La independencia de los territorios caribeños, iniciada temprana y violentamente con la Revolución Haitiana en 1791, es un proceso incompleto. La permanencia en la región de los antiguos imperios europeos junto a los Estados Unidos como poder hegemónico continental configura la actualidad geopolítica, económica, cultural y social del Caribe. La región, que desde la esclavitud, la explotación colonial y su forzada incorporación al mercado mundial, viabilizó la industrialización europea y con ello la consolidación y expansión del modelo capitalista británico como paradigma de desarrollo occidental, está aún sujeta a poderes coloniales y, desde la segunda mitad del siglo XX, pareciera haber renunciado a profundizar su camino hacia la independencia y la construcción de Estados nacionales a favor de fórmulas más eficientes para la administración del estatus (neo)colonial y para garantizar, desde la dependencia, el acceso a los recursos y las garantías de seguridad y sobrevivencia en tiempos tan convulsos marcados por la crisis permanente.
Los territorios no independientes del Caribe, si bien no suelen incluirse en los estudios sobre el Caribe pues se investigan a partir de su asociación política con los Estados de los que dependen, merecen ser analizados desde su singularidad y sus circunstancias actuales teniendo en cuenta la multiplicidad de desafíos que enfrentan para su desarrollo integral. El propósito de este artículo es examinar el estado de los territorios no independientes del Caribe en los primeros años del siglo XXI y discutir alrededor de algunos de los problemas que afectan el bienestar y desarrollo sostenible de sus sociedades.
De acuerdo al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) –comúnmente conocido como Comité Especial de los 24 o Comité Especial de Descolonización–, 2 existen 17 territorios no autónomos en el planeta. De ellos, siete se localizan en la región del Caribe y son administrados por el Reino Unido y Estados Unidos. En diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución a/RES/65/119, donde declara el periodo 2011-2020 como Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo.
El resto de los territorios no independientes cuyos casos no considera la ONU que merecen la atención del Comité Especial de los 24 incluye territorios incorporados a las metrópolis coloniales europeas bajo diferentes mecanismos que combinan dependencia con autonomía. En la región del Caribe, la Unión Europea reconoce tener tres regiones ultraperiféricas Guadalupe, Martinica y la Guayana Francesa que dependen de Francia, y catorce Países y Territorios de Ultramar (PTU) que dependen de Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Los PTU no forman parte de la Unión Europea y no están incluidos dentro del espacio Schengen. No obstante, se benefician de su asociación con la Unión Europea y califican para, por ejemplo, acceder a recursos del Fondo de Desarrollo Europeo.
Los dos territorios administrados por Estados Unidos corresponden a adquisiciones hechas mediante la compra –las Islas Vírgenes les fueron vendidas por Dinamarca en 1917– o por la fuerza –Puerto Rico fue cedido por España como botín de guerra en 1898. En total, existen en el Caribe 19 territorios no independientes.
De ellos, seis bajo tutela del Reino Unido, igual cantidad para los Países Bajos y cinco corresponden a Francia. Los dos restantes pertenecen a Estados Unidos. En total suman alrededor de 100 000 km2 y están habitados por poco menos de 5,4 millones de personas. El Reino Unido y los Países Bajos acumulan las menores cuotas de extensión territorial y población al administrar 1,1% de superficie territorial y 3,9% de población, y 0,5 % de superficie territorial y 3,1% de población, respectivamente. Es Francia quien controla la mayor extensión con 89% del total de tierras, en las que hay poco más del 25% de habitantes; mientras que a Estados Unidos, gracias al relativamente más poblado Puerto Rico, corresponde el 68% de la población que habita en el Caribe no independiente en poco menos del 10% del total de la superficie territorial.
Si bien el conjunto de los PTU es muy diverso y cada uno tiene una relación propia con las metrópolis –vínculos que evolucionan y se modifican sistemáticamente, en todos los casos los países administradores están a cargo de la política exterior, la seguridad, los asuntos de negocios y la garantía del “buen gobierno” (good governance), que abarca temas de institucionalidad, derechos humanos, la aplicación de las leyes, la integridad de los servidores públicos y el combate a la corrupción.
