A partir del año de 1991 en el territorio colombiano se ha venido consolidando un hecho
trascendental vagamente desarrollado con anterioridad a esta fecha en la historia del país: el
reconocimiento de identidades y derechos para las comunidades étnicas (para nuestro caso
afrodescendientes). Es desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y las leyes siguientes
a estas fechas que se ha pretendido que estas comunidades étnicas – en el sentido general del
término – adquieran en el ámbito nacional y local una mayor presencia en las tomas de
decisiones a fines de asegurarles sus derechos como sujetos con identidad cultural diferencial,
mayormente a causa de su fuerte tradición cultural, así como el reconocimiento de la igualdad
que requieren tanto en la participación política, como en la obtención de bienes y servicios
públicos.
Luego de casi veintisiete años desde que proclamo la constitución política nacional, y de
veinticuatro en el que esta se fortaleció bajo la ley 70 de 1993 – la cual hace reconocimiento de
los derechos e igualdades para las comunidades negras –, el Estado colombiano ha desarrollado
una serie de avances en temas de atención a comunidades negras, partiendo de que estas
corresponden a sujetos de derecho a los cuales se les deben asegurar una serie de garantías
diferenciales frente los de las demás miembros del pueblo nacional. Dichos avances nos permiten
la posibilidad de realizar un análisis en concreto de cómo ha sido el impacto de la gestión pública
en los territorios frente a la atención de estas comunidades haciendo hincapié en el
aseguramiento de las voluntades de las comunidades por su cualidad de autorreconocimiento
étnico, así como el derecho a la igualdad que se proclama por dicha ley.
Así las cosas, el presente trabajo se fundamenta sobre la siguiente idea: si bien han
existido avances en la gestión pública nacional que han tratado en cierta medida de asegurar
los derechos proclamados por el marco legal vigente para las comunidades afrocolombianas, estas comunidades
resultan en su mayoría afectadas o vulneradas en las regiones del país a consecuencia de la
fuerte presencia de actores al margen de la ley y del contexto del conflicto armado existente
durante las últimas décadas, lo que ha llevado a la incapacidad de garantía de derechos por parte
del Estado sobre estos territorios y consigo la existencia de vulneración de sus derechos como
sujetos diferenciales.
De esta forma, la investigación desarrollada se propuso, a partir de un estudio descriptivo
y analítico de casos, dar cuenta de cómo el conflicto armado se ha expresado en Colombia en una
vulneración de los derechos étnicos para las comunidades negras y de cuales han sido aquellos
casos en donde se puede registrar situaciones de lucha por parte de las comunidades negras para
el aseguramiento de sus derechos en vista de las dificultades por parte del Estado para el
aseguramiento de estos.
Para ello, el ejercicio referenció como punto de análisis la zona del Cauca y del Chocó,
departamentos ubicados en el Bajo Pacifico desde el periodo de 2005 y hasta el 2017, en donde
se registra una transformación del conflicto en este territorio y consigo una modificación de las
dinámicas de vida más notables en los ámbitos económico, social y ambiental.

Esta investigación se realizó mediante la articulación entre miembros pertenecientes a los
proyectos de investigación “Análisis Multicriterio al Ordenamiento Territorial en la Zona de
Influencia de Quibdó y Popayán de 1997 a 2017, un Insumo para el Postconflicto” y
“Laboratorios de Innovación en Administración Pública, Estado del Arte de Herramientas y
Metodologías para la Acción”, en calidad de proyectos de investigación consolidados
pertenecientes a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – y los cuales proclaman
la necesidad de evaluar la incidencia de la administración pública colombiana en el territorio
frente al ámbito de gestión pública y transformación de los espacios para el aseguramiento de
derechos y garantías a las comunidades étnicas.
Adicionalmente la investigación permite la posibilidad de usarse como insumo para la
consolidación de los procesos por parte del Estado colombiano para materializar las dinámicas
en las cuales se puede consolidar la participación de estas comunidades en el desarrollo del
acuerdo firmado en el año 2016 por parte del gobierno nacional y la anterior organización
denominada FARC.