Colombia es un país que no ha conocido el significado de la frase vivir en paz. Históricamente, las guerras y las negociaciones adversas al interés común, han hecho que las necesidades de las poblaciones vulnerables los sumerjan cada vez más entre las diferencias.

El conflicto político, social y armado en nuestro país ha generado afectaciones directas y desproporcionadas en gran parte de la sociedad civil, en cuanto a las víctimas del conflicto armado interno, la cifra aproximada de registrados hasta la fecha, corresponde a 8'650.169 (Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas-UARIV, abril 2018). En virtud de ello, el Estado Colombiano, ha creado alternativas de mitigación de los impactos propios de la confrontación armada y opciones para la reparación integral de las víctimas. Busca garantizar de manera integral, la materialización de los principios a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, en condiciones de dignidad desde la óptica de la justicia restaurativa y el goce efectivo de derechos.

Como consecuencia de lo anterior, y en el marco de la justicia transicional implementada por el Estado, para el año 2011, se profiere la Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras—. Constituye un hito en la defensa y garantía de los derechos humanos en Colombia, hoy la esperanza para el logro de la reconciliación Nacional, a su vez, la Constitución Política de Colombia de 1991, concede una serie de acciones de carácter Constitucional, entre ellas: La Acción de Tutela, Acción de Cumplimiento, Acción Popular y el Derecho fundamental de petición, mecanismos que buscan la materialización de los derechos no solo de las víctimas, sino también de los pueblos indígenas y las comunidades con vulneración de derechos colectivos.

El acceso de la población víctima a los derechos que se les ha reconocido en el marco de la mencionada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en el marco normativo indígena y relacionado. Sin embargo, los diferentes mecanismos puestos a su favor por parte del Estado resultan insuficientes, dado que se han identificado barreras de acceso de orden institucional que impiden la materialización efectiva de los mismos. Por lo anterior, se ha generado inseguridad jurídica y vulneración de los Derechos Humanos con especial énfasis en el Derecho al Acceso a la Justicia, dado que la población reconoce que a su favor existen una serie de medidas, pero no conoce y no tiene en la mayoría de los casos, mecanismos para acceder a las mismas de manera efectiva

En efecto, a través de la ponencia que será presentada, con la finalidad de compartir una experiencia satisfactoria de formación, se abordará la siguiente pregunta:¿Como una Universidad regional puede contribuir en la defensa y materialización de los Derechos Humanos, en especial el acceso a la justicia, de la población víctima del conflicto armado interno del país, comunidades indígenas y comunidad con vulneración de derechos colectivos, en un periodo de posconflicto en pro de la construcción de paz en el país?

Pues bien, en la actualidad, el conflicto armado interno Colombiano se encuentra en etapa de posconflicto, en el marco de la justicia transicional implementada. Requiere para su desarrollo efectivo, que las garantías fundamentales que pregona el Estado Social de Derecho, propendan por generar espacios de confianza en pro de la construcción de paz en nuestro país.

La Universidad de Ibagué, una Institución de educación superior, con una amplia trayectoria en el Departamento del Tolima - Colombia, reconocida por su alto nivel de compromiso social, atendiendo a los estándares de proyección institucional, a través del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación implementó desde el año 2009 el Programa de Asistencia Legal a Población Desplazada. Cuenta actualmente con el apoyo de la Corporación Opción Legal y La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el cual trabaja en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno del país en el Departamento del Tolima.

Este proyecto ofrece asesoría jurídica gratuita en términos de oportunidad a población víctima del conflicto armado interno del país, acompaña en la promoción y formación a estudiantes y víctimas en temáticas relacionadas con los marcos generales de restablecimiento de derechos y sus respectivos mecanismos de exigibilidad; ha contribuido en la estructuración de acciones de litigio estratégico. Logrando a la fecha, un total de 9109 benefiari@s direct@s.

