Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin excepciones, más allá de su color de piel, nacionalidad, orientación sexual, filiación política, condición migratoria, entre otras condiciones. En base a ello, los Estados deben proteger y respetar los derechos de todas las personas, más aun teniendo en cuenta las obligaciones que han asumido a nivel internacional y la normativa interna que puedan tener en defensa de los derechos humanos.

Dicha expectativa de defensa de derechos humanos se vuelve mucho mayor cuando se trata de sociedades democráticas, puesto que como señala Alexy, las sociedades democráticas no solo implican la realización de elecciones generales (democracias procedimentales), sino que también deben tener un contenido ético- político como lo es la defensa de los derechos humanos y la eliminación de desigualdades entre sectores de la población, generando espacios donde la población pueda aportar a esos cambios (democracia participativa).

En el caso de América Latina, los Estados no siempre se han regido por sistemas democráticos; sin embargo, hoy en día, se ve la tendencia de ir avanzando hacia dicha dirección. A pesar de dicho el avance no ha sido el mismo en todos los Estados Latinoamericanos, sobre todo en materia de Derechos Humanos.

Ante dichas situaciones, las obligaciones internacionales a las cuales se han obligado los Estados se constituyen como estándar para determinar cuándo un Estado estaría vulnerado o no derechos humano. En América Latina, en materia de protección de Derechos Humanos, tenemos el sistema interamericano, que tiene como base la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vienen desarrollando estándares dicha materia. En ese sentido, un Estado que se encuentra dentro del sistema interamericano, no podría alegar normativa interna para desprenderse de sus obligaciones internacionales. Ello, a pesar de tener orientaciones políticas u opiniones dirimentes.

A nivel internacional, los Estados han tenido la tendencia de obligarse a ratificar tratados e incluso han reconocido que existen reglas que, aunque no sean convencionales, se han vuelto obligatorias por las prácticas comunes de los Estados: las normas juscogens. Entre dichas normas están: la prohibición de la tortura, la discriminación racial, la prohibición de esclavitud, entre otros (no se trata de una lista cerrada).

Hasta este punto, hemos visto que existe un marco bajo el cual las sociedades democráticas se ven obligadas, tanto ética como legalmente, a respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, constituyéndose como Estados de Derecho. Los Estados de América Latina, que buscan consolidar sus democracias, deben ir hacia dicha dirección; sin embargo, una constante que se ha ido presentado en los últimos años y ha ido cobrando más fuerza ante el avance del reconocimiento de los Derechos Humanos es el llamado “populismo”.

Teniendo en cuenta las diversas acepciones que pueda tener el término populismo, en este texto, se utiliza la palabra populismo para describir la tendencia a apoyar medidas que en base a prejuicios, miedos, estereotipos, creencias propias, cuentan con la aprobación de un gran sector de la población. Ello, teniendo en cuenta que dicha opinión suele ser formada antes situaciones de incertidumbre hacia determinadas situaciones, sentimientos de inseguridad, desconocimiento u otros factores que hacen que dicha opinión no respete necesariamente lo establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los populismos actuales no tienen como objetivo ir en contra del gobierno, sino que, haciendo uso o desde el propio gobierno que ha sido elegido democráticamente, plantean sus demandas, generando que se paralice la elaboración de políticas públicas con enfoque basado en Derechos humanos, creación de normas para la protección de determinados grupos, reconocimiento de derechos, entre otros. Entonces vemos que los populismos modernos no rompen definitivamente con las instituciones de la democracia representativa, pero mantienen una posición ambigua frente a sus preceptos, como lo es la protección de Derechos Humanos de toda la población sin excepciones.

El fenómeno del populismo no afecta solo a América Latina. En 2017, Human Rights Watch emitió un informe expresando su preocupación por el retroceso a nivel mundial que ha existido en materia de Derechos Humanos, señalando que se tergiversa el contenido de Derechos Humanos cuando los algunos políticos sostienen que estos solo sirven para proteger a presuntos terroristas, migrantes, a expensas de la seguridad, el bienestar económico y las preferencias culturales de una supuesta mayoría. Bajo dicho discurso, grupos de intéres generan que la población culpabilice a determinadas minorías sobre problemas que el propio Estado no ha podido manejar, generándose discursos de xenofobia, racismo y/o islamofobia contra aquellos que consideramos una amenaza o no comprendemos.

