La República Argentina tiene una profunda historia relacionada con la educación universitaria, su estructura, el rol de sus estamentos y las luchas por su reconocimiento como un derecho, en la medida en que fue la cuna del Movimiento Reformista de 1918.
En ese contexto, la idea de gratuidad de la educación universitaria pública argentina (aquella dictada por entes autónomos de la administración pública nacional descentralizada), tuvo vaivenes a lo largo de nuestra historia nacional desde la llamada “Ley Avellaneda”, la que fuera la primera ley de educación universitaria. Así, tuvo pleno reconocimiento en algunos momentos (a través del Decreto Nº 29337 de 1949 de gratuidad de las Universidades Nacionales o de la Ley N° 23569, llamada “Régimen Económico Financiero de las Universidades Nacionales” por ejemplo), fijación de requisitos académicos para su mantenimiento en otros (“Ley orgánica de las universidades nacionales” de 1967) y hasta se produjo una apertura a la posibilidad de arancelamiento a través del Decreto-Ley 22207 de la dictadura militar en 1980
En ese sentido, la Convención Constituyente que reformó el texto constitucional en 1994 estableció, en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Argentina, que entre las atribuciones del Congreso se encuentran la de sancionar leyes de organización y de base de la educación que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado en su acceso, que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
De este modo consagró a la educación universitaria como un derecho, al no hacer una distinción de niveles educativos públicos en lo que a gratuidad y equidad refieren.
En ese marco, la idea de gratuidad se presenta como un concepto genérico que incluye, junto a la posibilidad de mantenerse y egresar de una carrera universitaria, al libre acceso a la educación superior.
En consecuencia con el precepto constitucional, Argentina sancionó en noviembre del año 2015 la Ley 27.204 conocida como “Ley de Ingreso Irrestricto”. A través de esta, el Estado reafirmaba su responsabilidad como garante del efectivo ejercicio del derecho a la educación universitaria y establecía la prohibición de tomar exámenes de ingreso a todas las Facultades públicas.
A partir de esto, en la Universidad Nacional de Tucumán algunas Unidades Académicas iniciaron políticas de adecuación de sus sistemas a los preceptos legales, mientras que otras simplemente mantuvieron incólume sus mecanismos de ingreso restringido. Por su parte, la Honorable Asamblea Universitaria de la UNT, dentro de un proceso de reforma estatutaria, adoptó como propios los postulados de la 27.204.
En este contexto, y como producto de un trabajo de investigación realizado durante el año 2017, esta ponencia pretende explorar los diferentes sistemas de ingreso de tres Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, intentando determinar y describir su impacto en el ejercicio del derecho de todos los habitantes de nuestro país a acceder a la educación universitaria pública en igualdad de condiciones y oportunidades.
Las carreras seleccionadas para ser investigadas fueron: a) de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria; b) de la Facultad de Medicina, Médico; y c) todas las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas. A la fecha de la presentación del plan de trabajo de la investigación, también contaban con examen de ingreso las Facultades de Bioquímica, Química y Farmacia; Odontología; y Ciencias Económicas. La elección de solamente algunas de las carreras para ser investigadas obedece, por un lado, a las limitaciones que el tiempo correspondiente a la beca imponía y, por el otro, a situaciones específicas de cada una de las carreras seleccionadas, despiertan mayor interés que las demás.
En primer lugar, la Facultad de Agronomía y Zootecnia (en adelante FAZ) fue la primera en eliminar los exámenes de ingreso, apenas sancionada la ley 27.204, por lo que sus estadísticas resultan interesantes a fines de conocer el impacto de la aplicación inmediata de la ley. A esto hay que sumarle que, hasta el año 2015, la Facultad tenía dos instancias diferentes de ingreso y sin cupo. A su vez, dentro de esta Unidad Académica, fueron elegidas las dos carreras que anualmente cuentan con mayor cantidad de alumnos.
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (en adelante FaCET) cuenta con un mecanismo de ingreso común para todas sus carreras. Dicho mecanismo presenta varias y diversas instancias que pueden ser aprobadas, sin ser excluyentes entre sí. Así, el interés del estudio radica en observar cómo impacta la existencia de un sistema de ingreso con pluralidad de instancias.
La Facultad de Medicina (en adelante FM) es la que despierta mayor polémica e interés por varias razones. En primer lugar, cuenta con un examen de ingreso con eliminatorio y cupificado, cercenando desde el comienzo las posibilidades de acceder a la carrera de Médico incluso a aquellos y aquellas estudiantes que lograsen aprobar todas las evaluaciones. Por otra parte, constituye un dato de la realidad que la mayoría de las personas que tienen interés en estudiar la carrera de Médico invierten significativas sumas de dinero en mecanismos privados de preparación para los exámenes de ingreso, atento a lo acotado de los cupos y a la breve e insuficiente nivelación ofrecida por la Facultad a través de su Ciclo de Iniciación Universitaria.
Una evidencia de las dificultades que generan las condiciones de ingreso a la carrera de medicina son las acciones judiciales iniciadas por un grupo de aspirantes a cursar la carrera de Médico, quienes solicitaban que se ordene a la Facultad de Medicina de la UNT la inmediata eliminación de los exámenes de ingreso, en concordancia con lo establecido en la Ley 27.204. Esta solicitud fue aceptada en primera instancia pero luego fue revocada por Cámara de Apelaciones.
Teniendo en cuenta las particularidades antes mencionadas de cada una de las carreras, las preguntas que guiaron la investigación fueron las siguientes: ¿los exámenes de ingreso vulneran el derecho de todos los habitantes de la República Argentina a acceder a la educación universitaria pública en igualdad de oportunidades y condiciones? ¿Los sectores económicamente menos beneficiados se ven particularmente afectados por esta vulneración?