En octubre de 2016 se suscribió entre el gobierno nacional y las FARC-EP el Acuerdo Final que puso fin a medio siglo de confrontación armada entre el Estado y esta organización. Se adelantan negociaciones de paz con el ELN, en medio de dificultades propias de estos procesos. La culminación exitosa de éstas cerraría de manera definitiva el capítulo de la guerra insurgente en Colombia.

Entre tanto, se avanza en la aplicación del Acuerdo Final con las FARC-EP hoy convertida en organización política legal, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Este Acuerdo tiene un significativo contenido reformista en lo que tiene que ver con las transformaciones del sector rural (reforma rural integral) y cambios en los mecanismos de participación política. De cumplirse lo acordado, Colombia entraría en una dinámica de reformismo social, económico y político que permitiría crear en algunos casos, fortalecer en otros, institucionalidad y espacios democráticos y dejar atrás los rasgos de exclusión política y económica que han caracterizado al país.

El Acuerdo Final se cumplió con lo que tiene que ver con el fin de la guerra, esto es, la dejación de las armas y el desmonte de las estructuras militares. Los hoy excombatientes se encuentran en el proceso de incorporación a actividades legales. Pero los dos primeros años de vigencia de los acuerdos se plantean serios interrogantes sobre su aplicación en los contenidos reformistas. En materia de reformas rurales se convinieron, entre otras, medidas para formalizar la propiedad rural, restituir tierras despojadas y fortalecer las economías campesinas, además de una serie de programas de desarrollo para fortalecer la inserción de la producción campesina en el mercado, así como el mejoramiento de condiciones de vida mediante programas de educación, asistencia técnica, créditos, infraestructura de comunicaciones, etc. El grado de cumplimiento de los mismos en materia de desarrollos legislativos, responsabilidad del gobierno en cuanto a elaboración de los proyectos y su presentación ante el Congreso, es muy precaria. Igual ocurre con lo atinente a la participación política, especialmente la de carácter incidente en la definición de políticas públicas, como un medio para fortalecer la institucionalidad democrática. En materia de participación política se convino fortalecer la participación incidente en la definición de políticas, garantías para el ejercicio de la oposición y reformas del sistema electoral y de partidos. El gobierno presentó y obtuvo la aprobación por parte del Congreso del estatuto de garantías paras el ejercicio de la oposición, pero no logró sacar adelante la reforma política. Se perdió la oportunidad de aprovechar el trámite rápido de excepción convenido para tramitar esta legislación, a pesar de contar con mayorías en el Congreso. Una derecha, fortalecida por el resultado del plebiscito refrendatorio del Acuerdo Final, en el cual el NO se impuso por un escaso margen, ha logrado oponerse a la aplicación de los acuerdos y los sectores democráticos comprometidos con éstos no han logrado neutralizar esta oposición.

El reciente resultado de las elecciones para Congreso de la República, en la que la derecha y el centro fueron mayoritarios plantea un panorama incierto sobre el desarrollo legislativo necesario para aplicar lo convenido en el Acuerdo Final en materia de reformas democratizadoras. Las fuerzas democráticas crecieron ligeramente pero se sostuvieron en su condición minoritaria. Podrán ejercer control político y, eventualmente, participar en coaliciones con los sectores políticos más abiertos a la aplicación del Acuerdo Final para intentar sacar adelante la legislación reformista. A esto se suma el pobre resultado electoral de la nueva fuerza política FARC. Aunque tendrá cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, según lo definido en el Acuerdo Final, escaso apoyo político en el electorado debilita su presencia y precariza aún más las condiciones para defender el cumplimiento de lo acordado. Los sectores democráticos tampoco han logrado la fortaleza necesaria para impulsar su aplicación y otras reformas urgentes para la construcción de la democracia. De otro lado, los cambios políticos en el subcontinente tampoco crean condiciones favorables para el fortalecimiento de las fuerzas democráticas.

El incumplimiento en la aplicación de los acuerdos envía un mensaje de escepticismo al ELN y puede incidir negativamente en el desarrollo de las negociaciones en curso.

Así las cosas las fuerzas sociales y políticas democráticas están obligadas a replantear sus estrategias para hacer, del momento histórico que atraviesa el país, una coyuntura de oportunidad para la democratización. Lo acordado en La Habana con las FARC es un componente importante de la eventual democratización, pero ésta no se agota en los puntos del acuerdo. La democratización exige ir más allá de los acuerdos y darle salida a las reivindicaciones que en años de lucha han construido diferentes organizaciones sociales.