El trabajo analiza de qué forma el nuevo diseño de las políticas sociales desarrollado a partir de los cambios en el sistema de protección social instalado en la primera década del siglo XXI plantea a las profesiones del campo social demandas renovadas que complejizan las relaciones entre ellas. Se trataría de un nuevo dispositivo institucional caracterizado por una preocupación previa por la identificación de las poblaciones a las que se dirigen las prestaciones y un cambio en el papel atribuido a las profesiones.
Una de las primeras profesiones que en el Uruguay obtuvo el mandato institucional de ocuparse de los problemas sociales asociados a la pobreza fue el Trabajo Social. Su carácter interventivo caracterizó a la profesión como una marca matricial desde sus orígenes (ORTEGA, 2008; ACOSTA, 2005).
En el ordenamiento estatal de la protección social durante la segunda mitad del siglo XX, que incluye las políticas de salud, infancia, educación, seguridad social, y otras, la estructura de cargos y la forma de su provisión se debió ajustar a criterios muy estrictos en cuanto a diferenciación de profesiones y especificidad de las tareas atribuidas a cada una de ellas. Ese tipo de estructura fuertemente consolidada continuaría vigente en esas áreas (ORTEGA, 2011).
Sin embargo, la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en 2005 y la introducción de nuevas formas de gestión de las políticas sociales permitió que en ese Ministerio la estructura de cargos y funciones fuera flexibilizada y se comenzara a hacer énfasis en las tareas y funciones a desarrollar, ampliando el número de profesiones convocadas a intervenir.
Un caso que puede considerarse paradigmático es el del Programa Uruguay Crece Contigo (UCC) que surge en 2012 y se propone: “consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una política que garantice los cuidados de protección adecuados de las mujeres embarazadas y el desarrollo integral de niños y niñas menores de 4 años desde una perspectiva de derechos”. Se denomina política integral “que enmarca sus acciones universales y focalizadas en una triple institucionalidad programática y política: los objetivos sanitarios del MSP, las políticas de primera infancia de INAU y los ejes estratégicos del MIDES”.

El Programa está organizado en distintos componentes que abarcan dimensiones y niveles de intervención. Dentro del componente “Acompañamiento familiar y trabajo de cercanía” se establece el propósito de “mejorar la salud, la nutrición, el desarrollo infantil y la inclusión social de mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 4 años que reúnan la doble condición de riesgo social y riesgo biológico o sanitario”.

Para alcanzar los objetivos mencionados, el Programa organiza la intervención en duplas de técnicos operadores sociales, que trabajan en la modalidad de cercanía con las familias beneficiarias. Las acciones a ser desarrolladas por estos operadores están protocolizadas por el Programa y se enfocan en la identificación de las poblaciones así como en rigurosas pautas de intervención con las familias, siguiendo indicadores y secuencias establecidos previamente.
Con el objeto de profundizar en las nuevas modalidades de intervención profesional, en el presente estudio se tomaron como fuentes:
- Los perfiles y las competencias que figuran en los llamados a concurso de profesionales para ocupar puestos como operador/a social del Ministerio de Desarrollo Social.
- Un grupo de discusión realizado con operadores del Programa Uruguay Crece Contigo.
- Los protocolos del Programa de Acompañamiento Familiar del Programa Uruguay Crece Contigo.

El análisis de las fuentes permitió identificar trazos que caracterizan las nuevas modalidades de gestión de lo social, que privilegian la tarea a desarrollar y no tanto los profesionales que tengan las competencias para llevarla a cabo.

