La transición democrática en Uruguay estuvo signada por la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 1986 y su ratificación ciudadana luego de dos plebiscitos en los años 1989 y 2009 respectivamente. El rol de las organizaciones de Derechos Humanos, fue (y es) clave para mantener en la agenda pública la denuncia de los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. A ello se le sumó en los últimos años, tímidas políticas de memoria que desde el Estado, intentan abrir el camino hacia la Verdad.
Nos proponemos con este trabajo, analizar los caminos recorridos en Uruguay, los avances y retrocesos de éstas políticas de memoria, y fundamentalmente las dificultades para el acceso a la Justicia.
Una de las características del proceso represivo en Uruguay, es que comenzó varios años antes del decreto de disolución de las cámaras, firmado por el entonces Presidente de la República -Juan María Bordaberry-, el 27 de junio de 1973. Ya desde el período que va de la asunción de Jorge Pacheco Areco en diciembre de 1967, al golpe de Estado, Uruguay procesó una escalada represiva, que puede sintetizarse en: instalación de Medidas Prontas de Seguridad, censuras a la prensa, ilegalización de partidos políticos, detención de militantes sindicales y estudiantiles, llegándose a contabilizar en varias decenas los muertos del período pre dictatorial. En el mismo período, varios miles de uruguayos (aprox. 400.000), partieron al exilio, fundamentalmente hacia Chile y Argentina. Todo este proceso, se agudizó luego de la instalación de la dictadura cívico militar.
En cifras:
- se calcula que cerca de 6000 ciudadanos uruguayos fueron procesados por la justicia militar. Este número aumenta aproximadamente a más de 20.000 si contamos los militantes que pasaron por centros clandestinos de detención, no quedando por lo tanto, registrada su detención. En el caso de los prisioneros legales, no es menor señalar, que el período de prisión en promedio fue de entre 8 años y una década.
- Asesinados: 203 (1968-1985).
- Detenidos desaparecidos: 178 (1973-1985).

Una de las características de la transición uruguaya residió en su carácter de “negociada” entre las Fuerzas Armadas y los principales actores políticos. En 1983 se llevó a cabo el “diálogo del Parque Hotel” entre los militares y los partidos tradicionales. Las conversaciones se suspendieron luego de dos meses por no lograr acuerdos de cómo seguir adelante. En 1984 se retomaron las conversaciones pero con la ausencia del Partido Nacional y la integración del Frente Amplio a las discusiones. Las resoluciones que se tomaron en el llamado “Pacto del Club Naval” nunca fueron expuestas ni difundidas, “de allí que pueda suponerse que el tema de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura haya sido tema de discusión y de posibles acuerdos”. (Larrobla y Rico, 2015, p.68).
Podríamos decir, que instalada ya la democracia en Uruguay el 15 de febrero de 1985, surgieron al menos dos problemas claramente identificables, y que de alguna manera van a marcar el vínculo de la sociedad uruguaya con el pasado reciente. Ambos, además estrictamente vinculados: el camino de la verdad y el acceso a la justicia.
Nos proponemos con este trabajo, dar cuenta de los recorridos que la sociedad uruguaya transitó, vinculados a la verdad y a la justicia de nuestro pasado reciente, haciendo principal hincapié en las políticas estatales con respecto a estos dos ítems.