Teniendo en cuenta que la Constitución Política de la Republica de Colombia, exalta la paz como un derecho y deber obligatorio de todos los ciudadanos del país, como lo establece el Artículo 22, además de que, el reconocimiento de los derechos y libertades de los mismos conllevan a alcanzar y conservar la paz, siendo ésta una garantía para el buen ejercicio de los derechos y deberes de las personas en la sociedad, así pues, se ha desarrollado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), con el objetivo de dar fin al enfrentamiento que ha condenado a la sociedad colombiana en un escenario de conflagración por más de cincuenta años (Acuerdo Final, 2016).
El conflicto armado interno en Colombia ha sido uno de los procesos más largos de su realidad, que tiene como principales actores al Estado, las guerrillas, los grupos paramilitares, las bandas criminales y los carteles de droga, quienes han afectado constantemente el desarrollo del país. Por estas razones, el Estado colombiano ha buscado fortalecerse para combatir la violencia. En el último gobierno se llevó a cabo la negociación que se concretó con la firma de los acuerdos de paz de la Habana.
Así, el Acuerdo Final de Paz busca satisfacer los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de los ciudadanos en su totalidad, garantizando que tanto las víctimas como los ciudadanos en general se podrán desenvolver en un entorno seguro. Adicionalmente busca garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación (Artículo 13 de la constitución Política de 1991), enfocados en que tanto la igualdad, la no discriminación y la tolerancia son conductas universales que al ser aplicadas permiten alcanzar el progreso, la convivencia y la protección de las personas y el territorio en conjunto, encaminando así al pueblo colombiano a convivir en un ambiente “armónico”.
Dichos acuerdos, a pesar de idear una esperanza para el fin de la guerra no se han desarrollado certeramente para ser implementados en el territorio colombiano. En este sentido, se busca indagar sobre aquellos asuntos que no han sido solventados o estudiados de fondo para implementar los acuerdos de paz en la sociedad colombiana, lo anterior estará orientado a partir del desarrollo del punto tres (3) sobre el fin del conflicto dentro del documento “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”(2016).
En este orden de ideas, es posible preguntarse si acaso ¿el Estado colombiano ha buscado poner fin a la guerra, para garantizar a la sociedad un entorno seguro que logre satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos en general? ¿el conflicto armado es un obstáculo para el progreso de la sociedad colombiana?, entonces será necesario indagar si al implementar las medidas establecidas en el punto tres del Acuerdo final, con la intensión de negociar el cese al fuego, las hostilidades bilaterales y la dejación de armas, será necesario para lograr el fin de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, a partir de etapas de transformación que permitan la inclusión social y la integración de los territorios, fortaleciendo así al Estado y el ejercicio democrático. Es indispensable fortalecer los lineamientos establecidos en el punto tres de los Acuerdos de La Habana. Para que el proceso de dejación de armas y reincorporación de los integrantes de las fuerzas armadas a la vida civil, social, política y económica sea definitivo, cumpliendo así lo objetivos del acuerdo y la sociedad colombiana en búsqueda de la paz.
En este sentido, en la revisión se tendrán en cuenta las diferentes etapas establecidas en el acuerdo para la reincorporación y la dejación de armas, como lo son: el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; el Control de Armamento y Dejación de las Armas; tránsito a las Zonas Veredales Transitorias de normalización (ZVTN) y a los Puntos Transitorios de Normalización (PTN); y la transformación de las FARC en actor del sistema democrático. Por lo tanto, la verificación del cumplimiento de cada una de estas etapas, servirá para constatar que existen deficiencias para la implementación de los acuerdos, que pueden afectar la credibilidad y confianza frente al proceso por parte de la comunidad.