La presente ponencia ofrece una descripción y análisis sobre la situación actual de los DD.HH. en Chile, enfocándose en el diagnóstico que de ella realizan diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil entre los años 2017 y 2018.

Un primer análisis de los informes anuales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre la situación en Chile arroja una imagen de deterioro progresivo en los últimos años, especialmente en las áreas que dicen relación con los derechos de las niñas y los niños, así como de la situación general de las y los migrantes. Mientras, en el primer caso, dicho deterioro parece relacionarse con déficits de diseño, gestión y malas prácticas al interior del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y las instituciones que a él le prestan servicios en la atención directa de las y los menores; en el segundo caso el empeoramiento de la situación pareciera estar asociado a un profundo déficit en la legislación vigente (establecida durante la última dictadura militar y concebida en la lógica del llamado “enemigo interno”), así como a factores culturales de la población (racismo y falta de contacto frecuente con extranjeros) y a discursos de la derecha local que, aprovechando dicha situación, intentan convertir a las y los migrantes en el “chivo expiatorio” de múltiples problemáticas nacionales (p.e. desempleo, saturación de servicios públicos de salud, inseguridad pública, etc.)

Sin perjuicio que los dos ámbitos antes señalados sean aquellos que los informes del INDH destacan y han concitado la mayor atención pública, es importante señalar que ellos no son los únicos en los cuales la situación se ha deteriorado o bien se observa una escena de estancamiento. En este sentido pueden considerarse el aumento visible de los niveles de la violencia policial, especialmente en lo que hace a la represión que ejercen en las manifestaciones públicas; el constante aumento del trabajo informal, con toda la precarización laboral y falta de garantías y derechos que tal fenómeno implica; la permanente discriminación en el ejercicio de algunos derechos reproductivos y de género, como puede entenderse la llamada “ley de aborto en tres causales” (permitido sólo en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo vital para la madre), el reglamento asociado a ella y que establece la llamada “objeción de conciencia” para los prestadores del servicio de salud, así como el aumento en la visibilidad, y quizás ocurrencia, de las agresiones que sufre la comunidad LGTBIQ local.

En relación al acervo de comunicaciones públicas de diversas organizaciones civiles locales defensoras de algunos de dichos derechos durante el período analizado, pueden consignarse diversos hechos que sostienen los juicios establecidos en los informes del INDH. Sin perjuicio de lo anterior, también es posible percibir distintas situaciones en las cuales lo relevado y afirmado por dichos informes es percibido, desde dichas organizaciones, como insuficiente, tal y como se indica desde, por ejemplo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) y el Movimiento de Acción Migrantes (MAM), entre otre.

Paralelamente, merecen la pena destacarse dos situaciones que han despertado la atención pública, siendo relevadas ampliamente por los medios de comunicación, y que dan cuenta del escenario de tensión y conflicto existente. Por una parte, se consignan las múltiples controversias sobre el proyecto de ley de identidad de género (que permite a la persona cambiar legalmente de nombre para que coincida con el género con el cual se identifica), que han llevado a visibilizar el amplio rechazo que dicho proyecto despierta en amplios sectores de la iglesia católica y sus fieles, así como el conflicto que ello genera con todo el resto de la sociedad que, en su mayoría, lo apoya. Por otra parte, una situación de suma gravedad, aún en curso, es la destitución ilegal del director del INDH, Branislav Marelic, a propósito de sus múltiples discrepancias con diversos estamentos del gobierno y el Estado. Según puede leerse desde diversas fuentes, dicho proceso de destitución fue arbitrario y políticamente motivado, tal y como estableció la Corte de Apelaciones de Santiago en su fallo que declaró ilegal dicho procedimiento.

Un último punto a destacar desde la visión de las organizaciones sociales es la falta de atención que el Estado presta a ciertos derechos humanos fundamentales, entre aquellos llamados “emergentes”, como lo es el derecho a la ciudad, donde se articulan los derechos a la vivienda, el hábitat y la vida digna, entre otros. Desde la visión de algunas organizaciones sociales enfocadas en dichas luchas, como en el caso del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), el Estado ha abandonado tanto su papel de principal organizador del hábitat como el de garante de su conformación de una manera tal que asegure la vida digna de todas y todos quienes viven en él. En esta lectura, el Estado chileno se ha ratificado a sí mismo en un rol meramente subsidiario que, en última instancia, sólo beneficia a los grandes conglomerados económicos del negocio inmobiliario y la clase política a ellos vinculada. Los casos de los llamados “Guetos verticales” (complejos de departamentos ultrapequeños, sin servicios internos básicos suficientes para el volumen de personas que los habitan y que sobrecargan los servicios básicos del territorio donde están emplazados) son una dramática prueba de ello.

Nuestras conjeturas sobre los límites y las posibilidades de la acción colectiva de los actores sociales aquí mencionados, así como aquellas sobre el eventual impacto de dichas acciones en la constitución de las actuales subjetividades políticas de la sociedad chilena, cobran su sentido a partir de la consideración de un escenario caracterizado por los siguientes elementos:
• Una ideología estatal sobre los DD.HH que no se condice con las demandas de la sociedad civil
• La apropiación, por parte de sectores conservadores, de la lógica de los DD.HH. para defender sus posiciones contra el desarrollo de las luchas sociales progresistas
• Un desigual nivel de participación y organización de la sociedad civil
• La profundización de la situación de “politización” de la vida social descrita por el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015)
• Un escenario de aumento de la conflictividad social a propósito de la agenda regresiva en derechos que lleva adelante el actual gobierno (neoliberal en lo político-económico, a la vez que conservador en lo moral)

Desde este contexto de producción, nuestro análisis arriba a las siguientes conjeturas preliminares:
• La acción colectiva está marcada por dos clases distintas de límites: por un lado, la existencia de marcos jurídicos desactualizados o inexistentes y, por otro, la influencia de patrones culturales conservadores que dificultan la integración de la diferencia.
• A su vez, las posibilidades de dicha acción colectiva se ven ampliadas por la presencia de dos procesos distintos pero convergentes, a saber, la estabilización de un “sentido común” ciudadano que, resignificando los espacios y los resultados de la política, recupera el valor de lo político como aspecto de la vida social democrática; y el afianzamiento de la aceptación cultural del fenómeno migratorio y la recomposición cultural (valorativa y demográfica) que él implica.

Desde este análisis preliminar -y a la espera del fin del primer período del poder legislativo recién electo, así como del desarrollo contingente de las agendas sectoriales ante las acciones del gobierno recién instalado- se conjetura una profundización de las tensiones que en años recientes han marcado la transformación de la subjetividad política chilena anclada en la "lógica de los consensos", herencia de la transición política desde la última dictadura militar.