A partir de las últimas décadas del siglo pasado y hasta el presente, la región latinoamericana se encuentra inscripta en una creciente lógica económica caracterizada como extractivismo. Este modelo económico se distingue por la profundización de una dinámica de desposesión territorial y de recursos naturales (bienes comunes) que implica un aumento de la dependencia económica de los países implicados en un creciente proceso de reprimarización de la economía, lo cual afecta gravemente a poblaciones históricamente desposeídas y postergadas –campesinos, indígenas, pobladores de zonas marginales a las economías nacionales, entre otros–. Este proceso se enmarca en un escenario político y económico de nuevo orden, caracterizado por Maristella Svampa como la etapa del Consenso de los Commodities, un momento posterior al decenio del Consenso de Washington, donde se da paso al crecimiento económico basado en la exportación de bienes primarios sin valor agregado. La Argentina, profundamente consustanciada con este patrón de desarrollo, es un exponente de las principales actividades económicas consideradas tradicionalmente extractivas, como la explotación de hidrocarburos y la megaminería, como también lo es de otras actividades más recientemente conceptualizadas de este modo: es el caso de la expansión de la frontera agrícola y forestal a través del agronegocio y los biocombustibles.
La explotación de hidrocarburos tiene una larga tradición en la Argentina, y en particular en algunas regiones del país, siendo la Patagonia una de las más importantes. La provincia de Neuquén encabeza el mapa de regiones productoras, fundamentalmente desde que en la década de 1970 entra en explotación el principal yacimiento conocido hasta entonces, Loma de La Lata, que forma parte de la llamada Cuenca Neuquina. En los años ´90 del siglo pasado la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y los territorios que se habían ido configurando a la medida de sus necesidades, atravesaron un profundo proceso de transformación a partir de la privatización de la primera. Años después, tras el anuncio del descubrimiento del potencial en hidrocarburos de los llamados no-convencionales de la formación Vaca Muerta, el foco de atención vuelve a ubicarse en la provincia de Neuquén, ahora con la introducción de nuevas tecnologías –la llama fractura hidráulica o fracking–, la aparición de nuevos actores y consecuentemente, la proliferación de nuevos conflictos.
El departamento de Añelo, principal escenario de la avanzada de los hidrocarburos no-convencionales en la Argentina, es uno de los 16 que conforman la provincia de Neuquén, y es el de mayor extensión (11.655 km2, el 12.4% del territorio provincial). Su población alcanzaba los 10.786 habitantes para 2010, siendo su proyección actual la de unos 14.841 hab. En Añelo la producción agrícola se encuentra poco desarrollada, mientras que la ganadera es poco significativa, aunque se suele destacar el potencial que ambas actividades podrían alcanzar de tener los incentivos necesarios. La principal actividad económica del departamento es la explotación de hidrocarburos y las actividades comerciales y de servicios vinculadas a esta. Precisamente este departamento neuquino es la “punta de lanza” del Proyecto Vaca Muerta, cuya extensión se despliega en aproximadamente 30.000 km2 desde el sur de Mendoza hasta el norte de Río Negro, ocupando gran parte del territorio de Neuquén.
En ese marco, las comunidades mapuche asentadas hace décadas en la región, junto con los crianceros -pobladores no mapuche- resultan ser de los principales perjudicados y quienes resisten el avance de los proyectos hidrocarburíferos de tipo convencional y no-convencional. Los habitantes de estas tierras conviven desde hace años con explotaciones hidrocarburíferas (convencionales), que han ocasionado múltiples situaciones de conflicto y violencia, mas el auge de una nueva forma de extracción supone para ellos un cambio substancial en sus modos de vida y producción, debido a la forma intensiva y total en que el fracking hace uso del territorio. Los conflictos entre las comunidades mapuche y las empresas petroleras y/o el Estado son de larga data, pero el nuevo escenario plantea otros tantos nuevos desafíos.
En el departamento de Añelo la comunidad mapuche Campo Maripe es precisamente una de las que más ha visibilizado el conflicto, fundamentalmente a partir de un enfrentamiento directo con la empresa YPF y el gobierno provincial, las múltiples estrategias de defensa que vienen implementando en el último lustro y la persecución de la que son objeto. Este lof está constituido por aproximadamente 35 familias que habitan el territorio actualmente en disputa desde hace al menos un siglo. El avance de las explotaciones hidrocarburíferas sobre el mismo, entre otros factores, indujo a las familias a un proceso de readscripción y autoreconocimiento étnico a fin de proteger sus mundos de vida tradicionales y su permanencia en el lugar, proceso que no está libre de tensiones y contradicciones.
A partir de estos elementos suponemos relevante profundizar en el análisis de los procesos de construcción de autonomía de la comunidad, que acontecen en un marco de constante tensión, enfrentamiento y negociación con los actores hegemónicos con los que disputan el territorio. Los Campo Maripe llevan décadas conviviendo con las empresas petroleras y adaptándose a los designios de compañías inescrupulosas y gobiernos mercenarios. Con el paso de los años habían aprendido a coexistir, cediendo cada vez su poder de decisión y acercándose lentamente a un abismo sin retorno, hasta un punto de quiebre que implicó su identificación como pueblo indígena y la politización del conflicto. Las alternativas de esta disputa, el proceso de organización de la comunidad, las tensiones que se generan con los vecinos pobladores de Añelo, la trama de conflictividad de los años recientes son algunos de los aspectos que abordaremos en esta propuesta de trabajo, intentando interpretarlas como formas en que se cristaliza el conflicto extractivista en la Argentina actual.