Para el mismo año, se crea la Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público, que trabaja especialmente en beneficio de la comunidad en condiciones de vulnerabilidad del Departamento, apoyándose en herramientas de índole jurídico generando habilidades y competencias en los estudiantes miembros, en función del enfoque de responsabilidad social de la universidad, a través de la enseñanza clínica del derecho; para el año 2017 se conforma el Semillero “Agere” de Derecho Constitucional, un trabajo en cooperación entre la Universidad de Ibagué y la del Rosario, donde se promueven espacios de formación e investigación, a través del modelo de trabajo en cooperación entre las dos Universidades como práctica social, entre sus proyectos se encuentra, la publicación de un libro didáctico de derecho Constitucional dirigido a la población vulnerable sin conocimientos en derecho, para garantizar un acceso efectivo a la justicia para la materialización de sus derechos, promoviendo espacios de participación de los integrantes de las dos Universidades en las brigadas de atención jurídica y formación a la comunidad.

Es importante destacar, que se ha contribuido efectivamente en la superación de los impactos del conflicto que han afectado de manera estructural al Departamento, marcando de manera positiva en la vida de las comunidades focalizadas, así como en términos de la búsqueda de soluciones de fortalecimiento y sostenibilidad del proyecto en lo local. Aunado a ello, se ha posibilitado el traslado del mismo a zonas de alta concentración de población vulnerable.

Finalizando, compartimos la posición del autor Boaventura Sousa de Santos quien en su libro Sociología Jurídica Crítica, denuncia la incapacidad del Estado para cumplir con la función de administrar justicia, lo que se traduce en un deficiente acceso al Derecho a la misma, que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional, como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección y restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.

La simple consideración de un derecho que pregone el acceso a la justicia en contextos como el Colombiano, no resulta suficiente, en el caso de las víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas y personas con vulneración de derechos colectivos, se queda corto, cuando el pluralismo jurídico expuesto por el autor ya mencionado, pregona que la construcción del derecho debería corresponder en específico a los campos de acción social o a los grupos sociales que se encarga de regular (Santos, 2009), en ese sentido, contemplar un principio como el del enfoque diferencial que reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, no resulta efectivo cuando las herramientas de acceso a la justicia no se encuentran a disposición de quien en condiciones de vulnerabilidad manifiesta las requiere para materializar sus derechos y poder llevar una vida en condiciones básicas de dignidad.

La anterior situación, configura una situación de represión de los derechos humanos de los grupos poblacionales objeto de análisis. La organización del Estado para defender sus derechos presenta barreras de acceso, lo que ha despertado el interés por parte de la Universidad, en encontrar alternativas que faciliten soluciones.

Guiados por las apreciaciones realizadas por el autor Thomas Piketty en su libro “El capital en el siglo XXI” quien señala que “fueron las guerras las que hicieron tabla rusa del pasado y condujeron a una transformación de la estructura de las desigualdades del siglo XXI” (Piketty, 2014, P.519). Existe un deber de ampliar los derechos fundamentales y hacer accesibles a todos, esas ventajas materiales como fuere posible, mientras el interés de los que tienen menos derechos se enfrentan a oportunidades de vida menos amplias. (Piketty,2014). Pues la Universidad de Ibagué se encuentra comprometida con el propósito de disminuir dichos niveles de desigualdad y conseguir en aquellos un mayor acceso a la justicia, en concordancia con los principios de justicia social, en búsqueda de la solución de la problemática planteada.

Para concluir que la redistribución de la moneda, no consiste en transferir riquezas de ricos a pobres, “sino en financiar servicios públicos e ingresos de reposición más o menos iguales para todos, sobre todo en el ámbito de la educación, la salud y las jubilaciones” (Piketty, 2014, P.528). Amparados en dicho concepto, y como quiera que el nivel de desigualdad de nuestro país, ocasiona que sea necesario ejercer los mecanismos para acceder a esos servicios, a la reparación de las víctimas, a la cesación de vulneración de derechos colectivos, a la garantía de acceso a la jurisdicción ordinaria por parte de los pueblos indígenas, entre otros. Pues consideramos que si disminuyen los niveles de desigualdad, se obtiene un mayor acceso a la justicia y una mayor confianza en el Estado, se contribuye al propósito de paz en nuestro país.