Desde el inicio de su gestión de gobierno a fines de 2015, la Alianza Cambiemos ha llevado adelante reformas tendientes a restringir la inmigración e intensificar el control de las fronteras, y ha mantenido conflictos con comunidades originarias con represión armada de la protesta. A comienzos de 2018 el Ministerio de Defensa de la Argentina anunció la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) de las Fuerzas Armadas que brindará apoyo en operativos por “los carteles de droga en la frontera, el cuidado de recursos naturales y el avance de grupos violentos mapuches extremistas”. En esta medida se manifiesta un vínculo entre inmigración / cruce fronterizo y “problema indígena”, temas comúnmente considerados en las ciencias sociales y las políticas públicas como campos separados.
En materia migratoria y de control fronterizo, a comienzos de 2017, un Decreto del presidente Macri (68/2017) creó la Comisión Nacional de Fronteras y los Centros de Frontera, y subrayó en su formulación la necesidad de una “lucha integral” contra aquellos delitos y un “mejor control fronterizo”. Por otra parte, fue enmendada la Ley de Migraciones 25.871, sancionada en 2003, promulgada en 2004 y reglamentada en 2010, que había representado grandes avances respecto de la legislación anterior, al reconocer a la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren. En efecto, dos días después de promulgado el Decreto que creaba los Centros de Frontera, el Decreto 70/2017 la modificó sustantivamente. Muy resumidamente, el decreto dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía, amplía las causas de denegación y de cancelación de residencia, y también las causas de expulsión, debilita el derecho a defensa, extiende las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión y acelera notablemente dicho trámite, añadiendo con ello perjuicios al derecho a defensa. El gobierno defendió la norma señalando precisamente que estipula “un procedimiento especial de carácter sumarísimo” para las expulsiones. Apeló en sus argumentos a delitos graves transnacionales aunque, en rigor, la reglamentación puede afectar a cualquier migrante que, por ejemplo, no pueda probar la “legalidad” de su ingreso y permanencia en el territorio nacional. En algunas jurisdicciones puede implicar que una mera contravención policial relacionada con tales delitos justifique la expulsión o la prohibición del ingreso, aumentando el poder de la policía. Ya no será necesario que un delito haya tenido “condena firme” para ser considerado causa suficiente para impedir el ingreso o dictaminar la expulsión de una persona.
Según información de prensa de octubre de 2017, se ha dado un crecimiento notable de las deportaciones como resultado de la aplicación del Decreto 70. En términos porcentuales, algunas estimaciones refieren un aumento del 3.150% en dos años, considerando únicamente deportaciones “ligadas a la comisión de delitos”, es decir sin incluir expulsiones por situaciones migratorias irregulares, como por ejemplo residencias temporarias vencidas. El rechazo al ingreso de extranjeros en puestos de frontera, además, se incrementó en un 22%. En este contexto adquiere ribetes específicos el proyecto de crear una cárcel especial para inmigrantes que se hizo público a mediados de 2016, aunque no haya dado lugar a grandes avances luego.
Por último, la prensa dio a conocer en febrero de 2018 un acuerdo entre la Dirección de Migraciones, la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y el Ministerio de Seguridad con empresas aéreas extranjeras para instrumentar un sistema de control anticipado de pasajeros mucho más rígido que el que funciona actualmente y que estará focalizado en países de Medio Oriente y de América Latina. Este mecanismo se acordó con más de veinte países. Estos temas se trataron durante la visita que el secretario de Estado norteamericano hizo al canciller argentino y a buena parte del gabinete nacional. Según la misma fuente, los funcionarios involucrados declararon públicamente que existe “una conexión directa entre el narcotráfico en América latina y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial”.
En cuanto a la situación de los pueblos originarios, en el año 2006 el Congreso argentino aprobó la ley 26.160, que regula la situación territorial y declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. El objetivo era relevar datos sobre las tierras de estas comunidades con el objetivo de conocer su extensión y sus límites y resolver disputas sobre su propiedad. Al mismo tiempo, estipulaba la suspensión de cualquier desalojo. Sin embargo, no se llevó a cabo en el plazo establecido de tres años y la ley debió ser prorrogada. La última prórroga se dio a finales de 2017, extendiéndose los plazos hasta 2021. A casi doce años de vigencia de la ley, en la actualidad poco más de la mitad de las comunidades identificadas en todo el país (alrededor de mil seiscientas) fueron relevadas o su relevamiento está en trámite. La situación diverge entre regiones y provincias. Algunas han entregado títulos de propiedad a las comunidades originarias, pero también hay más de cuatrocientos procesos judiciales abiertos y más de ciento treinta sentencias de desalojo.
Los reclamos de los pueblos indígenas y las tensiones con los estados nacional y provinciales y con megaemprendimientos económicos privados se han sucedido a lo largo de décadas, intensificándose en los últimos años. Los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son apenas una expresión de esta intensificación. El gobierno ha utilizado estas situaciones para generar alertas contra “ataques de vandalismo” de presuntos grupos armados como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en relación con los cuales se harían necesarias políticas de protección del riesgo y la amenaza que entrañarían.
En el discurso oficial y en medidas como la creación de la FDR de las Fuerzas Armadas el control migratorio y la cuestión indígena se vinculan con –y por medio de– los recursos naturales bajo supuesto riesgo. La ponencia busca analizar este vínculo con base en información periodística, declaraciones públicas de funcionarios y textos legislativos. Indaga la noción de territorio y de desplazamientos que sostienen estas medidas de gobierno y se pregunta por la concepción de nación, de nacionalidad y de ciudadanía que promueven. Asimismo, el trabajo intenta calibrar las novedades y rupturas que las medidas en materia migratoria e indígena de la gestión estatal actual suponen respecto de la anterior, al tiempo que explora algunas líneas de continuidad.