Actualmente, el punto de apoyo esencial del populismo que se viene desarrollando en América Latina es la exis¬tencia de características socioeconómicas que afectan a la población como la pobreza, el analfabetismo, el propio desconocimiento, el desempleo, entre otros factores.

Para ejemplificar el retroceso en materia de Derechos Humanos se analizara como el populismo ha afectado los derechos humanos en los siguientes puntos y los grupos de interés que impulsan dicha corriente, constituyéndose una constante en los países latinoamericanos:

1) Represión violenta de las protestas: el populismo origina que se deshumanice a las personas participes de protestas, tildándolos de revoltosos y creando el imaginario que lo mejor que hacer en esos casos es hacer uso de la fuerza. Este imaginario puede surgir del propio Estado, que apoyándose en los medios de comunicación, tildan de terroristas a los partícipes en protestas, buscando desacreditar su objetivo. Ejm: protestas de estudiantes, protestas contra la impunidad, etc.

2) Derechos de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios: en América Latina existe gran población indígena que continuamente reclama el respeto de su territorio ante el avance de las empresas extractivas. Se desacredita su lucha al difundir estereotipos de que se trataría de personas que están totalmente en contra de la minería y, por ende, en contra del crecimiento económico. Ello genera rechazo por parte de la población y “legitimaría” al Estado a tomar medidas drásticas, además de deslegitimar las motivaciones de las personas que son vistas como “anti mineras”, entre ellos, los defensores de derechos humanos.

3) Derechos de las mujeres y población LGBTI: Los países latinoamericanos tienen una preponderante población católica; en ese sentido, se ha solido restringir los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo e ignorar las demandas de la población LGBTI, a pesar de existir un marco de protección de dichos derechos a nivel internacional. En este caso, los Estados no pueden sobreponer las opiniones de sectores de la población, entre los que se encuentran grupos religiosos, sobre los derechos de las y los afectados; sin embargo, lo hace para no generarse conflicto con dichos sectores.
4) Aumento de las penas y regreso a la pena de muerte: La violencia de género persiste en los países latinoamericanos; por ende, cada cierto tiempo un caso sobre violación sexual se vuelve mediático generando el rechazo de la población. Antes de llegar a esas situaciones, lo ideal sería que los Estados promuevan educación en el respeto mutuo de los derechos con enfoque de género para tratar de cambiar las sociedades machistas en las que vivimos; sin embargo, llegados hasta este punto, la primera solución y, probablemente la más sencilla, es que algún político llame a que se introduzca la pena de muerte para violadores, con el fin de ganar adeptos.
Se conoce que dicha propuesta es inviable dado que los Estados, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, se comprometieron a no crear más supuestos para la aplicación de la pena de muerte (Art.4 CADH) e ir gradualmente eliminándola. Ello genera que cada cierto tiempo voces señalen la necesidad de renunciar a dicho tratado.

¿Cómo combatir dichas situaciones? Si bien la primera respuesta que se nos viene a la mente es la mejora de la educación con el fin de empoderar a los ciudadanos en el respeto de derechos, a continuación se elaboraran propuestas en adición:
- Fortalecer la clase política en los países latinoamericanos: los partidos políticos llegan al poder en base a demandas populistas, perdiéndose de vista la necesidad de realizar cambios estructurales. En este caso el trabajo es del votante y la persona que busca ser elegido.
- Establecer diálogos entre el gobierno y los grupos que pueden ver vulnerados sus derechos: el conflicto entre un sector de la población y el propio Estado se da a causa de que no han existidos diálogos previos para tomar en cuenta su opinión. Este diálogo debe tener en cuenta el marco normativo en materia de Derechos Humanos y las obligaciones que los Estados deben cumplir a nivel internacional.

- Empoderar en la defensa de derechos a los grupos en condición de vulnerabilidad: un diálogo entre gobierno y sectores de la población no puede darse propiamente si es que la población afectada no se encuentra empoderada, es decir, conzca y defienda sus derechos.
- Uso de las nuevas tecnologías: los medios de comunicación refuerzan estereotipos hacia ciertos sectores de la población. Sin embargo, hoy en dìa las redes sociales se han convertido en un espacio donde las personas pueden compartir sus demandas. En ese sentido, el uso de las nuevas tecnología apra crear conciencia sobre vulneraciones de derechos puede ayudar a visibilizar su lucha.