Se presenta en este trabajo los resultados parciales de la investigación en la Especialización que se realiza en el Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Construcción como parte del Trabajo Especial de Grado denominado: Capacitación técnica comunitaria en la construcción de viviendas multifamiliares producidas por autogestión. Caso de estudio “Campamentos de Pioneros”; en el presente se expone el contexto y el estado del arte en la construcción social de la vivienda en Venezuela en el último período, destacando la autogestión como la principal política de organización comunitaria para la producción del hábitat.
La ciudad es la expresión urbana de relaciones sociales contextualizada en el territorio, es allí donde se desarrolla el modelo civilizatorio predominante y con él, su definición cultural, económica, política y social. Es así como la ciudad actualmente es la expresión, más nítida y más clara, de lo que el capitalismo ha generado en el mundo y especialmente en nuestros países (Jeifets, 2007), sectores de ciudad dotados de infraestructura y equipamiento, y otros donde la gente vive en condiciones de absoluta inhumanidad, donde unos pocos cuentan con las mejores condiciones y derechos, y donde las grandes mayorías siguen excluidas de las mínimas condiciones, sobre todo en el ámbito de la vivienda, donde su acceso es hoy día una de las principales reivindicaciones y necesidades sociales de la población mundial.
A pesar de esas desigualdades que subyacen en el actual modelo civilizatorio y de su encarnación urbana en la ciudad – que le niega el derecho pleno a la vivienda a importantes sectores de la sociedad – desde hace bastante tiempo se viene manifestando signos de resistencia por la disputa de este derecho, de luchas, de reconocimiento, prácticas de firmeza en el campo popular, de organización y de impulso de propuestas y políticas sociales inclusivas y transformadoras. Ante tal penuria, una de las alternativas que han desarrollado las familias ha sido la autoconstrucción de sus viviendas: donde pudieron y con lo que tenían, sin contar en la gran mayoría de los casos con el debido acompañamiento técnico, financiamiento o planificación alguna (Antillano, 2007).
En Venezuela, en el período comprendido entre 1990 y 2001, alrededor de 1.636.948 viviendas fueron edificadas por la vía de la autoconstrucción (Wyssenbach, 2006), representando el setenta por ciento (70%) del total de las viviendas construidas tanto del sector público como del sector privado. La producción de viviendas de la mano de sus propios habitantes es una práctica que ha existido y existirá, lo cual no es sólo una alternativa, sino que es en la actualidad, cuantitativamente la principal forma de acceso a una vivienda de los sectores más vulnerables de la población, siendo su mayor expresión la constitución de los sectores populares.
En América latina existen experiencias en el llamado campo popular que han superado las carencias presentes en la autoconstrucción espontánea, es decir, ausencia de organización, planificación, uso del conocimiento técnico, aplicación de técnicas adecuadas, entre otros elementos. Estas experiencias han planteado la autogestión como el sistema que puede integrar la capacidad de construcción que posee la gente junto a la organización, planificación, gerencia y toma de decisiones, logrando así, dar un salto cualitativo en la producción social del hábitat. Este atributo se logra relacionando el sujeto que posee la necesidad de vivienda con su participación en todos los niveles en la producción, pasando así de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo.
A modo grueso, para el estudio de la vivienda autoconstruida en asentamientos populares, podemos considerar en nuestro país dos grandes períodos en términos de políticas de vivienda y de participación de los pobladores urbanos para la autoproducción, ello debido a que la actividad comunitaria se manifiesta tanto en demanda frente a una problemática, como en la promoción e impulso de determinadas políticas estatales en barrios informales (Abramo, 2016). Dichos ciclos coincide con la llamada Cuarta República y el período de la Revolución Bolivariana, siendo este último el que desarrollamos en este trabajo.
Como una de las primeras políticas de vivienda y de participación comunitaria en este período en estudio (año 2002), que se impulsa desde abajo y es a su vez raíz de otras experiencia posteriores, es la conformación de los Comités de Tierra Urbana (CTU), que no desarrollan la autoconstrucción a partir de este momento, sino que son la expresión de lucha por la inclusión de los barrios venezolanos en la ciudad. Se inicia así (Movimiento de Pobladores, 2013) el proceso de regulación de los asentamientos populares urbanos: barrios autoconstruidos y urbanizaciones populares de mala calidad construidas por el estado. Como lo expresa el Movimiento de Pobladores (2013), el proceso de regularización involucra tanto la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, como la regularización urbanística definiendo el plan desde la misma comunidad, las formas de convivencia a través de la Carta del Barrio y la regularización física por medio de programas y proyectos que a partir de lo existente, mejore las condiciones físicas y sociales logrando la transformación integral del hábitat, todo ello con la transversalidad de la organización comunitaria.
