La comunicación se centrará en el conflicto en Cataluña y la represión política. Se hará una presentación con datos de la represión policial y judicial, del movimiento independentista y de las instituciones catalanas, por parte del Estado Español, ante la exigencia y el propósito de ejercer el derecho a la autodeterminación que se ha planteado, en Cataluña, en estos últimos años. Se reflexionará sobre la deriva represiva del Estado Español, el recorte de derechos básicos como la libertad de expresión y el proceso de desdemocratització.
Estudiar, pues, la calidad de la democracia del Estado Español frente el conflicto catalán implica estudiar el grado de Estado de Derecho y del respeto a derechos civiles y libertades fundamentales frente las situaciones de protesta y desobediencia que han sucedido. Acciones de desobediencia que, en este caso, no sólo ha tenido que ver con la ciudadanía organizada, sino con las propias instituciones catalanas. El referéndum celebrado el 1 de octubre del 2017 es el claro ejemplo. Así pues, se pretende comprender, de forma rigurosa y sistematizada, el grado de regulación y de control de las actuaciones del poder político y judicial del Estado Español frente la protesta y la desobediencia. Por tanto, se trata de ver si el poder público, y específicamente el penal, ha quedado rígidamente limitado y vinculado a la ley en el plano sustancial (o de los contenidos penalmente relevantes) y en el plano procesal (o de las formas procesalmente relevantes) . El estudio de la calidad democrática obliga a comprender el grado de existencia de Estado de Derecho y, por tanto, de los principios garantistas que implica el derecho penal. El Estado de Derecho no es más que la reducción y la contención del poder punitivo en los límites menos irracionales posibles. Así pues, las garantías penales y procesales no pueden ser más que un sistema de prohibiciones para que el poder no pueda hacer abuso de su propio poder. Frente al Estado de Derecho, encontramos la excepcionalidad y un modelo antigarantista en que la interpretación de la ley penal se vuelve arbitraria y en que el proceso judicial toma un carácter subjetivo. Así, la comunicación tiene como objetivo principal comprender hasta qué punto el conflicto catalán ha supuesto o no un retroceso de principios democráticos básicos y, por tanto, si frente la exigencia del derecho a decidir, el derecho a la protesta y frente las acciones de desobediencia, el poder político y, en especial, el judicial han lesionado o no principios garantistas haciendo uso del exepcionalidad penal.
La comunicación se centrará, también, en entender la interacción entre represión y un movimento social que plantea el derecho a decidir y a generar procesos democráticos como un referendum. También se aportarán resultados sobre cuáles son las concepciones y marcos de interpretación política que se han hecho del concepto de democracia y del concepto de Estado de derecho que han servido como pretexto para justificar las actuaciones del Estado Español. La defensa férrea de la Constitución de 1978 ha sido el pretexto para justificar toda la acción política y judicial que se ha desplegado frente al movimiento independentista y las instituciones catalanas. Por lo tanto, esta investigación parte de la idea de que la comprensión de la actuación política y judicial sólo se podrá hacer si concebimos que el Estado no es inmutable y, por tanto, que es importante comprender su estrategia y su lógica represiva, sus marcos de interpretación y de significado, sus recursos, sus intereses y su identidad. A la vez, que se analizarán los marcos de intepretación y significado que definen y conceptualizan democracia por parte del movimiento por la autodeterminación de Cataluña.
La comunicación aportará resultados de una investigación que en estos momentos está en marcha y que apuesta por el pluralismo metodológico haciendo uso de las entrevistas a actores clave, de grupos de discusión, del análisis de la prensa y la construcción de una cronología de hechos y de la revisión de discursos políticos.