La presente ponencia expone parte de los resultados de una tesis de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que estudia, recuperando los aportes de la sociología, la política educacional y la administración pública, la configuración de las relaciones intergubernamentales (RIGs) en el área de educación entre los niveles nacional y jurisdiccional de gobierno a partir de la obligatoriedad de la escuela secundaria.
Focalizamos en dos instrumentos que desde el discurso oficial se propusieron como “los apoyos básicos de los procesos de institucionalización y fortalecimiento de la educación secundaria” (Res. CFE Nº88/09): los Planes Jurisdiccionales (PJ), pensados para ordenar las múltiples decisiones y gestiones que implica en cada provincia la implementación de la obligatoriedad de la educación secundaria, y los Planes de Mejora Institucional (PMI), cuyo ámbito de definición y acción fueron todas las escuelas secundarias del país (Ibíd.). Para ello analizamos las regulaciones formales de los PJ y los PMI en el marco de las agendas de política educativa nacional y jurisdiccional en el caso de la Provincia de Buenos Aires para el nivel secundario y las relaciones políticas y administrativas, formales e informales, que se configuraron para la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones conjunta en el período 2010-2015.
En 2006 se sancionó en la Argentina la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 que estableció la obligatoriedad del nivel secundario y pretendió revertir algunas tendencias en materia de política educativa propias de los años noventa particularmente en lo que hace a la fragmentación del sistema y a lograr un mayor direccionamiento desde el nivel nacional (Gorostiaga, 2012). Los PJ y los PMI se presentaron en los documentos producidos por el Estado como un avance hacia un mejor gobierno de la educación secundaria y una nueva organización institucional y pedagógica del sistema educativo en función de las desigualdades que afectan a las trayectorias escolares de diversos grupos sociales y que ponen en jaque la extensión de la obligatoriedad (Romualdo, 2017). Frente al propósito de mejorar el gobierno de la educación, los Planes Jurisdiccionales se plantean como instancia de planificación tendiente a la articulación de recursos de diversas líneas de financiamiento, capacidades y potencialidades intra e interjurisdiccionales, regionales y federales, así como de diversos actores a fin de contribuir a la convergencia de las políticas para dar cumplimiento a los principios de la LEN desde una mirada integradora sobre el sistema educativo (Ministerio de Educación de la Nación, 2009). Al mismo tiempo, ellos son el marco jurisdiccional en el que se encuadran los PMI de cada una de las escuelas.
Ambos instrumentos parten de un diagnóstico crítico de las relaciones entre la Nación y las jurisdicciones durante la reforma educativa de los ‘90 y buscan modificarlas en dos direcciones: por un lado en el particular modo de vinculación entre dichos niveles de gobierno que profundizó la fragmentación del sistema educativo y, por otro lado, en la focalización compensatoria como forma de intervención estatal y su consecuente profundización de las desigualdades. Respecto de la primera cuestión, el Consejo Federal de Educación (CFE) asume un nuevo rol ya que las resoluciones que se elaboran en su seno comienzan a tener carácter vinculante y pueden ser de cumplimiento obligatorio. En cuanto a la segunda cuestión, los PJ y los PMI son parte de una estrategia nacional de alcance universal, atributo que consideramos de suma relevancia por constituir un desplazamiento significativo respecto de los procesos de intervención estatal para garantizar la extensión de la obligatoriedad escolar instaurados con la reforma neoliberal de los años noventa. Por todo esto consideramos a los PJ y los PMI como potentes analizadores de las reconfiguraciones de las RIGs en el área de educación entre los niveles nacional y jurisdiccional en el período bajo estudio.
A nivel académico, nuestra intención es aportar a los debates acerca del federalismo educativo argentino, la configuración de las RIGs en el marco de la descentralización y cómo eso moldea la dinámica de implementación de las políticas educativas y las desigualdades en el ejercicio del derecho de todos a la educación.
La tesis, bajo la dirección de Nora Gluz, se enmarcó en el proyecto UBACyT 2014-2017 “Políticas públicas y democratización de la educación. Sentidos, regulaciones y procesos en torno a la inclusión en la actual coyuntura latinoamericana” (en el cual la autora fue Becaria de Maestría UBACyT), con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y cuya directora fue Myriam Feldfeber.