Este trabajo retoma la memoria histórica de las luchas del movimiento indígena ecuatoriano, su protagonismo social y político, sus propuestas, sus reveses derivados en desmovilización durante el régimen de Correa y su situación actual en el marco de un régimen político, social y económico posneoliberal pero desarrollista dentro de los límites del capitalismo; siendo destacable el papel que en la desmovilización y neoinvisibilización de dicho movimiento ha tenido el sistema de participación ciudadana institucionalizado e instaurado por medio de la los artículos 57 numerales 7 y 17, y artículos 204 al 212 así como 398 y 407 de la Constitución Política del Ecuador, sumado a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los Reglamentos a dichas leyes y a los decretos ejecutivos N° 016 y 739, con los que prácticamente se crea un trámite burocrático engorroso que obstaculiza la verdadera participación ciudadana, el control social de los actos de poder y sobre todo abre la puerta a la criminalización de las organizaciones sociales “no legalizadas” y al accionar de dichas organizaciones, constituyéndose una de ellas la CONAIE.
En ese marco el gobierno de Rafael Correa que se abrió paso al triunfo electoral gracias a su presentación como un gobierno progresista y de izquierda, toma distanciamiento de las organizaciones sociales que lo llevaron al poder, siendo corolario de ello la pugna y lucha permanente con la CONAIE, organización a la que incluso pretendió invisibilizar disponiendo se le quite su sede, misma que había sido entregada en Comodato por gobiernos anteriores, además de continuas acusaciones de ser “indios vendidos”, de ser “una minoría que no representa a nadie”, “contrarrevolucionarios”, entre otras cosas; que evidenciaron su postura pequeño burguesa orientada a invisibilizar al movimiento indígena a la vez que lo dividía tanto por medidas de hecho como de derecho.
En este contexto, si bien varios tratadistas y referentes ideológicos (Alberto Acosta, René Ramírez, De Sousa Santos, Luís Macas, Floresmilo Simbaña, entre otros) han sido tomados en cuenta tanto en trabajos propios como en entrevistas (como la realizada por Marta Harnecker), no se ha logrado en el decurso de las investigaciones bibliográficas hallar análisis pormenorizados y concretos de cómo la institucionalización de la participación ciudadana afecta a las organizaciones sociales y más concretamente al movimiento indígena tomando como base la experiencia vivida en Ecuador; por tanto, el Objetivo General de este trabajo es el de comprender el desarrollo histórico de movimiento indígena ecuatoriano, su auge y su situación actual tras el ascenso-declive del régimen la Revolución Ciudadana y de su líder Rafael Correa, para ello es necesario que este objetivo se desmenuzado en dos objetivos específicos: 1) establecer la relación entre la institucionalización de la participación ciudadana y la legalidad de las organizaciones sociales, con la situación actual del movimiento indígena; y 2) establecer los niveles de afectación a las organizaciones sociales y específicamente al movimiento indígena por parte de una participación ciudadana institucionalizada al servicio del gobierno de turno, ello en un país neodesarrollista enmarcado en una economía capitalista semi atrasada. En este sentido es menester hacer notar que la hipótesis de la que partimos en el presente trabajo es el hecho de que los factores determinantes para afectar al movimiento indígena fueron: la institucionalización de la participación ciudadana al igual que la imposición -vía decretos ejecutivos- de requisitos para la legalización de organizaciones sociales y causales para su liquidación; y, la burocratización del movimiento indígena; todo esto dentro de un ambiente criminalización de la lucha social y en el que el partido de gobierno se mostraba como hegemónico en la política ecuatoriana en tanto mantenía un respaldo popular (cada vez más desgastado) por medio de políticas clientelares y del aumento de la burocracia estatal con un aparataje destinado a dominar las funciones del estado, eliminando la independencia entre las mismas y persiguiendo principalmente a las organizaciones de izquierda que se opusieron al cambio de dirección del régimen.