De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos de América Latina, al año 2012 un 57% de las compañías mineras del mundo tenían su sede en Canadá. De los 4322 proyectos mineros al exterior de Canada, 1526 tenían lugar en América Latina y una parte importante de esos proyectos están situados en territorios indígenas.
De acuerdo al Informe Brand de Canadá, entre los años 2000 y 2015 28 de estas compañías mineras canadienses presentaron incidentes tales como 44 muertes en 11 países, 403 heridos en 13 países (de los cuales 363 se produjeron durante protestas y confrontaciones), 79 casos de criminalización en 12 países (recursos legales, detenciones) e impactos en los derechos de pueblos indígenas en cuyos territorios operan estas compañías mineras.
Además de las actividades de compañías mineras canadienses, también compañías del sector de hidrocarburos realizan sus operaciones en territorios indígenas de diversos países de América Latina.
A raíz de los conflictos producidos por estas compañías extractivas, un grupo de académicos, de activistas de organizaciones de derechos humanos y representantes de pueblos indígenas nos hemos venido coordinando, compartiendo experiencias y dialogando en diversos foros internacionales. Asimismo, nos hemos venido articulando con una red canadiense (la Red Panamericana sobre Derechos Indígenas y Gobernanza o PAIR-GN) que analiza la situación de los derechos indígenas en contextos de proyectos extractivos dentro de Canadá y en otros países.
En esta presentación grupal presentaremos resultados de los análisis de experiencias de proyectos mineros en territorios indígenas en Argentina, de proyectos de hidrocarburos en Bolivia y de proyectos mineros en Chile, todos los cuales corresponden a compañías extractivas canadienses. Además de los impactos en los derechos humanos de los pueblos indígenas, discutiremos acerca de las responsabilidades que tiene un Estado como el de Canadá sobre las inversiones de empresas que tienen sede al interior del país y que realizan sus operaciones en el extranjero.
En el caso de Argentina, en la provincia de Chubut los avances de la megaminería están presentes desde hace un par de décadas. Un plesbiscito popular en 2003 en la ciudad de Esquel -ubicada en la cordillera de la provincia- frenó este avance, pero empresas mineras canadienses siguen intentando llevar adelante la explotación con la anuencia del actual gobierno. Los movimiento de resistencia son notables, y las alianzas entre vecinos autoconvocados por el "no a la mina" y comunidades mapuche sigue evitando el despojo. Es interesante llevar adelante una reflexión alrededor de las potencialidades de alianzas de este tipo, entre comunidades indígenas y sus organizaciones y movimientos ambientalistas.
En el caso de Bolivia, los cambios constitucionales de la última década han abierto un nuevo contexto en la gobernanza de la extracción de recursos naturales, por ejemplo a través de la nacionalización de las empresas de hidrocarburos e importantes modificaciones en la legislación tanto minera como de hidrocarburos. Asimismo, desde el gobierno de Evo Morales se ha producido una reestructuración en la posición que ocupan los pueblos indígenas al interior del Estado. En el contexto de estos cambios, se han producido algunas experiencias exitosas aunque no exentas de conflicto, de implementación del derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas en casos de exploración gasífera. Por lo anterior, se hace relevante analizar los avances, pero también las tensiones que subsisten en la implementación de los derechos indígenas en casos de proyectos petroleros y gasíferos de empresas canadienses.
En el caso chileno, la minería corresponde a un sector importante de la economía que en los últimos años ha significado entre un 8% y un 14% del PIB. Las actividades mineras se concentran en el norte del país, principalmente en territorios de los pueblos Aymara, Quechua, Likanantay, Colla y Diaguita. Chile es ratificó el Convenio 169 de la OIT solamente en 2007 y pocos años después ya contó con importantes fallos de la Corte Suprema relativo precisamente a la no consulta de las comunidades indígenas del pueblo Diaguita por parte de la mina El Morro (entonces de GoldCorp). Se presentarán el trabajo realizado por el Observatorio Ciudadano en el caso de dos grandes proyectos mineros canadienses, la mina Pascua Lama y la mina Nueva Unión, que involucran a tres importantes empresas mineras (Barrick Gold, GoldCorp y Teck Resources). En el trabajo realizado en colaboración con comunidades diaguita se ha identificado que estos proyectos mineros han afectado los derechos a la tierra, territorios y recursos (especialmente al agua), los derechos a determinar sus prioridades en el desarrollo y a la autodeterminación, el derecho al consentimiento previo, libre e informado debido a la manipulación de las consultas efectuadas, y el derecho al medioambiente.