970 por diferentes fenómenos, entre ellos el frente nacional y la época de la violencia. Teniendo en cuenta que entre estos dos fenómenos históricos se formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-1964).


Negociaciones:
Con las FARC se habían dado dos intentos de negociación previas, la de “Casaverde” en 1984 y la del “Caguán” en 2002. Ambos procesos les traen a las FARC beneficios políticos (1984) y mediáticos (2002). Sin embargo, ambos procesos se terminan sin éxito. Luego viene esta última negociación, que tenía un objetivo oficial: poner fin al conflicto armado, con la idea de construir una base sólida para que la paz sea estable y duradera. El gobierno buscaba acabar con un actor armado ilegal, mientras que el objetivo no oficial que tenía la guerrilla era igualmente el de llegar a ser actores políticos. Para la sociedad civil por otro lado, significa la oportunidad de profundizar las promesas constitucionales referidas a participación política y cambio social consagradas en la constitución de 1991.

Justicia Transicional - (Justicia Especial para la Paz - JEP):
La justicia Especial para la Paz, prevista en el Acuerdo, observa dificultades en su implementación debido a cambios políticos actuales. Las normas para la Justicia Especial para la Paz se juegan en el escenario del parlamento y también en el terreno de la Corte Suprema. Como resultado, tanto el poder judicial como el legislativo, afectaron los tiempos esperados de ejecución y se alcanzó ahora a una situación de distorsión de los acuerdos.

Ampliación democrática en la planificación territorial (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET):
El Acuerdo especifica en sus primeros dos puntos que ‘...a través de programas con enfoque territorial,... todos sus actores trabajan en el bien supremo de la Paz…’, e indica que la planeación, la ejecución y el seguimiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) deben hacerse de manera participativa. Quiere decir que el carácter de foco transformador del proceso democrático interno de Colombia en el proceso decisional, que tiene esta área especial de los territorios devueltos por las FARC, es categórico, pues en la medida en que se desarrolle, va a poder extenderse a otras áreas del país donde nunca hubo conflicto.
La implementación del Acuerdo presenta una gran oportunidad para ampliar el ejercicio democrático en Colombia, por ello no debe demorarse la implementación de los PDET, pues son un ejercicio democrático en si mismo y ofrecen la oportunidad de vinculación de la ciudadanía a la puesta en marcha del Acuerdo. Sin embargo las próximas elecciones presidenciales y las recientes elecciones de Congreso están siendo determinantes para el futuro del Acuerdo, bien sea para darle vía libre a su implementación o para revertirlo.

Perspectivas de democracia participativa:
Se observa que la estructura política del Estado ha jugado un efecto lentificador en la implementación del Acuerdo, resultado de una ponderación insuficiente de las acciones subsecuentes al Acuerdo, que tendrían los diversos poderes. Consecuencia del lento proceso de implementación, en especial en cuanto al control territorial, se constatan asesinatos de líderes y disputas territoriales parte de capitales internacionales, botines electorales y redes internacionales de narcotráfico.

El Acuerdo en su implementación debería producir al menos dos efectos fundamentales, sobre los cuales actúa y se interroga la RedPPPP (Participación Popular en Políticas Públicas):

a. En términos metodológicos verificar si se está actualizando la caja de herramientas, incorporando mecanismos que aseguren la participación de diferentes actores en la construcción de políticas públicas, creando escenarios de trabajo conjunto; o, si se priorizan mecanismos tradicionales tecnocráticos.

b. Confirmar si la probable y demorada superación de los obstáculos de implementación de la JEP, permitirá que quede habilitado ese mecanismo para ser re-aplicado por otros Estados de América Latina.