La denominación de operador social estaría asociada al desempeño de una intervención directa con usuarios, abarcaría un amplio espectro de tareas tanto en el espacio familiar como en grupos o comunidades, así como también en forma individualizada. Esto implica tareas de acompañamiento de procesos familiares de corto y mediano plazo (implementando entrevistas, visitas domiciliarias), gestiones para la obtención de recursos, asesoramiento directo sobre prestaciones sociales, trabajo en red y/o de coordinación institucional. Estas actividades implican, claramente, un importante manejo de los recursos disponibles así como de las formas para obtenerlos. La intervención en el ámbito familiar aparece como el espacio principal para el desarrollo de las actividades.
El perfil de profesional solicitado para cumplir las tareas de operador social es denominado como un “profesional de las ciencias sociales”. Se interpreta que esa denominación permitiría ampliar el grupo de profesiones que tendrían las competencias necesarias y suficientes para desempeñarse en el campo de “lo social”. Siendo esta denominación de carácter ambiguo, debido a la permeabilidad del campo social, permitiría que cada profesional pusiera en juego sus méritos, dejando en manos de los administradores la decisión sobre el perfil para el cargo solicitado.
Los relatos de los operadores dan cuenta de dificultades asociadas al campo de intervención de cada una de las profesiones, en la medida en que deben cumplir con lo establecido por el protocolo, independientemente de las profesiones que formen parte de la dupla.
En cuanto a las funciones históricamente reconocidas y legitimadas para el Trabajo Social, asociadas a la intervención y la asistencia, se observa una gran apertura hacia otras profesiones del área social e incluso del área de la salud. Estudios anteriores (MITJAVILA, VECINDAY, 2011; MITJAVILA, ORTEGA, 2013) indican un énfasis en las funciones de inspección y alimentación de enormes bases de datos que en términos generales no requerirían de una formación específica.
En las fuentes analizadas en este trabajo las tareas que se solicitan cumplir se caracterizan por un nivel alto de complejidad: no solo serían tareas inspectivas o de cumplimiento de requisitos para acceder a las diversas prestaciones, sino de intervención prolongada a nivel familiar y comunitario. Si se formula la pregunta acerca de si los profesionales llamados a intervenir reciben formación específica para esos abordajes, se podría llegar a afirmar que en la valoración de las competencias para las tareas esos aspectos no son considerados en profundidad. Como fuera mencionado anteriormente, la extendida elaboración de protocolos de actuación que pretenden guiar en forma pormenorizada la intervención de los profesionales convocados a intervenir estaría intentando subsanar ese tipo de dificultades.
El énfasis es colocado, entonces, en la tarea a desarrollar, atribuyendo a las profesiones de “lo social” competencias que van más allá de las propias de cada formación específica. Ello se podría asociar a una debilidad en la definición de lo que Freidson (1996) denomina como “jurisdicción profesional”, que tendría relación con las funciones y tareas que son reconocidas como competencia de cada profesión. Esa jurisdicción aparece más claramente definida y “respetada” en el caso de aquellas profesiones que han obtenido el monopolio en la definición de sus competencias y funciones.
Por último, otro aspecto a destacar es que en el nuevo diseño de las políticas sociales las familias que pasan a ser beneficiarias de las prestaciones son muchas veces identificadas y seleccionadas fuera de la relación asistencial en la relación cara a cara. La proliferación de cada vez más sofisticadas bases de datos estadísticos, poblacionales y territoriales permiten la identificación de las familias y de los problemas de las familias e, incluso, de las prestaciones a las que podrían tener acceso, antes incluso del inicio de la relación asistencial.
Los factores antes reseñados complejizan las relaciones establecidas entre las profesiones que son convocadas a intervenir en el campo de lo social, tanto a nivel de la formación como de la intervención profesional. Incluso complejizan las relaciones que se establecen entre los tipos de racionalidad presentes en el seno de cada una de las profesiones, que según Freidson (1978) se pueden distinguir en: racionalidad clínica, presente en los operadores de campo; burocrática, en los espacios propios de la administración, y científica, en el de la formación académica. El autor destaca la importancia de la retroalimentación de los tres espacios en el proceso de construcción de la autonomía profesional. Todo un desafío.
Referencias
ACOSTA, L. (2005) O processo de renovação do Serviço Social no Uruguai. Tesis apresentada ao Programa de pós-graduação de la Escola de Serviço Social da Universidade Federal de Rio de Janeiro.
FREIDSON, E. (1978). La profesión médica. Un estudio de sociología del conocimiento aplicado. Ediciones Península. Barcelona.
____________. 1996. Para uma análise comparada das profissões: a institucionalização do discurso e do conhecimento formais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 11, N° 31, 1996, p. 141 – 145. http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/referencia/0000001192, Recuperado 13/4/2013.
MITJAVILA, M. R., VECINDAY, Laura El enfoque de riesgo como dispositivo individualizador en el campo social In: Transformaciones del Estado Social. Perspectivas sobre la Intervención social en Iberoamérica..1 ed. Buenos Aires : Miño y Dávila, 2011, v.1, p. 79-104.
MITJAVILA, ORTEGA. (2013) Profesiones, poder, conocimiento. Trabajo presentado en el XVI Congreso Brasilero de Sociología. En:
http://www.automacaodeeventos.com.br/sigeventos/sbs2013/inscricao/resumos/0001/PDF_trab-aceito-2590-1.pdf
ORTEGA, E (2008), El Servicio Social y los procesos de medicalización de la sociedad uruguaya en el período neobatllista. Montevideo, Ediciones Trilce.
______________(2011) Medicina, religión y gestión