Tras el cambio producido en el mandato político del gobierno nacional en la Argentina hacia fines del año 2015, se realizaron una serie de desalojos masivos sobre la actividad de venta callejera en distintas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien de manera previa al cambio de gobierno nacional, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya se venían desplegando este tipo de acciones en el espacio público, esta vez se realizaron una serie de desalojos masivos que consiguieron evitar que los vendedores callejeros volvieran a instalarse de manera permanente en zonas en las que históricamente se desarrollaba la actividad de venta callejera. Dichos operativos se caracterizaron por contar con un gran despliegue de efectivos policiales e incluyeron situaciones de violencia con los vendedores callejeros. Por su parte, vendedores realizaron protestas y manifestaciones en la calle durante los días en los que duraron estos operativos. Luego de aquellos días de mayor conflicto, resultó que las intervenciones estatales redujeron y modificaron significativamente la forma en la que se ejercía hasta entonces la actividad en aquellas zonas de la ciudad.
Ahora bien, como una “alternativa” para quienes serían desalojados del espacio público, según expresaban públicamente incluso antes de los operativos, y como una propuesta para la regularización de la actividad de vendedores que hasta entonces se encontraban ejerciendo la venta en el espacio público, funcionarios del GCBA anunciaban la creación de predios cerrados para el ejercicio de la venta dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Tras la realización de esas propuestas, luego de aquellos violentos operativos, vendedores desalojados del espacio público respondieron a la posibilidad que ofrecía el gobierno y buscaron acceder a estos espacios. Así fue que iniciaron y transitaron distintos procesos para la adjudicación de permisos, en la búsqueda de ser incorporados a los predios que prometían las autoridades estatales.
La ponencia que se presenta aquí se enfoca en las experiencias de distintos vendedores que estuvieron involucrados en estos procesos, con el objetivo de realizar reflexiones iniciales acerca de los efectos que estas políticas estatales tuvieron sobre quienes fueron objeto de las mismas. Particularmente, este trabajo recuperará algunas nociones de los vendedores que dan cuenta de sus formas de entender y de la manera en la que vivieron esta reciente modalidad de intervención estatal sobre su actividad. Así, resultará relevante atender a los sentidos en que fueron explicadas sus experiencias al momento en el que atravesaban estos procesos de regularización.
Para eso, se partirá de la experiencia de un grupo de vendedores que luego de haber atravesado “exitosamente” el proceso de adjudicación de permisos, fue expulsado por parte de las autoridades estatales del predio que les había sido asignado en un inicio, bajo la promesa de que serían relocalizados a la brevedad en otro espacio. Se recuperarán sus expresiones y explicaciones sobre lo sucedido, para más adelante incorporar también relatos de otros vendedores mientras se encontraban transitando las diferentes etapas que implicaron los procesos de adjudicación de los permisos.
Así, será a través de las expresiones de los vendedores que podremos dar cuenta de las expectativas de los sujetos frente a estas propuestas así como de sus evaluaciones sobre la manera en la que las mismas resuelven o no su situación. En este sentido, haremos también hincapié en las emociones y en los sentimientos que les implicó a los vendedores transitar por estos procesos. Asimismo, a lo largo del desarrollo del trabajo, veremos cómo el análisis de estas expresiones nos permitirá hablar de aspectos tales como la manera en la que los sujetos experimentan su relación con las autoridades estatales, de cómo perciben el (no) reconocimiento de sus derechos, así como de las acciones políticas de reclamo de derechos que llevan a cabo.