Hace 15 años Syngenta (una importante corporación suiza) difundió en un anuncio publicitario las intenciones de las corporaciones de los agronegocios para el Cono Sur. Conformar la “República Unida de la Soja” con el norte del territorio argentino y uruguayo, el sur del territorio boliviano y brasilero y prácticamente todo el territorio paraguayo. De 2003 a esta parte, sus objetivos se vienen cumpliendo; de un poco más de 26 millones de hectáreas que a comienzos de este siglo se destinaban al cultivo de agronegocios, hoy en estos cuatro países, se expandieron a cerca de 60 millones de hectáreas, con más de 180 organismos genéticamente modificados. Más del 40% de ellos pertenecen a Bayer y Monsanto.

Este avance implicó una fuerte ofensiva contra las comunidades campesinas e indígenas, gran parte de sus territorios -que históricamente fueron destinados a la producción de alimentos- fueron transformándose en extensos monocultivos destinados a la exportación. Las poblaciones fueron reduciéndose o desapareciendo y las que resistieron, criminalizadas y judicializadas. Como resultado de esa disputa por el control de territorios, la extranjerización y el acaparamiento de tierras se fue tornando un problema cada vez más acuciante en el sur del continente.

Los gobiernos de la región, independientemente de su tinte político, fueron cómplices -si no impulsores- del avance del capitalismo agrario, ya sea por sumisión a los intereses del gran capital o por la necesidad de recaudar para financiar políticas sociales. Los gobiernos de derecha fueron coherentes con los objetivos a defender, el llamado ‘progresismo’ -en la gran mayoría de los casos- que en lugar de ir desmontándolo lo profundizó y en muchos casos actuó como simple gerente de los intereses de las corporaciones. Los marcos jurídicos se flexibilizaron, las políticas públicas se orientaron a fortalecer los agronegocios, además de impulsar megaproyectos regionales y tratados de libre comercio que en nada favorecen a las comunidades.

Esta lógica de despojo de los territorios se va dando en el marco de un entramado de estrategias, en la que se combinan el consenso y la coerción, e intensifica una de estas dimensiones dependiendo del momento y del sector social. Con las poblaciones campesinas e indígenas en resistencia, actúa con toda la fuerza represiva y coercitiva del Estado: asesinatos selectivos, criminalización y judicialización, además de una fuerte campaña de estigmatización por parte de los medios empresariales de comunicación. La descalificación permanente a los modos de vida y de producción campesina e indígena, estructura el discurso hegemónico. Con las poblaciones urbanas la estrategia es distinta; es mucho más disuasiva y se orienta principalmente a la legitimación del mito del desarrollo, justificando los agronegocios con el supuesto objetivo de alimentar al mundo, cuando que es justamente la agricultura campesina que pretenden aniquilar, la que genera el 70% de los alimentos en sólo el 15% del territorio a nivel global.

Así el mito del desarrollo -episteme eurocéntrico en el que prima la racionalidad instrumental- se construye alrededor del discurso del progreso como eje estructurante y es la base del imaginario occidental, capitalista, colonial y patriarcal. El consumo ilimitado de bienes y de la propia naturaleza es su consecuencia inmediata. Esta narrativa, no solo es difundida sistemáticamente por los medios empresariales de comunicación, sino también cada vez está más presente en las universidades -inclusive las públicas- que terminan en muchos casos formando profesionales funcionales a los intereses de las grandes corporaciones.

El costo de este modelo hegemónico impuesto por el gran capital, va destruyendo comunidades apropiándose de sus territorios, “reconvirtiéndolos productivamente”. En los últimos años -al menos en Paraguay- ya se apropiaron del 50% del territorio campesino y una dinámica similar ocurrió en lo que ellos pretenden que se convierta en la “República Unida de la Soja”.

En el marco de este avance en el cual el territorio aparece como el objetivo central, va avanzando el patentamiento de la vida misma, la mercantilización de bienes comunes y saberes ancestrales, la pérdida de semillas nativas, el ecocidio en todo ese vasto territorio del sur del continente, y una cada vez mayor dependencia alimentaria, porque se trata justamente de eso, de controlar el sistema agroalimentario mundial.

Si bien, las corporaciones del agronegocio van avanzando aliadas con los gobiernos y teniendo a su servicio a las grandes empresas de comunicación, las comunidades continúan resistiendo. Teniendo en cuenta, el caso paraguayo, se puede señalar que en el marco de las estrategias de resistencia se realizan denuncias de los atropellos que sufren ante instituciones, que en lugar de atenderlas hacen caso omiso a las mismas; se presentan propuestas a los gobiernos tanto locales como nacionales, pero fundamentalmente es manteniendo sus formas de vida y de producción, evidenciando cada vez con más fuerza el rol central que cumplen en las sociedades y la necesidad de transformar el actual modelo productivo para continuar avanzando en la construcción de la soberanía alimentaria.