La posibilidad de hablar sobre la equidad de género indiscutiblemente es un logro que le ha sido otorgada a la sociedad por parte de los diferentes grupos feministas, quienes han venido luchando durante años para que esta temática forme parte de las agendas políticas de los Estados, las desigualdades sociales y culturales a las que las mujeres han sido sometidas históricamente han marcado las formas de interlocución entre el estado y los grupos progresistas lo cual no ha permitido que se coloquen sobre la palestra pública políticas en las cuales la perspectiva de género se encuentre abiertamente incluida y sobre todo puestas en práctica. A raíz de la aparición de grupos feministas tras los gobiernos autoritarios por los cuales tuvieron que pasar varios países de América Latina, se estableció la necesidad de crear un cambio social y equitativo en donde la creación de una estructura política y democrática que visibilice las necesidades específicas de las mujeres se volvió un reto para estos movimientos quienes consideraron de vital importancia la generación de cambios en la creación de leyes, políticas y representación. Es importante reconocer que para que exista la voluntad estatal de implementar políticas públicas con perspectiva de género es necesario procesar acuerdos con distintos actores sociales y políticos que apoyen la posibilidad no solo de creación de estas políticas sino de su debida ejecución para lo cual es necesario establecer los objetivos, los recursos, las instituciones y los procedimientos que van a intervenir en la implementación de estas políticas.
En la última década los discursos políticos han estado llenos de ofrecimientos en los cuales los derechos y la libertad de las mujeres han comenzado a tener protagonismo, seguramente esto responde a la conciencia de que más de la mitad de la población está conformada por mujeres, lo cual ha marcado un antes y un después en torno a la manera de hacer política, se ha dejado de considerar a la mujer como un ser apolítico transformándose en un sujeto titular de derechos políticos, de hecho en la mayoría de países de América Latina se ha logrado establecer cuotas en torno a las candidaturas y a los puestos públicos que las mujeres deben ocupar en la administración del poder en un Estado, sin embargo, esta representación no es suficientes puesto que no se ve reflejada en los cargos de responsabilidad y decisión en cuanto a políticas públicas, la participación de las mujeres en los ámbitos de poder estatal dentro de la región no ha sido significativa, lo cual a su vez no ha permitido que seamos testigos de un verdadero cambio político y de una plena participación de las mujeres en la toma de decisiones en torno a temas que las atañe exclusivamente a ellas por el hecho de haber nacido mujeres como el hecho de poder decidir sobre su cuerpo sin temor a ser juzgadas social y penalmente por ello. Es importante singularizar las necesidades y las situaciones de las mujeres el momento de crear políticas públicas orientadas a visibilizar, prevenir y ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, favorecer el ingreso al campo laboral en donde las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres, prevenir y sancionar el acoso en el trabajo, el acceso gratuito e informado a métodos anticonceptivos, la planificación familiar, la maternidad voluntaria y la despenalización del aborto son temas que deberían incluirse en todas las agendas políticas con la finalidad de encontrar los recursos humanos y económicos que sustenten su viabilidad y efectividad.
Es por esto que resulta sumamente importante dejar de utilizar discursos políticos en donde la perspectiva de género se encuentre presente como un mecanismo populista y demagógico para alcanzar los votos que les permitan llegar al poder y comenzar a exigir a estos actores políticos el cumplimiento de estos ofrecimientos, para ello resulta importante la designación de autoridades y la conformación de mesas de trabajo integrado por profesionales y grupos feministas que conozcan y respondan a las necesidades de las mujeres, de ahí la necesidad también de conocer a profundidad el perfil, la comprensión e identificación que tengan las y los candidatos con la ideología de género y sobre la importancia de crear políticas públicas enmarcadas en la necesidad de transformar la realidad de los derechos humanos de las mujeres no como un favor sino como una deuda social