En su calidad de islas pequeñas la mayoría de los territorios no independientes localizados en el Caribe se caracteriza por una elevada vulnerabilidad ante shocks externos, en particular aquellos de carácter económico y ambiental. La vulnerabilidad se asocia a la alta dependencia de las importaciones y de un conjunto reducido de actividades económicas y rubros exportables asociados fundamentalmente al turismo, la pesca, los servicios financieros y la explotación minera, así como a la concentración de los vínculos comerciales con unos pocos socios y al empleo en el sector público. A lo anterior súmese la imposibilidad de aprovechar las economías de escala debido al tamaño de las poblaciones, la limitada base impositiva, la emigración de mano de obra joven calificada, el aislamiento y los altos costos de transporte. En la mayor parte de estos territorios, la combinación de tamaño y topografía restringe la disponibilidad de tierra e impulsa el uso de áreas costeras estrechas y empinadas laderas para la ubicación de infraestructura clave y asentamientos poblacionales. Al contrastar las potencialidades de los territorios no independientes de acuerdo a su tamaño, población y actividad económica con los costos que representa su sostenimiento para los países administradores, surgen dudas acerca de las razones que impulsan a las lejanas metrópolis europeas, en pleno siglo XXI, a mantener estas posesiones. Si ya no actúan de puente auxiliar para la colonización de las Américas, no funcionan como enclaves de monopolios comerciales ultramarinos, no re visten la importancia geoestratégica de las lógicas bipolares de los años de la Guerra Fría, si las dependencias caribeñas representan erogaciones periódicas y coyunturales –las segundas asociadas sobre todo a las afectaciones provocadas por eventos climatológicos extremos– y demandan transferencias sistemáticas de recursos de los presupuestos metropolitanos y fondos de la Unión Europea, ¿por qué mantener los lazos de subordinación y no fomentar en estos territorios el camino de la independencia y su conversión a Estados Nacionales?
Son diversos los factores que explican la existencia de los territorios no independientes en la región, análisis que se complejiza debido a las particularidades asociadas a modelos de colonización específicos, papeles asumidos dentro de las lógicas metropolitanas, circunstancias socioeconómicas pasadas y presentes, aspiraciones de sus habitantes e intereses de los países administradores. Con relación a esto último, vale destacar los beneficios que los territorios no independientes proporcionan a los países a los que están incorporados. Entre estos sobresale el permitirles una mayor presencia global, servir de activos estratégicos al albergar bases militares, facilitarles el acceso a recursos naturales y de biodiversidad únicos, localizarse en regiones con valor estratégico en el largo plazo, ofrecer oportunidades económicas y financieras a sus clases de negocios sobre todo por los atractivos fiscales en vigor en estos territorios y emplear a sus habitantes en profesiones y sectores de interés que incluyen el servicio en las fuerzas armadas.
A pesar de las marcadas diferencias con sus vecinos Estados insulares, los territorios no independientes del Caribe, comparten problemas similares determinados por la geografía, la historia común de explotación colonial y las vulnerabilidades asociadas a la condición de PEID en el contexto del modelo de globalización actual. Si bien no suelen incluirse estos territorios en los estudios sobre el Caribe, pues se prefiere investigarlos a partir de su asociación política con los Estados de los que dependen, sus circunstancias actuales y la naturaleza de los desafíos que enfrentan para su desarrollo aconseja la pertinencia de incorporarlos a los análisis sobre la región caribeña y de profundizar en sus determinantes particulares, singularidades éstas que refuerzan la diversidad política, económica, social y cultural que identifica al Caribe.
Tal empeño no está desprovisto de obstáculos, que van desde las dificultades de contar con información estadística desagregada hasta el reconocimiento de la importancia de estos pequeños territorios en el concierto regional. Los pueblos del Caribe a menudo son tratados como pueblos “invisibilizados” y, dentro de ellos, los territorios no independientes son todavía menos (re)conocidos, siendo incluso excluidos de las problemáticas propias de los países “en desarrollo” pues la información estadística se integra a las metrópolis por falta de Estado propio. Cuando preferimos obviar su existencia y desestimamos el conocimiento de sus circunstancias específicas, renunciamos a la capacidad de evaluar objetivamente sus potencialidades de participación en la solución de problemas regionales comunes o de asistirlos desde la voluntad de comunidad regional y cultural de la que ellos también son parte.
Resumen de ponencia elaborado a partir del artículo de la autora “Los territorios no independientes del Caribe: notas sobre su actualidad y circunstancias”, publicado en CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre el Caribe y Centroamérica, UNAM, Núm. 5, noviembre-diciembre, 2017.