En esta propuesta, un grupo de estudiantes, docentes y graduados voluntarios se proponen llevar a cabo un proyecto de intervención comunitaria, que aborde de forma integral la problemática del acceso a justicia en sectores poblacionales urbanos en situación de mayor vulnerabilidad, entendiendo a justicia no solo en lo referente a los órganos jurisdiccionales, sino en un sentido amplio comprendiendo todo tipo de procesos de defensa de derechos.
En dicho proyecto se integrarán tanto acciones de tipo formativas, investigativas y de servicios, orientadas a remover los obstáculos culturales, sociales y económicos que dificultan el acceso en igualdad de condiciones a los diversos procesos de defensa de derechos.
El desarrollo de las acciones se planifica con una metodología que permita un constante diálogo y desenvolvimiento conjunto entre el grupo voluntario y los miembros de la comunidad a intervenir y las instituciones con las que se articule; a la vez que, advirtiendo que las problemáticas sociales y jurídicas se presentan complejas y que no basta el derecho y los operadores jurídicos para su correcto abordaje, se propone una intervención articulada con el Trabajo Social y otras disciplinas que intervienen en la cuestión social.
A partir de aproximaciones previas que se tuvieron con la comunidad, se puede identificar que la comunidad que hoy se denomina como población-sujeto de intervención para este proyecto, se encuentra atravesada por diversas problemáticas. Teniendo en cuenta esto y las carreras afines que forman parte del proyecto, se definió como problemática la naturalización de la vulneración de derechos en sentido amplio, y en sentido especifico, se refiere, por un lado la naturalización de situaciones que no son identificadas como problemas jurídico, y por otro, la diferencia de percepción entre cuestiones legales y derechos que se observa en la población.
Objetivo General:
Facilitar a la comunidad el acceso a los mecanismos de protección de derechos. Fortalecer la formación de estudiantes, graduados y docentes desde la intervención interdisciplinaria e intersectorial.
Objetivos Específicos:
- Contribuir a la formación del uso de herramientas jurídicas en los miembros de la comunidad para la identificación de sus derechos y resolución de sus problemáticas comunitarias. - Determinar las problemáticas de derechos y de acceso a justicia que la comunidad posee empleando técnicas de diagnóstico e investigación. - Facilitar el acceso a los procesos judiciales mediante el asesoramiento y la derivación responsable de casos, y promover la mediación como práctica alternativa en la solución de conflictos - Promover en estudiantes, graduados y docentes herramientas de intervención que integren el análisis de cuestiones jurídicas desde la interdisciplinaria.
El proyecto responde a una metodología participativa triangular cualitativa-cuantitativa para poder responder a los objetivos de este. El proceso metodológico constará de tres momentos: Inserción- Diagnóstico – Planificación, los cuales se presentan de manera secuencial durante el proceso de intervención.
Metodología.
En el primer momento, Inserción, se realizará el primer acercamiento a la trama social donde desarrolla la vida cotidiana los sujetos. Se pretende iniciar el conocimiento del contexto particular desde el cual se ejecutará el siguiente proyecto. Se busca conocer al contexto, la comunidad y a los actores con el fin de reconocer la viabilidad y factibilidad de éste trabajo; es decir saber reconocer el “sobre qué” intervenimos. Cabe aclarar que el conocimiento del campo de actuación se va profundizando a medida que transcurre la intervención y en la medida que se posibilita un mayor manejo de información. El objetivo de éste primer momento es el acercamiento a los sujetos y a las instituciones del barrio elegido. Las técnicas que se emplearan para el conocimiento de estos serán: • Lectura de archivos: proyectos barriales anteriores, programas, entre otros. • Observación participante. • Dialogo informal. • Investigación bibliográfica. • Entrevistas. Segundo momento –Diagnóstico: éste implica la re-elaboración del conocimiento obtenido durante la inserción, el cual implica definir teóricamente el objeto de la intervención, mediante la utilización de categorías teóricas. El método empleado será el diagnóstico participativo, el objetivo es lograr la elaboración con la participación de la comunidad (sujeto beneficiario). Pasos siguientes: • Identificar: Problemáticas jurídicas-sociales, recursos, actores claves.
