A principios del siglo XXI, los procesos de integración en Sudamérica pasaron a una nueva etapa de construcción regional, incorporando otras dimensiones de trabajo, como la social y la política. Ese período fue denominado por diferentes autores como regionalismo posliberal o posthegemónico. El MERCOSUR avanzó notoriamente en la construcción jurídico- institucional vinculada al acceso a derechos para la ciudadanía regional. El bloque ha avanzado de forma gradual con la aprobación de inúmeros instrumentos que denotan la importancia de la ciudadanía regional para el bloque. A modo de ejemplo, podemos citar: el Acuerdo de Residencia a nacionales de los Estados Partes y Asociados; Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR; Sistema ARCUSUR de acreditación de carreras universitarias; el Plan Estratégico de Acción Social; y la Declaración Socio Laboral (2015), entre otros. Estos logros configuran los elementos más sustantivos en torno a la ciudadanía basada en derechos. Durante ese período (2003-2014), el MERCOSUR también ha creado diversos organismos regionales, como el Instituto Social, el Instituto de Política Públicas en Derechos Humanos, la Unidad de Apoyo a la Participación Social, el Alto Representante General del MERCOSUR y el Parlamento del MERCOSUR. Entre los temas de mayor avance relativo se encuentran aquellos vinculados a la libre circulación de personas en espacio regional y la concertación intergubernamental de aspectos vinculados a la política migratoria regional. El desarrollo de esos temas en el MERCOSUR tiene sus antecedentes con la creación de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI) en 1996, que años más tarde, dado la dimensión que ganó ese eje dentro del bloque, creó en su ámbito el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR (FEM).
En los primeros años la RMI tuvo su mirada puesta en los aspectos vinculados a la movilidad de personas en zonas de frontera y su relación a los aspectos de seguridad que dicha movilidad generaba. Cruce de datos de visas, intercambio de datos sobre radicaciones y expulsiones, censo de extranjeros y controles fronterizos fueron los principales temas de la agenda entre los años 1997 y 2000. A partir del inicio del nuevo siglo, se aprobaron algunas medidas tendientes a facilitar la libre circulación de personas en el bloque, como la eximición de traducción de documentos para trámites migratorios y el establecimiento de canales privilegiados de entrada en los aeropuertos para ciudadanos del MERCOSUR; y otras, relacionadas al combate del tráfico ilícito de migrantes. Fue el año de 2002, el punto de inflexión en materia de políticas migratorias en el bloque. Argentina presenta en el ámbito del Grupo de trabajo especializado migratorio el anteproyecto de Acuerdo sobre Residencia Permanente para Nacionales del MERCOSUR y Estados Asociados, que finalmente es aprobado con modificaciones ese mismo año como Acuerdo sobre Residencia para Nacionales del MERCOSUR, Bolivia y Chile. A partir de 2004, inúmeros temas pasaron a ser incorporados en la agenda migratoria del MERCOSUR y otros profundizados, como reglamentación relativa a tránsito de menores al interior del bloque, refugio, trata y tráfico ilícito de personas, regularización migratoria, plazo para permanencia en la condición de turista, documentos de viaje que habilitan el tránsito de personas en el bloque, tarjeta de entrada y salida migratoria, intercambio de base de datos sobre niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, simplificación de legalización de documentos, entre otros temas. Sin dudas, el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales del MERCOSUR, Bolivia y Chile, con posteriores Perú, Ecuador y Colombia, ha jerarquizado la producción normativa del MERCOSUR en lo que respecta la política migratoria de América del Sur.
Sin embargo, tras el reciente cambio de signo político en algunos gobiernos de la región a partir de 2015, el bloque regional parece apuntar nuevas prioridades, relacionadas a su dimensión comercial y de relacionamiento externo. La política migratoria de los países del MERCOSUR que tuvo grandes avances como política pública regional, por medio de la construcción de valiosos instrumentos jurídicos, como el Acuerdo de Residencia, empieza a ser atravesada por decisiones a nivel nacional que amenazan la libre movilidad regional. El intenso flujo migratorio actual desde el Mediterráneo hacía Europa, resultado de las crisis económica, social y política de las guerras en países del Oriente Medio, sumado a la ascensión de Donald Trump en Estados Unidos con un discurso de criminalización del migrante, ha derivado en ambos casos en el regreso de la securitización de las políticas migratorias. La amenaza a la seguridad nacional, el terrorismo y el nacionalismo permean discursos políticos en Europa Occidental, Estados Unidos y en los tiempos recientes empieza a “contaminar” las políticas públicas en América del Sur. El migrante y las fronteras pasan a ser asociados a la delincuencia. El presente trabajo pretende describir cómo el MERCOSUR contribuyó a superar las viejas políticas de seguridad nacional de los períodos autoritarios que prevalecieron en la región hasta los años 80, logrando importantes avances en política migratoria y ciudadana en los últimos 26 años. Al mismo tiempo, analizar los crecientes desafíos ante la necesidad de profundizar el proceso de integración en un contexto internacional adverso, donde la ciudadanía regional, en sus diferentes debates teórico-contemporáneos, se encuentra amenazada por discursos políticos de corte nacionalista y por un mayor énfasis en la seguridad de las fronteras.