La segunda experiencia a destacar del mismo período, que aproxima la participación de la comunidad sin ser un proceso autogestionario, fue las llamadas Organización Comunitaria de Viviendas (OCV), cuyo papel primordial fue la de promover proyectos habitacionales en comunidades organizadas con financiamiento del sector público.
El sustento de las Organización Comunitaria de Vivienda fue la interrelación de tres agentes: las familias organizadas bajo la figura de las OCV, un equipo de profesionales denominado Organización Intermediaria de Vivienda (OIV) y el ente público ejecutor que aportaba los recursos requeridos ( Angarita y Molina, 2003).
Un hecho transcendental del período en estudio, es el año 2011, que se convierte en hito y de ruptura de paradigma, donde el gobierno venezolano conforma una política social denominada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), la cual establece la construcción de viviendas dirigidas principalmente a los sectores populares. Este programa es desarrollado por el Estado con la participación – en la producción de viviendas – de distintos actores: instituciones públicas a los tres niveles, ejecución a través de convenios internacionales con empresas públicas o privadas extranjeras, constructoras privadas nacionales, y experiencias de ejecución con contribución comunitaria en distintos niveles (Cariola, 2015).
En el marco de la GMVV, destacamos la construcción de viviendas por autoconstrucción de los Consejos Comunales, organización comunitaria territorial. Estas viviendas se ejecutan bajo la modalidad de cogestión, en cuyos términos la comunidad se incorpora a programas institucionales financiados por el Estado e implementados por “brigadas de construcción” de las comunidades con capacitación y asistencia técnica del Ministerio del Poder Popular para las Comunas (Cariola, 2015). También se desarrollan experiencias como la impulsada desde la "Misión Ribas" que educa y gradúa a los brigadistas de construcción en oficios mientras se van construyendo las viviendas, bajo la metodología de "aprender haciendo”.
Como última experiencia, y desde nuestra visión la más avanzada, destacamos el desarrollo de viviendas autoproducidas por autogestión, entendiendo la misma como la forma de producción social que involucra el control integral de las familias en todo el proceso productivo (Ortiz, 2012). Dicha experiencia es la denominada Campamentos de Pioneros, los cuales hasta la fecha cuentan con la ejecución de doce (12) experiencias de más de novecientas (900) unidades de viviendas, a través de la asignación – desde el ejecutivo nacional – de terrenos, recursos financieros, materiales y maquinarias para la construcción de edificaciones de viviendas multifamiliares de alta densidad y baja altura, de sistema aporticado de vigas y columnas de concreto armado, involucrando a más de cientos de familias organizadas, las cuales han manejado directamente los recursos para garantizar los medios necesarios para la construcción (materiales, maquinarias, herramientas, fuerza de trabajo calificada y asistencia técnica).
Los Campamentos de Pioneros han logrado dos niveles de planificación: cogestionada y autogestionaria. La primera se desarrolla junto al estado, a través de la generación de espacios políticos que aseguran la participación de los campamentos en la política de la GMVV y a su vez garantiza la ejecución de sus proyectos.
La autogestión en la construcción de viviendas multifamiliares abre la posibilidad de que las comunidades organizadas no sean simples espectadores o adjudicatarios de proyectos asignados por políticas estadales en materia de vivienda, sino que pueden ser ejecutores de políticas de Estado, siendo un salto cualitativo en el desarrollo de otras formas de gestión en vivienda de interés social. Los Campamentos de Pioneros desarrollan un modelo autogestionario de gran impacto social por su capacidad de generar participación, responsabilidad comunitaria.
Al tener experiencias efectivas y tangibles como la de los Campamentos de Pioneros de autoproducción comunitaria de viviendas multifamiliares, se hace necesario promover los modos cogestionarios y autogestionarios para una producción social de hábitat, como mecanismo que garantice el derecho a la ciudad de los excluidos de siempre.
