Los estudios que atienden la relación Estado-narcotráfico tienen una proclividad a problematizar esa conexión con base en un conjunto de referentes conceptuales raramente objetados en la academia: e.g. “acaparamiento mafioso del Estado”; “captura del Estado”; “cooptación del Estado”; “captura instrumental de instituciones”; “captura criminal del Estado”; “reconfiguración cooptada del Estado”; “Estado débil o fallido”; “Estado rebasado” etc. Esta problematización, tributaria de tradiciones liberal-funcionalistas, aunque registra la confluencia de actores institucionales en los dominios del narcotráfico, tiene limitaciones inmanentes: a saber, desliza (subterráneamente) la idea (pre-científica) de que el narcotráfico es un “agente externo” que las fuerzas del Estado, (por impotencia o debilidad) no consiguen domeñar o contener. Algunos autores, si bien apenas embrionariamente, atribuyen esta “limitación” conceptual a obstáculos epistemológicos y/o ayunos teóricos largamente incubados en las ciencias sociales.
Básicamente, prevalece la idea de que este fenómeno delincuencial es exógeno a la unidad estatal, o que se trata tan sólo de una distorsión institucional y/o prevaricaciones individuales que involucra a unos pocos funcionarios corruptos. También, persiste la creencia fetichizada de que el narcotráfico en la política es fruto de una “profunda disfuncionalidad del Estado”, en la que ciertos intereses ilícitos de actores públicos o delictivos “capturan” las instituciones estratégicas con el objeto de obstruir un presunto funcionamiento “normal” de las estructuras formales de Estado. Pero la historia no contada del narcotráfico, señaladamente el caso mexicano, y los antecedentes globales de la “lucha contra las drogas”, sugieren otra cosa.
Es posible señalar que en el México posrevolucionario, y acaso hasta nuestra época, la tendencia prevaleciente ha sido el ensamblaje de circuitos institucionales con intereses delictivos.
Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico.
Al respecto, el profesor español Carlos Resa Nestares sostiene: “la especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia” (Diego Enrique Osorno en La guerra de los zetas, 2014).
Que el relato del “acaparamiento mafioso del Estado” o “Captura del Estado” o “Estado víctima de la delincuencia” (por “debilidad” o “incompetencia”) siga imperando en los discursos académicos, periodísticos o gubernamentales, es sintomático de la incipiente presencia de otras lecturas e interpretaciones, y de un clásico problema en las ciencias sociales: el de la definición de “Estado”, y el de la relación legalidad-ilegalismos.
El yerro que a menudo recorre las investigaciones sobre narcotráfico, es el de la separación analítica de la institucionalidad-legalidad, por un lado, y la criminalidad-ilegalidad, por otro. Empero, el problema es acaso más tóxico cuando el análisis admite el “entretejimiento” de estas dos “instancias” o universo de actores, pero acude –para dirimir el ilusorio antagonismo– a una victimización del Estado: es el tránsito de un Leviatán “ortodoxo” que debe rendir cuentas (el “mal necesario” hobbesiano), a un Leviatán “dócil” o “rebasado” que está libre de la carga de la rendición. La teoría dirime el conflicto político que entraña el Leviatán no por la fuerza de la razón, sino por el recurso de un subterfugio. Recurso que, cabe notar, es teóricamente desacertado, y políticamente inadmisible. Porque allí radica un peligro político oneroso: a saber, la posibilidad del Estado de impulsar agendas sin el imperativo de la rendición de cuentas. El Leviatán languidece por decreto, pero sin penas que purgar; y la propaganda política registra en la esquela: “Estado fallido” (failed state).
Decir que el Estado es un “rehén” del narcotráfico es desconocer que el Estado interviene de manera decisiva en la acción-expansión del narcotráfico, tal como sugiere la evidencia que este trabajo intenta recoger; o que la sola participación-intervención del Estado significa, a priori o exprofeso, un retroceso de las formas ilegales de hacer negocios o política (Norberto Emmerich en Teoría política del narcotráfico, 2015), que es una tesis que no resiste un análisis científico.
Con base en los planteamientos antes referidos, se analiza la dimensión estatal del narcotráfico, acudiendo –lejos de los modelos habituales de delincuencia organizada– a una problematización que sitúa la criminalidad en el orden de las continuidades, no de las rupturas anti-institucionales, como sugieren la mayoría de los estudios, y cuyo principio vital, por consiguiente, no radica en el perfil de ciertos grupos o individuos corruptos o en agendas extrainstitucionales o extraestatales, sino en las razones de Estado, en los entramados materiales e inmateriales de un orden político. Para tal efecto, se adopta la noción de “narcotráfico” como un actor político que comporta una función organizadora en el campo de la criminalidad, y que es parte del Estado organizado en la política. Este trabajo acude al caso mexicano. El propósito es registrar el alcance del ensamblaje de las dos instancias institucionalidad-criminalidad, y también, y acaso más científicamente, la significación “real” del narcotráfico en la funcionalidad del Estado Mexicano, con particular atención en los matices que introduce la singularidad del caso a estudiar.
Paradójicamente, la posibilidad de alcanzar un modelo de seguridad efectivo y/o sustentable en América Latina estriba en el reconocimiento del narcotráfico como un problema fundamentalmente político y no de seguridad. En este tenor, la presente disertación suscribe una discusión que cobró centralidad en las ciencias sociales: el debate teórico acerca de qué es el narcotráfico. Es decir, interésanos problematizar teóricamente el objeto; liberar el concepto de las celdas de la macrocategoría de la “seguridad”, que es la fuente de reproducción de discursos que legitiman guerras tan dañinas para la región. No es posible ignorar que, en la actualidad, y tras declarar múltiples guerras contra las redes de tráfico de la droga, y derrochar miles de millones de dólares para desterrar a ese “enemigo”, el narcotráfico se convirtió en una de las cinco primeras fuentes de acumulación de capital en el mundo, y la primera fuente de ingresos en México.
Es urgente impensar el narcotráfico, y contribuir con un análisis científico a la revalorización de ese problema, que hasta ahora ha sido pobremente zanjado.