• Elaborar un plan de acción. • Procesar la información recogida. • Socializar los resultados del diagnóstico. La finalidad del diagnóstico será siempre direccionar de forma más viable el proyecto. Las técnicas que se utilizará para éste momento serán: entrevistas, encuestas, árbol de problemas, talleres grupales, mapas, entre otras. Tercer momento- Planificación, Momento operativo del proyecto, donde se definirá: población beneficiaria, plan de actividades, cronograma de actividades, recursos, presupuesto, evaluación del proyecto.
Fundamentación.
Para la consecución de ambos objetivos, se parte de una postura crítica del Formalismo Jurídico, al entender que el Derecho debe enseñarse y luego ejercerse, primero, poniéndose como principio rector de todo el plexo normativo a la noción de Justicia -que en nuestro ordenamiento jurídico positivo se encuentra plasmado en el bloque de constitucionalidad federal1–, y segundo, teniendo presente lo que sucede en la sociedad, las demandas y problemáticas de ésta, cómo se desenvuelve el Derecho en ella y cómo opera en la consolidación de una democracia constitucional.
Para ello, se propone adoptar una concepción constructivista2 del Derecho. La misma entiende al Derecho como una práctica social, puesto que al desplegarse se convierte en un dispositivo que entra en juego con las costumbres, la cultura, la política y los contextos socio-económicos que dan “forma” a los vínculos sociales –que son los que regula el Derecho- tanto a nivel individual como institucional.
Es decir, que al “entrar en juego”, interfiere en las relaciones sociales, pero y al mismo tiempo es “interferido” por ésta. El Derecho puede y debe ser interpelado tanto en su impacto social –la forma en que es tomado por la sociedad- como en las críticas que desde las prácticas sociales se hacen de su desenvolvimiento.
Esta interpelación marca la forma en que entendemos debe enseñarse (como proceso dialógico de aprendizaje/enseñanza) y ejercerse –interpretarse, discutirse y proponerse- en el ámbito de la Justicia, tanto “Judicial” como “cotidiana” o “No judicial”.
¿Por qué Justicia y su acceso?
Porque como operadores jurídicos, la Justicia como valor y práctica deseada en una democracia constitucional asentada en la protección y vigencia de los derechos humanos, es el ámbito profesional y académico propio y pertinente. Como operadores jurídicos que desarrollan su actividad, es la Justicia el campo de estudio e intervención más pertinente para graduados de una Facultad de Derecho.
En el caso particular, la problemático de su acceso –que se pretende igualitario y en su mayor alcance- es de central importancia, puesto que en ella está comprometido la vigencia y robustez de un Estado de Derecho democrático y constitucional, que es ni más ni menos la razón de ser de todos los operadores jurídicos, y quienes se forman para serlo, tanto en su actividad laboral/profesional como en su esfera académica.
En resumen, el acceso más pleno e igualitario a Justicia, hace al interés más cabal de todos los actores jurídicos, especialmente una Facultad de Derecho de la universidad pública. Es por ello que su problemática es escogida para elaborar un proyecto de extensión universitaria.
¿Qué proponemos?
Para ello, pensamos:
- Una intervención comunitaria dirigida desde el Trabajo Social:
La intervención comunitaria permite repensar la Justicia como práctica social y al Derecho en su efectividad y vivencia. Sólo desde su análisis e interpelación, se propone luego las acciones que permitan mejorar los niveles de efectividad de los derechos y de la Justicia.
- Una metodología de intervención que parta de un diagnóstico previo.
- Un proceso participativo en conjunto con la comunidad.
Actualidad.
En estos momentos, la propuesta fue aprobada como un proyecto de “Voluntariado Universitario” por el Ministerio de Educación de la Nación, y al mismo tiempo integra el proyecto “Derecho a mis derechos” junto a otros institutos de la Facultad recientemente aprobado por el Ministerio de Justicia de la Nación.