El derecho a la sindicalización policial es obstaculizado por el poder político en la mayoría de los países de América Latina aduciendo la matriz militarizada de las fuerzas de seguridad, el temor a la politización de los colectivos de trabajadores y la consideración de la seguridad como un servicio público esencial. Frente a este panorama generalizado, aunque restringidos en lo concerniente al derecho a huelga, los/as agentes de la Policía de Uruguay, en tanto es reconocida su condición de trabajadores/as estatales, disponen desde 2009 de derechos sindicales.
La inseguridad, en consonancia con el crecimiento de la preocupación pública por el tema registrado en las últimas décadas en el resto del continente, se constituye en la actualidad como un tema candente en Uruguay. En este contexto, el populismo penal “desde arriba” ganó terreno en el Uruguay de los últimos 15 años. La mayor inversión en seguridad y la priorización política del tema no han supuesto a los gobiernos de izquierda en el poder desde 2005 resultados innovadores que mitiguen los núcleos principales de la criminalidad y que, al mismo tiempo, frenen la orientación punitiva/policialista de las representaciones sociales sobre la inseguridad. Sin embargo, la legalización y reglamentación de la sindicalización policial, desde nuestro punto de vista, constituye una innovación, avanza en un terreno poco explorado en el resto de los países de América Latina, una novedad que cruza el campo de las políticas de seguridad pero también el de los derechos laborales, la ciudadanía y la democracia.
Uruguay cuenta con más de 30 mil funcionarios policiales, lo que supone un efectivo cada 114 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. Si se consideran solo los funcionarios que cumplen tareas consideradas “estrictamente policiales” −prevención, control, investigación− son alrededor de 22 mil, 1 cada 155 habitantes, una tasa más alta que el promedio europeo y latinoamericano. Los/as policías de Uruguay, organizados en una sola fuerza dividida territorial y funcionalmente, pueden sindicalizarse legalmente desde el año 2009, cuando esta disposición fue incorporada a la Ley Orgánica policial. En la actualidad conviven un conjunto de organizaciones gremiales de diferentes tamaños, alcances territoriales y alianzas con otros grupos y centrales sindicales. Algunos de estos colectivos, además, son previos a la legalización de la sindicalización. El objetivo del presente trabajo es reconstruir la experiencia de la sindicalización en Uruguay a partir de una serie de dimensiones emergentes en el trabajo de campo que permiten avanzar en este ejercicio. Entre estas dimensiones destacamos la caracterización del proceso político que habilitó el derecho sindical, la reconstrucción de los actores colectivos que en la actualidad conforman el escenario sindical policial así como sus principales tensiones y confluencias, y los reclamos de estos colectivos movilizados en el espacio público en demanda de derechos. Las demandas más frecuentes que suelen esgrimir tienen que ver con: las condiciones de trabajo y vida de los funcionarios policiales (viviendas dignas, uniformes y elementos de trabajo en general, etc.), la regulación de los servicios adicionales, mayor margen de acción para el uso de la fuerza y las armas y la búsqueda de estrategias para reducir la violencia ejercida contra los miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los repertorios de acción colectiva, y debido a que tienen vedado el derecho a huelga, encontramos que los funcionarios apelan a diversas estrategias como encender las sirenas de los móviles o realizar piquetes en terminales de trasporte público.
A partir de este objetivo entre los años 2017 y 2018 realizamos entrevistas en profundidad orientadas biográficamente con referentes y delegados/as sindicales de diversos colectivos gremiales asentados en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. Además reconstruimos a partir del registro de prensa gráfica nacional los principales eventos y debates que incluyen la participación pública de los gremios policiales en los últimos tres años. Finalmente, reconstruimos el andamiaje jurídico-político que permite al tiempo que es resultante de esta experiencia pública. Proponemos por esta vía contribuir al conocimiento formalizado, riguroso y especializado sobre el campo de la seguridad, en particular en lo ateniente a instituciones de indiscutible centralidad como lo son las fuerzas policiales. En este sentido, en consonancia con otras líneas de investigación con las cuales dialogamos, entendemos la necesidad de complejizar el análisis de las policías concibiendo a sus agentes, antes que como seres extraños o ininteligibles, como actores participantes de la sociedad de la cual forman parte.