El Estado como ente consciente y jurídicamente organizado, debe comprender lo que ocurre consigo mismo y en su entorno, en relación con su sentido del deber hacia sus ciudadanos y con los migrantes que llegan al país en busca de mejores oportunidades para su desarrollo. Ello genera conductas estatales, que debiesen surgir del contraste entre la objetividad y la subjetividad con que los habitantes, como miembros de la sociedad regulada por el Estado, observan el fenómeno migratorio. Ello tiene un carácter ético, otorgado por los valores que la sociedad acepta como propios, que a su vez están afectados por los factores ideológicos que condicionan la conciencia estatal en tanto visión de sí mismo y del entorno.

A partir de lo anterior, surge el problema de cómo el Estado compatibiliza las distintas visiones presentes en la sociedad, con la realidad objetiva, con las necesidades de los distintos sectores de la población y, con los valores contrapuestos existentes en la sociedad, a fin de legitimar leyes y políticas públicas migratorias que se perciban como justas. Por ello, se hace presente la necesidad de cambios que el Estado debe asumir para enfrentar el problema, quién se ve influenciado por los valores e ideología de quienes ejercen el poder, legitimado por el mandato ciudadano recibido en elecciones democráticas.

En dicho sentido, el Estado de Chile parece haber comprendido que, el significativo aumento de la migración en nuestro país y los problemas que ello genera, exigen modernizar la normativa legal que regula la migración, que no ha sido modificada desde 1975. En este esfuerzo, se propuso un nuevo proyecto en mayo de 2013 el que no avanzó a trámite legislativo, presentándose otro cuerpo legal en agosto de 2017, quedando entrampado en los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet.

El Gobierno asumido el 11 de marzo de 2018 propuso el 10 de abril de este año, medidas administrativas e indicaciones al proyecto de 2017, tendientes a regularizar la situación de los migrantes ilegales, como también a fortalecer la institucionalidad y, a reglamentar el ingreso de migrantes, con medidas especiales para haitianos y venezolanos, considerando los problemas humanitarios que afectan a sus países. Ello, no solo es un avance sustancial, sino un marco referencial que está en el debate nacional más importante en las últimas décadas.
Este esfuerzo que está realizando actualmente el Gobierno, buscaría regularizar la situación de aproximadamente 370.000 personas que se encuentran en situación irregular y, a la vez, abrirse hacia una migración segura, ordenada y regulada, a fin de proteger al migrante, mejorando la convivencia dentro de la sociedad y las condiciones de vida en que se encuentra. En un contexto de derechos y en marco de regulación, esta iniciativa prevé que sean un aporte cultural y económico, al mismo tiempo que se tutela el interés nacional.
Ello está dando cuenta de un cambio importante de la política migratoria chilena, en la cual necesariamente la percepción de la población respecto de los migrantes adquiere una importancia que merece ser tomada en cuenta. Ello incluye sus tendencias políticas, y valores que sustentan su visión de vida, porque influirían en la actitud que asuman frente al extranjero que emigra al país, condicionando el éxito o fracaso de las políticas aplicadas en relación al fenómeno migrante.
En términos generales, estudios realizados en Chile indican que, en general, la sociedad chilena tendría una opinión favorable en relación a la promulgación de una política de migración que tenga en cuenta el multiculturalismo, que mantenga la cohesión social, que otorgue a los migrantes acceso a servicios y los reconozca como sujetos de derecho. Sin embargo, el problema para que ello se materialice, sería que las elites responsables de generar políticas migratorias no tendrían claridad respecto del papel de los migrantes en la sociedad chilena. A pesar de lo señalado anteriormente, también habría opiniones contrapuestas en la visión de la sociedad, cuando parte de ella percibe que los migrantes les quitan el trabajo, y que aumentan las cifras delictivas.
Sustentado en lo expuesto anteriormente, esta ponencia analizará como el Estado de Chile está enfrentando el problema migratorio que afecta actualmente a Chile, que se complejiza como consecuencia del significativo aumento de los flujos migrantes en los últimos años. En este sentido, la solución de los problemas derivados de la migración en nuestro país no estaría solo en la asignación de mayores recursos, sino que también en la compatibilización de los valores presentes en los distintos sectores sociales donde existen visiones e ideologías distintas y muchas veces opuestas.