Las relaciones de género propias de la familia nuclear tradicional -donde los hombres desempeñan roles (ser proveedores, por ejemplo) diametralmente opuestos a los que cumplen las mujeres (entre otros, ser cuidadoras)- están experimentando tensiones tan grandes que algunos autores hablan de una crisis del modelo patriarcal de masculinidad (Badinter, 1993; Clare, 2002), o de una crisis del orden de género como un todo (Connell, 2003). No obstante, dichas crisis no han cristalizado en un cambio que resulte significativo y subvierta la forma desigual en que hombres y mujeres se relacionan en sociedades patriarcales como la nuestra (Benavente y Valdés, 2014).

Una de las desigualdades de género más fuertemente ancladas en las familias chilenas, corresponde a la distribución injusta que hombres y mujeres tienen respecto de las tareas de cuidado y crianza de los hijos (PNUD, 2010; Comunidad Mujer, 2016). A pesar de que la evidencia muestra un creciente deseo de los padres por participar en estas tareas, su participación efectiva sigue siendo muy baja (Aguayo et al, 2011), lo cual debe entenderse como una expresión de la persistencia del orden de género, característico de la sociedad patriarcal, que asigna a la mujer el cumplimiento de estas labores (Valdés y Olavarría, 1997), y como una consecuencia de la todavía insuficiente reorientación de políticas sociales a políticas de género (Arriagada, 2006). En consecuencia, asistimos a un escenario en el que se observa una coexistencia entre las tradicionales relaciones de género patriarcales e incipientes nuevos pactos o negociaciones en las responsabilidades del quehacer familiar (Ambrosio, 2005).

Este escenario familiar de escasa participación de los padres chilenos en las tareas de cuidado y crianza, ha sido abordado tímidamente por las políticas públicas desde el retorno a la democracia, contándose esfuerzos por promover el ejercicio de la paternidad en materias tales como: el embarazo y el parto, el apego, el cuidado por enfermedad del hijo/a, y el cuidado del hijo/a en caso de divorcio o separación de los progenitores (Aguayo y Sadler, 2011).

En cuanto al apego temprano del padre con su hijo/a, la producción legislativa chilena post dictadura cívico-militar se limita a la ampliación del postnatal masculino de 1 a 5 días (Ley 20.047) y la creación del posnatal parental (Ley 20.545). Aun cuando estas iniciativas resultan ser un aporte, no han logrado incidir mayormente en el involucramiento de los varones en las tareas de cuidado y crianza de los recién nacidos. En cuanto al postnatal masculino o permiso paternal, la Encuesta IMAGES Chile muestra que un 42% de los hombres desconoce su existencia y que sólo un 21% de quienes se reconocieron como padres lo utilizó (Aguayo et al, 2011). Mientras que un estudio de la Superintendencia de Seguridad Social señala que sólo un 0,24% del total de subsidios de postnatal parental iniciados (entre noviembre de 2011 y septiembre de 2016) han sido traspasados al padre (SUCESO, 2016).

El escaso uso que los padres hacen de estos derechos, ha sido atribuido, entre otras consideraciones, al carácter conservador de estas leyes, lo cual no contribuiría a un cambio cultural que permita una verdadera corresponsabilidad en el apego temprano con los hijos/as (IPPF/WHR y Promundo, 2017). Como ha señalado Arriagada (2007), los cambios culturales en las familias se expresan con mayor fuerza en sus propias prácticas cotidianas que en los esfuerzos del Estado dirigidos a su bienestar. Cabe entonces preguntarse, ¿Por qué los cambios en la forma en que las familias se estructuran y relacionan no han permeado suficientemente los diseños de las políticas orientadas a su bienestar?, ¿Por qué en esas políticas persiste una identidad masculina patriarcal que no representa la diversidad de formas en que actualmente los hombres ejercen su paternidad?, ¿Cómo se expresa esa resistencia cultural al cambio en los discursos de quienes participan de la formulación de esas políticas?

La presente investigación en curso, busca generar conocimiento que permita comprender los fenómenos estructurales que subyacen y explican a los procesos de producción y reproducción de formas simbólicas que han legitimado una concepción tradicional y patriarcal de la familia y de las relaciones de género. En este sentido, nos parece que el análisis del discurso parlamentario, en materia de proyectos de ley orientados a regular el apego temprano con los hijos/as, permitirá describir las concepciones de paternidad que tienen los diversos actores sociales que confluyen en la discusión pública al interior del Estado, y las estrategias discursivas que utilizan para legitimar esas concepciones.

