Después de casi tres décadas desde el desmantelamiento del régimen militar en Brasil, se establece la Comissão Nacional da Verdade (CNV), responsable por investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos, perpetradas por el Estado, entre 1946 y 1988, con énfasis en el régimen dictatorial (1964-1985). En este sentido, el análisis de los testimonios vinculados a la fuerte represión direccionada a los campesinos y comunistas, en el ámbito de la Guerrilha do Araguaia, viabiliza no solamente el rescate de un pasado de opresión y la construcción de una memoria colectiva, sino también revela las intensas fisuras político-económicas y sociales que imperan en el desarrollo social brasileño. En pocas palabras, se construyó un espacio político-jurídico para el inicio de un proceso de establecimiento del protagonismo de los campesinos, como sujetos y actores políticos de su propia historia.
Los escenarios sociopolíticos y económicos que ilustran procesos de transición política, desde un régimen de carácter autoritario y excluyente hacia la consolidación de un orden democrático, en los cuales se deben diseñar no solamente un ambiente viabilizador de la igualdad social, del enaltecimiento de las voces de sectores sociales históricamente marginalizados, de la ampliación y profundización de los canales de comunicación entre gobernantes y gobernados, sino también la consolidación de políticas de Estado, de rasgo histórico y jurídico-institucional, destinados a la materialización de una memoria colectiva hacia el rescate de un pasado de intensas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. En este sentido, considerando las fisuras sociopolíticas que todavía modelan las jóvenes democracias del continente latinoamericano, bien como los desdoblamientos sociales que fundamentan estructuras de desigualdad, se resalta la relevancia de políticas de Estado destinadas a la articulación de un efectivo rescate de un pasado reciente, en países como Brasil, Argentina y Chile. La construcción de una memoria colectiva configura una fidedigna herramienta política para la profundización de la ciudadanía y, por consiguiente, del orden democrático, sobre todo en un contexto de implementación de estructuras político-jurídicas de recuperación de un pasado de ruptura democrática, es decir, el establecimiento de comisiones de la verdad tras el desmantelamiento de las dictaduras.
Asimismo se percibe la necesidad de comprender los esfuerzos de recuperación, o más bien, construcción de una memoria direccionada a los graves crímenes cometidos en nombre de un proyecto político de exclusión, más específicamente el caso de la aniquilación de la Guerrilha do Araguaia, movimiento popular de contestación al régimen, en los áridos espacios rurales del interior brasileño, en plena dictadura militar. El análisis testimonial viabiliza la observación de la construcción de los sujetos históricos y actores políticos, desde los escenarios sociopolíticos de la contemporaneidad, es decir, por medio de un paralelo comparativo que permita visualizar matices, en el ámbito de la representación de los distintos sectores sociales que estuvieron involucrados en la guerrilla. Lo interesante es que se puede observar dos actores centrales en el proceso de consolidación de la guerrilla, aunque singulares en sus orígenes, lenguajes, hábitos, inserción en la sociedad, perspectivas, manifestaciones culturales, raza, posición económica y, sin duda, miradas desde realidades específicas hacia instituciones, el Estado, la violencia y la ciudadanía. La evaluación testimonial fundamentada en el examen de las distinciones socio-económicas, culturales y lingüísticas entre las declaraciones de los guerrilleros, provenientes del medio urbano, vinculados al Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y la voz de los campesinos y grupos indígenas que se encontraban establecidos en la región rural anteriormente a la implementación de la guerrilla, es fundamental para la comprensión del sesgo plural y heterogéneo de los actores políticos y sujetos sociales. En este sentido, nuestro objetivo general se inserta en la comprensión del testimonio que, en el caso de la Guerrilha do Araguaia, representa una fuente de investigación enteramente novedosa, como un mecanismo cultural, lingüístico y político de enaltecimiento de la voces de los campesinos y guerrilleros, de origen urbano, víctimas de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, durante el régimen de excepción, más precisamente durante los años en los cuales la guerrilla tuve más fuerza (1972-1974). De esa forma, proponemos