Inspirada en el título de uno de los dos libros del historiador ítalo-estadounidense Piero Gleijeses referidos a “las conflictivas misiones” emprendidas hacia África por los diversos gobiernos Estados Unidos y por sucesivos gobiernos revolucionarios cubanos, la ponencia tratará de demostrar las radicales diferencias existentes entre los objetivos pretéritos y actuales de ambos estados en sus relaciones con el “Caribe insular y continental”.
En contraste con las posiciones mantenidas por los gobiernos estadounidenses, entre otros hechos se resaltarán el apoyo incondicional que, desde 1959, le ofrecieron el gobierno y el pueblo cubano a todas las fuerzas sociales y políticas que, con independencia de sus correspondiste adscripciones ideo-políticas, se enfrentaron a las dictaduras de François Duvalier y de su sucesor Jean-Claude Duvalier, al igual que a la satrapía de Rafael Leónidas Trujillo y a los gobiernos represivos que se instalaron inmediatamente después de su asesinato, así como del golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch y de la invasión militar estadounidense de abril de 1965. Asimismo, a todos los partidos, organizaciones y movimientos sociales que han conducido las inconclusas luchas del pueblo puertorriqueño dirigidas a obtener su independencia de Estados Unidos.
En ese contexto, también se referirá el apoyo que, desde los primeros meses de 1959 el pueblo y las autoridades cubanos le brindaron el pueblo y las autoridades cubanas a las diferentes fuerzas políticas que encabezaron el proceso de descolonización negociada de las Indias Occidentales y de Surinam. En la misma medida en que los gobiernos surgidos de esos procesos se fueron distanciando de las políticas estadounidenses dirigidas a aislar a la Revolución Cubana, sus autoridades emprendieron diversas acciones proactivas dirigidas a establecer relaciones diplomáticas con los gobiernos de esos países. Asimismo, apoyaron las acciones que estos emprendieron para fundar y ampliar la Comunidad del Caribe (CARICOM), al igual que para incorporarse al Movimiento de Países No Alineados. Esas acciones fueron acompañadas por diversos planes de cooperación (incluida la formación gratuita en Cuba de jóvenes y profesionales caribeños) emprendidas por el gobierno de ese país.
Pese a los retrocesos que se produjeron en las relaciones bilaterales con algunos de los gobiernos caribeños en los años posteriores al virtual golpe de Estado que se produjo en Jamaica, a la ocupación militar por parte de Estados Unidos de Granada (con cuyos gobiernos, encabezados por Michael Manley y Maurice Bishop, Cuba había mantenido multidimensionales relaciones solidarias), así como de la ruptura de relaciones diplomáticas decidida por el gobierno surinamés presidido por Desi Bouterse, el gobierno cubano mantuvo su apoyo a la CARICOM y sus relaciones con los gobiernos de los demás estados integrantes de la misma.
Esa conducta posibilitó que en la década de 1990 se produjera un salto de calidad en las interrelaciones de Cuba con todos ellos (expresadas en sus interrelaciones con diversas instituciones multilaterales caribeñas y en su incorporación a la Asociación de Estados de Caribe), independientemente de las asimétricas interrelaciones que estos mantuvieron con las administraciones estadounidenses presididas por George Bush y por Bill Clinton.
En contraste con las posiciones cubanas y con su cooperación en diferentes esferas con diversos estados del Caribe, ese último mandatario rechazó las invitaciones que se le realizaron para que participara en las labores de la AEC e impidieron que Puerto Rico se incorporara a esa organización en la que participan todos los demás estados latinoamericanos del Gran Caribe.
Paralelamente, impulsaron la que se denominó “agenda negativa” concentrada en los intereses de la “seguridad nacional” estadounidense y rechazaron las demandas de que les ofrecieran a los estados caribeños un “trato especial y diferenciado” en las negociones que se desarrollaron con vistas a institucionalizar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esas conductas se profundizaron durante la administración de George W. Bush, la que convirtió la lucha “contra el terrorismo” en el principal componente de sus políticas hacia el Caribe.
Todos esos comportamientos imperiales fueron rechazados por el liderazgo político-estatal cubano. Este convirtió la crítica a esos comportamientos imperiales, sus constantes llamados a la integración latinoamericana y caribeña, así como la concertación política y la cooperación con los estados del Caribe insular y continental en elementos centrales de su proyección externa; lo que propició el desarrollo de las relaciones bilaterales y multilaterales con la mayor parte de los gobiernos de esa subregión. Mucho más después de la fundación de la ahora llamada Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y de PETROCARIBE; iniciativa del presidente venezolano, Hugo Chávez, respaldada por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que inmediatamente encontró el rechazo por parte del gobierno estadounidenses.
