A partir de la última década, la creación y gestión de Areas Protegidas (AP) en el litoral argentino está experimentando transformaciones que llevan a modelos de mercantilización de la naturaleza, tales como mayores incentivos a la creación de AP privadas, expansión del turismo y procesos de tensión entre expulsión de poblaciones locales y generación de espacios de participación.

En este trabajo proponemos dar cuenta de determinadas tendencias que está tomando el vínculo entre Areas Protegidas y poblaciones locales en el caso de la Reserva de Biosfera Yabotí, en la provincia de Misiones (nor-este argentino), y que sirven para pensar las tendencias en la región. En el año 2014, en este AP se estableció un acuerdo destinado a resolver conflictos de larga data por la explotación forestal entre comunidades indígenas y empresarios forestales. Este caso es paradigmático no sólo porque constituyó el primer acuerdo institucional destinado a resolver un conflicto ambiental-territorial en un AP del norte argentino, sino también porque muestra el avance de formas de mercantilización de la naturaleza promovidas por corporaciones aliadas al Estado.

Analizamos este caso a partir de establecer una periodización en el desarrollo de las políticas de conservación en Misiones, siendo ésta la provincia argentina con mayor cantidad de AP. Distinguimos tres etapas, una primera de “conservación estricta”, basada en la creación de AP estrictas tales como los Parques Nacionales y Provinciales, donde predomina el control y sanción, y las comunidades locales son consideradas sobre todo como amenazas al ambiente.

A la segunda etapa la denominamos de “conservación integrativa”, donde se busca que las poblaciones locales participen en la gestión de las y AP, en base a programas de desarrollo sustentable y educación ambiental, con los que se pretendió resolver los conflictos derivados de la presencia de AP .

Y una tercera etapa de “conservación mercantil”, donde la resolución de conflictos está acompañada por la búsqueda de valoración económica del ambiente. En este trabajo desarrollamos en particular esta última etapa, que se encuentra en ciernes y donde hay dos ejes centrales. Uno es la propuesta de “participación” de las poblaciones locales en la gestión de las AP, con la que se buscan nuevas formas de gobierno del ambiente, y se apunta a soluciones consensuadas a los conflictos socio-ambientales. El otro eje radica en la imposición de una visión del del ambiente y los recursos naturales como “capital natural”, a ser explotados por el turismo. De manera que la participación de las comunidades locales queda supeditada a que se acepten determinada visión del ambiente.
En el modelo de conservación que se observa en la RBY se pretende que las comunidades locales sean reconocidas como dueñas de su territorio, como “guardianes de la selva”, pero sólo en la medida en que lo acepten como reservas de capital. Tal proceso puede entenderse a partir de la idea "conquista semiótica del territorio" (O ́Connor; 1997), donde ambiente, áreas protegidas, especies, hasta los genes, caen bajo la órbita del código de producción y de la ley del valor. Esto también implica una conquista semiótica de los conocimientos locales, que pasan a ser un complemento y puente a la conquista científica de la naturaleza. Asi las comunidades locales se convierten en "guardianes del capital natural, cuyo manejo es tanto su responsabilidad como una cuestión de la economía mundial" (O ́ Connor 153:1997). De manera que en el procesos aquí analizado las políticas de conservación llevan a que las comunidades locales sean reconocidas como dueñas de los territorios, sólo en la medida en que los acepten como reservas de capital, todo lo cual genera genera luchas y negociaciones que son analizamos en el presente trabajo.

En el tipo de modelo de conservación que se está gestando en la RBY, así como en otras AP del litoral argentino, la participación corre el riesgo de transformarse en una solución tecnocrática, donde individuos y grupos familiares son pensados como empresarios rurales o microempresarios, y la naturaleza sea vista como “recurso” o “capital natural”. Se espera de los individuos que desarrollen capacidades innovativas, y sean capaces de utilizar el capital natural para crear nuevos productos a ser ofrecidos en el mercado, por ejemplo cuando se promueve que las comunidades indígenas mbya-guaraní se integren al turismo ofreciendo artesanías, espectáculos “autóctonos”, o mano de obra de baja calificación en hoteles, posadas, restaurantes de la zona.

En el caso aquí analizado, la Alianza pretende dar cierre a décadas de conflicto entre comunidades mbya-guaraníes, empresas forestales y Estado, en la Reserva de Biosfera Yabotí. Pero devino de una larga historia de luchas indígena para el cese del desmonte y el cumplimiento de normas de conservación, sólo llegando a un acuerdo cuando la región comienza a ser valorada en términos económicos como recursos turísticos por parte del Estado y la empresa forestal que detentaba título de propiedad. Este acuerdo recién se alcanzó cuando se presentaron intereses empresariales que no eran opuestos a los de las comunidades, aunque tampoco eran coincidentes; es decir cuando los intereses empresariales por el desarrollo turístico superaron a los intereses forestales que sí eran opuestos a los intereses indígenas por el territorio.

La Alianza no constituyó el fin del conflicto, sino una delimitación de actores con los que negociar. Las comunidades que viven en tierras que no se consideran turísticas quedaron fuera de la Alianza, y su lucha por el monte quedó apagada en su baja capacidad de generar redes políticas. Por otro lado, se abrió un nuevo frente de conflicto por parte de pobladores colonos y urbanos, y sobre todo de guardaparques que se oponen a la construcción de un camino para ingresar a las tierras de destinadas al emprendimiento turístico y que atravesará el Parque Provincial Moconá, zona núcleo de la RBY.

Aquí la Alianza no se constituye en un espacio de libertad y deliberación, sino en un conflicto domesticado, se establece un horizonte donde se legitima a determinados oponentes frente a quienes hay posibilidades de negociación. Pero el antagonismo se traslada a otros sectores sociales no aceptados en el juego, mientras el acuerdo gobernabilidad pretende domesticar las tensiones por la tierra y la conservación.