como un primer objetivo específico evaluar las distintas formas que los testimonios son capaces de expresar las realidades socio-económicas y políticas de diferentes sujetos históricos y actores políticos, en nuestro caso, campesinos y guerrilleros de origen urbano. Como un segundo objetivo específico, nuestra propuesta se inserta en evaluar las posibilidades de conferir un grado significativo de sujeto histórico a sectores sociales históricamente marginalizados, es decir, los campesinos. Así, ganará centralidad el examen de los testimonios ofrecidos por los campesinos que fueron sometidos a las arbitrariedades del aparato represivo del Estado, en el ámbito de la Guerrilha do Araguaia, en comparación a los testimonios vinculados a ex-combatientes del Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
Así, nuestra hipótesis se encuentra inserta en la percepción que, aunque los testimonios configuren una significativa herramienta político-comunicacional de representación de las voces de los sujetos en la contemporaneidad y, en el escenario de implementación de la Comissão Nacional da Verdade, represente una mirada hacia el pasado y a las violaciones a los derechos humanos, ilustran sobre todo la histórica marginalización social a la cual los campesinos estuvieron sometidos a lo largo del desarrollo socio-económico y político brasileño. De esa forma, se destacan las fisuras socio-políticas que se establecen entre gobernantes y gobernados, es decir, entre el Estado brasileño y sus ciudadanos del campo.
Trazando un paralelo comparativo con procesos históricos semejantes en el continente latinoamericano, notablemente los contextos de transición política, desde un régimen de carácter dictatorial a un Estado democrático de derecho, se destaca que las políticas de Estado hacia la recuperación de la memoria y de un pasado enmarcado por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, por instituciones estatales, se concretizaron muy tardíamente, casi tres décadas después del desmantelamiento del régimen militar en Brasil. De esa forma, se consolidó un contexto favorable a la recuperación del pasado, es decir, de consolidación de una memoria acerca de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Estado y sus agentes. Bajo tal razonamiento, gana centralidad el rol desempeñado por los testimonios como ejes analíticos no solamente del rescate de un pasado de represión y tortura, como también herramienta de enaltecimiento de las voces de los ciudadanos, de construcción de sujetos históricos y actores políticos.
La ley que estableció la Comissão Nacional da Verdade (CNV) fue sancionada por la presidenta Dilma Rousseff en noviembre de 2011 e instituida en 16 de mayo de 2012, con la finalidad de apurar las graves violaciones de los derechos humanos, ocurridas entre 18 de septiembre de 1946 y 05 de octubre de 1988, incluyendo el período dictatorial (1964-1985). En el momento de instalación de la comisión, la presidenta Dilma destacó que Brasil necesitaba conocer la totalidad de su historia, resaltando que las investigaciones no serían conducidas y movidas por medio del odio y por un sentimiento revanchista. El enfoque de las investigaciones estuvo direccionado a los casos de detenidos desaparecidos, considerando los informes del libro-documento Direito à Memória e à Verdade, elaborado por el gobierno federal, que destaca 150 casos de opositores del régimen militar que desaparecieron tras haber sido presos o secuestrados por agentes de Estado. La comisión se articuló precisamente en un escenario político de impunidad a los violadores de los derechos humanos. Es fundamental resaltar que, en 2010, Brasil fue condenado, en el ámbito de la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en razón de los crímenes cometidos por agentes de Estado en la ocasión de la Guerrilha do Araguaia. La acción fue movida por familiares de muertos y desaparecidos, en el período 1972-1974. Américo Ingalcaterra, representante regional del Alto Comisariato de la ONU para los Derechos Humanos resaltó "O direito à verdade é um direito bem estabelecido no direito internacional e tem a estratégia abrangente de evitar violações no futuro”, añadiendo que la implementación de la Comisión configura un esfuerzo y un ejemplo encorajador, una vez que representa un compromiso real con la defensa de los derechos humanos, de la memoria de las víctimas y de sus familias. Conclusivamente, la implementación de la CNV ilustró la pavimentación de un camino hacia la reconciliación de Brasil con su pasado, con un pasado estratégicamente olvidado y marginalizado.