Los análisis interdisciplinarios que se ocupan de los temas ambientales posee en el presente siglo una trascendencia que en épocas anteriores no existía como tal. La cuestión del medio ambiente y la política o el medio ambiente y la sociedad, siempre resultaron de alta importancia en las agendas gubernamentales a escala global. Pero la presente coyuntura de un acelerado y progresivo proceso de cambio climático -producto de la acción humana- y un horizonte poco alentador sobre las reservas disponibles de recursos naturales no renovables (actualmente estratégicos para la actual forma de vida en gran parte del globo -como la energía fósil y el agua potable-), combinado con los altos niveles de desigualdad y pobreza, colocan una urgencia en la profundización de estudios que puedan ser una herramienta para esclarecer la magnitud de la problemática, y a su vez, explorar alternativas de políticas pública que hagan frente a dicha situación.
En este marco, numerosas son las conferencias que en distintos niveles han reunido a países de todo el mundo en búsqueda de acuerdos y respuestas a las consecuencias que esta problemática presenta. Este artículo hace foco en el Acuerdo de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del año 1992 que después de más de dos décadas, retoma una vigencia muy importante al comenzar durante el 2018 a ejercerse los derechos acordados en el Principio 10 (P10) de dicho Acuerdo y de los cuales son centrales en materia de accesibilidad a derechos ambientales.
El 7 de marzo de 2018, después de la Novena Reunión del Comité Negociador del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Públicas y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 24 países de América Latina y el Caribe se adoptó el primer acuerdo regional vinculante en materia de accesibilidad a derechos ambientales de la historia. Este año entonces, comienza un proceso que producirá grandes movimientos gubernamentales en esta materia y las agendas públicas comenzarán a tratar íntegramente la problemática que durante décadas presenta la región en torno a los conflictos socioambientales.
El P10 pretende ser el primer Acuerdo de accesibilidad a derechos ambientales e institucionalizar a partir de políticas públicas, las expresiones en aumento de organizaciones y organismos ecologistas, medio ambientales y comunitarios que se involucran a partir de su acción una resistencia colectiva y constituyen así, distintos y muy variados conflictos socioambientales. Así, el debate sobre la accesibilidad a derechos ambientales es hoy en día un tema de carácter estratégico en los programas gubernamentales y que sin embargo algunas veces no se refleja en políticas de Estado por parte de los ellos. Así, el presente artículo indaga sobre cuál es la situación de la Provincia de Río Negro (Argentina) con respecto a las políticas públicas y su relación con los conflictos socioambientales dentro de su territorio a partir de la pregunta ¿Cómo influye la acción de las políticas ambientales provinciales en la accesibilidad a derechos ambientales a partir de contextos de conflictividad socioambiental? y en complementación, ¿Cómo impacta la acción social de los conflictos socioambientales en la producción de la agenda gubernamental?
La hipótesis que se sostiene es que en lo que respecta a la Provincia de Río Negro, no existe una planificación estratégica, más bien difusa, e intervenciones de coordinación de actores en forma aislada más que integrada, lo que en principio, pone en contradicción la accesibilidad a derechos ambientales en los términos que la P10 afirma. A su vez, la demanda social consecuencia de los conflictos socioambientales son los que articulan las aisladas estrategias pública en temas ambientales.
El caso seleccionado es la Provincia de Río Negro. El recorte espacial es elegido por la presencia de un doble interés: por un lado, una gran variedad y cantidad de conflictos socioambientales; y por el otro, la disponibilidad de recursos naturales que hacen a su matriz económica y ponen en tensión los intereses los actores que la componen. En este sentido el interés por esta problemática hace de la accesibilidad a derechos ambientales sean un vector clave la acción de la política pública.