Nuestra propuesta entiende la paternidad como parte de la construcción sociocultural de la masculinidad producto de la socialización de género basada en los roles que históricamente el patriarcado ha asignado a cada sexo (Connel, 2009), la cual tiende a mantenerse y perpetuarse por la legitimidad que le proporciona el Estado (Bourdieu, 2000) a través de la acción de individuos que operan al interior de esta institución paradigmática ejerciendo poder político y simbólico (Thompson, 1998).

Para Bourdieu (2000), la división sexual del mundo -escisión fundante de la subordinación femenina y la dominación masculina- ha estructurado también la organización del Estado, el que a su vez ha reproducido simbólicamente ese orden social en las leyes que produce. Por tanto, debe entenderse que la noción de paternidad presente en las leyes que regulan el cuidado y la crianza es una producción simbólica que designa una serie de tareas para los hombres distintas de aquellas que la noción de maternidad designa para las mujeres, configurando así un tipo particular de organización familiar y de organización societal. Si para algunos autores los roles de género asociados a la paternidad o la maternidad son principios estructuradores de los varones y de las mujeres, así como de la familia y de la sociedad en su conjunto (De Barbieri, 1993; Aguirre, 1998; De Martino, 2013), para Bourdieu (1997) esos roles, al mismo tiempo que construyen la realidad, son construidos, en las sociedades modernas, por el Estado. Proceso que debe ser entendido como el resultado de la lucha de intereses de ciertos grupos de poder que, operando al interior del Estado, buscan imponer a todos los habitantes de un territorio una determinada concepción de lo propiamente masculino y, a la vez, de lo propiamente paterno (Bourdieu y Wacquant, 2005).

El discurso parlamentario -subgénero del discurso político-, ha sido útil para estudiar la influencia que el género tiene sobre el proceso de hechura de los cuerpos legales (Mayorga et al, 2016). Además, supone una alternativa a los análisis tradicionales de las leyes, ya que permite la emergencia de las distintas visiones de mundo que los legisladores ponen estratégicamente en juego (Weckesser, 2016). En este plano, adherimos al llamado enfoque sociodiscursivo, el cual busca establecer la relación entre los discursos y lo social (Weckesser, 2016), desde la perspectiva interdisciplinaria de la sociología y el análisis del discurso (Costa y Mozejko, 2008), donde los discursos parlamentarios son prácticas sociales que construyen realidades a partir de un contexto que condiciona esas mismas prácticas, más allá de los límites del discurso mismo (van Dijk, 2001).

Mientras Van Dijk (2001) sostiene que el contexto que explica los discursos se encuentra en las representaciones mentales de los sujetos que los enuncian, Costa y Mozejko (2005 y 2008) identifican ese contexto en las condiciones sociales en las cuales son enunciados esos discursos. Al igual que Weckesser (2016), creemos que las condiciones sociales no sólo son contexto de las prácticas discursivas sino también de las estructuras mentales que median esas prácticas. Cuestión que sostuvieran Bourdieu y Wacquant (2005) al señalar que tanto las prácticas sociales como las estructuras mentales están condicionadas, aunque no determinadas, por las condiciones sociales estructurales y subyacentes.

En consecuencia, entenderemos el discurso parlamentario como una práctica social productora de leyes -las cuales legitiman los tipos de paternidad y los mecanismos para ejercerla- que a la vez es producida por las condiciones sociales de producción. Dicho de otra forma -y es el supuesto que aquí se pone en juego-, el lugar en el espacio social que ocupan los agentes políticos que participan de la discusión parlamentaria de proyectos de Ley que regulan la paternidad en Chile, condiciona sus propias prácticas discursivas de manera tal que lo dicho resulta una estrategia más que una expresión cabal de sus puntos de vista. Para Costa y Mozejko (2008), se trata de “un principio de explicación de las ideas que no se ubicaría en el nivel mismo de las ideas, principios o convicciones, sino de factores objetivos e intereses ligados a los mismos” (p. 42).

En suma, nuestra ponencia presentará los avances de la aplicación de un modelo de análisis del discurso diseñado e implementado en otras instancias investigativas por académicos de la línea de investigación en Estudios Culturales, Discurso y Comunicación del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera. Dicho análisis, aplicado a las discusiones en sala del proyecto de ley que dio origen a la Ley 20.047, la cual establece un permiso paternal en el Código del Trabajo, muestra que los parlamentarios -diputados y senadores- tienen una concepción idealizada de la paternidad y que utilizan diferentes estrategias discursivas de legitimación (normalidad/anormalidad, maximización/minimización) para relevar sus propias concepciones de la paternidad y desacreditar la de sus adversarios.