Desafíos del migrante contemporáneo: seguridad, militarización y nuevos modos de soberanía en la frontera de Estados Unidos-México.
Esta presentación argumenta que la actual política migratoria de Estados Unidos establece maneras sin precedente de producción y punición de la ilegalidad. Nuevos modos de soberanía continúan reproduciendo antiguos proyectos de racialización alrededor de lo latino. La ejecución de fuerzas policíacas dedicadas a la migración ya no se limitan a aprehender presuntos inmigrantes a lo largo de la frontera física con México. En vez, nuevas tecnologías e intervenciones penales manejan cuerpos no-ciudadanos dentro de territorios nacionales. La forma más notable de este desarrollo de política migratoria es la emergencia de un sistema en el que el refuerzo policial habilita una militarización contingente. De esta manera, la policía local, las fuerzas fronterizas y las fuerzas militares se encuentran integradas con las operaciones diarias del sistema criminal. En los Estados Unidos contemporáneos las políticas que priorizan la deportación de “aliens criminales” justifica las operaciones de detención, deportación y eliminación de migrantes. Tal ejecución es propia del estado federal, más se extiende a discreción de agencias de leyes locales. Por otro lado, el régimen actual de políticas migratorias incita discriminación racial y violencia estatal en torno a sujetos migrantes y a aquellos percibidos como extranjeros latinos, lo cual en Estados Unidos tiene una larga historia de producción de diferencia racial como producción de lo ilegal. Los modos de ejecución de seguridad usa el estatus migratorio para implementar políticas represivas para detener a personas. Estas personas son usualmente proclive a ser percibidas como de ascendencia latina. Existe contundente evidencia de que las políticas estadounidenses han producido un perfil de criminalización de lo latino, lo cual conforma otro pilar central de nuevos regímenes soberanos
La era de Obama presenció una de las más tortuosas políticas migratorias hasta la fecha, con casi tres millones de individuos deportados, multas a firmas que emplean a migrantes, una alza considerable de arrestos a latinos por infracciones no delictivas y la expansión de condiciones carcelarias en centros de detención, entre otros. Sin embargo, en 2015, el presidente Obama reemplazó la retórica de Bush de “comunidades seguras” con un programa de prioridad en operaciones de seguridad, en la que el gobierno federal insistió en la persecución exclusiva de actos delictivos graves, parando así la detención y deportación de individuos que no representaran una amenaza a la seguridad pública o nacional. Supuestamente los Estados Unidos comenzaba una era de descriminalización del estatus inmigratorio ilegal. A pesar de que el actual gobierno ha intentado emular esta retórica en sus comienzos, declarando que los cometedores de crímenes violentos serán prioridad en la lista de operaciones anti-inmigrante, hoy es evidente que la nueva administración funciona con un principio distinto. En vez, vemos un sistema de control y persecución que busca desarticular los lazos de todo lo latino con el significado de nación. De este modo, lo que anteriormente se consideraba un asunto de seguridad fronteriza, hoy apunta a
la desestabilización de comunidades, lugares de trabajo y espacio público, generando un modo de soberanía que distribuye poder militar al interior de la nación. Mientras que el propósito de Obama era el de remover criminales peligrosos, investigación publicada en el
Journal of Law and Economics y Criminology and Public Policy Journal no encontró evidencia suficiente para aseverar que el crimen violento y asalto de propiedad subieran a causa de la presencia de migrantes. Este hecho confirma una tercera característica atribuible a nuevas formas de soberanía, la necesidad de proyección del poder del Estado cuando su eficacia es cuestionable. El exceso performativo es utilizado para diferir la atención de la inhabilidad de gobernar y de agendas políticas con un trasfondo de racismo.