Esto –y los positivos cambios políticos que se produjeron en diferentes países latinoamericanos— propició que los gobiernos de todos los estados independientes de esa región se sumaran a las labores que concluyeron con la fundación en el 2011 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ese proceso –que encontró la aversión de la administración de Barack Obama— tuvo un papel destacado el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, general de Ejército Raúl Castro; quien continuó y en ciertas áreas amplió todas las acciones de concertación política y cooperación bilateral o triangular con todos los estados del Caribe insular y continental que Cuba había venido desplegando en los años anteriores.
Tal conducta influyó en los cambios que, a partir de 2010, introdujo en sus interacciones con el Caribe insular y continental la mencionad administración estadounidense. Sin embargo, esta no pudo evitar la progresiva incorporación de los estados del Caribe Oriental al ALBA. Por ello, para tratar de contrarrestar la influencia que habían adquirido la República Bolivariana de Venezuela y Cuba en la región (acentuada después del terremoto que devastó a Haití en el 2010), esa administración estadounidense impulsó la Iniciativa de Seguridad para el Caribe y, luego, la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe, expresamente concebida para disminuir la presunta dependencia “energética y financiera” de Venezuela de todos los estados del Caribe insular y continental participes en PETROCARIBE y que, por tanto, se habían visto beneficiados por el Fondo ALBA-CARIBE.
Ese constructo ideológico fue rechazado por el gobierno cubano. En consecuencia, este continuó defendiendo la necesidad de la integración latinoamericana y caribeña. También impulsó la declaración por parte de la CELAC de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y, a pesar del inicio del proceso de “anormalización” de sus relaciones oficiales con Estados Unidos, respaldó “las demandas de compensación por parte de las potencias coloniales por los horrores de la esclavitud” levantada por los Estados integrantes de la CARICOM. Asimismo su reclamo de “recibir cooperación de acuerdo con su situación real y sus necesidades, y no sobre la base de estadísticas de ingresos per cápita que los califican esquemáticamente como países de renta media y los excluyen de los flujos de recursos financieros indispensables” para su desarrollo sostenible. Mucho más para los pequeños estados insulares del Caribe amenazados por los efectos de los cambios climáticos: el incremento del nivel del mar Caribe y las cada vez más frecuentes e intensos huracanes que afectan esa región.
En ese contexto, las autoridades político-estatales cubanas también reiteraron su disposición a continuar la preparación de expertos de los países de la CARICOM en temáticas relacionadas con la mitigación y el enfrentamiento de riesgos ante los desastres económico sociales causadas por eventos naturales severos, así como en la difícil tarea de la reconstrucción. Igualmente, su compromiso de continuar ofreciendo su ayuda solidaria en la atención médica y la formación de recursos humanos del Caribe. En particular en la preparación de médicos y en los estudios gratuitos de una segunda especialidad de aquellos graduados en Cuba que estén ejerciendo en sus países de origen.
En mi consideración, todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis demuestran el carácter conflictivo y antagónico de “las misiones” de los Estados Unidos y de Cuba en esa estratégica subregión de Nuestra América. Como también se verá en la ponencia, esa conflictividad se ha incrementado y se incrementará como consecuencia de las políticas chovinistas, xenófobas, racistas, misóginas, militaristas, anti-ecologistas, selectivamente “proteccionistas” y “librecambistas”, violatorias de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, así como ofensivas para la dignidad de los pueblos caribeños (incluidos los de Haití, la República Dominicana y Puerto Rico) emprendidas y que en el futuro previsible emprenderá la administración de Donald Trump.
Mucho más porque, en su creciente agresividad contra las revoluciones cubana y bolivariana, ese gobierno temporal continuará desplegando diferentes acciones unilaterales o en consuno con sus principales “socios” o “aliados” latinoamericanos y caribeños, así como europeos occidentales y de la región “indo-pacífica” para tratar de dividir a los estados integrantes de la CARICOM y para ralentizar el cumplimiento de aquellos acuerdos de la AEC y de la CELAC que considere lesivos a sus nuevas definiciones sobre la seguridad imperial de los Estados Unidos.