En los últimos años los Estados democráticos se han visto confrontados con dos cambios muy significativos en sus bases operativas, que plantean formidables retos políticos:
- Una profunda crisis de confianza en democracia representativa, encarnada sobre todo en los partidos políticos, pero transmitida con cada vez más fuerza a las propias instituciones del Estado. Es una crisis que se expresa, por un lado, en una fuerte desafección política; por otro, en la búsqueda de caminos para revitalizar la democracia, como la participación ciudadana o la transparencia.

- Vertiginosos avances, con una paralela reducción de costes, en las tecnologías que hacen posible la generación, procesamiento, análisis y transmisión de datos. Son avances que entrañan nuevos modelos de producción y de consumo, de docencia y aprendizaje, de ocio y de organización familia; en definitiva, un nuevo tipo de sociedad; y también de Estado.
Ante estos fenómenos cabe preguntarse hasta qué punto y en qué sentido están relacionados. ¿Es la mayor disponibilidad de información una cura para la democracia, o la causa de sus males? El discurso más común entre los actores políticos tiende a enfatizar la relación positiva entre el uso intensivo de los datos y la calidad de la democracia. Aunque se tiende a obviar que tal virtuosa relación presupone una democrática y eficaz gobernanza de los datos por parte de los poderes públicos (Parkhurst 2017).
En un mundo crecientemente urbanizado, las ciudades han acentuado su rol como actores políticos en la escena nacional e internacional. Ante falta de compromiso y/o de reflejos de los Estados para afrontar las grandes transformaciones, a menudo son las grandes ciudades las que intentan plantear políticas alternativas (Barber 2013).
Tal es el caso de Barcelona (Cataluña, España). Contando con una población de 1.650.000 habitantes (aunque el continuum urbano supera los 3,5 millones y el área metropolitana los 5,5), desde la recuperación de la democracia en 1979 el Ayuntamiento ha mostrado una fuerte determinación para implicarse e innovar en los diversos campos de política pública.
En esa ciudad durante el mandato 2011-2015 un nuevo gobierno municipal de tendencia liberal apostó fuertemente por el concepto de “Smart city” como idea fuerza para aplicar el potencial de la digitalización a la mejora de la gestión municipal. Fue una aproximación innovadora, pero también excesivamente tecnocrática y desprovista de valores públicos. Se forjaron alianzas con grandes empresas del sector para desarrollar macroproyectos que, en muchos casos, no dieron el resultado esperado y, en el peor de los casos, supusieron una pérdida de control de información sensible por parte de los poderes públicos.
En las elecciones de 2015 se produjo otro vuelco electoral, y un partido nuevo, la coalición de izquierda Barcelona en Comú, consiguió la alcaldía. Se formó un gobierno municipal con un programa basado en la defensa de los derechos sociales y de ciudadanía, así como en la recuperación de “soberanías” por parte de la ciudadanía. Soberanías que pasan por una mayor implicación ciudadana en la toma de decisiones y un control y uso público de los datos y la información generada en los ámbitos institucionales. A su vez, existe la voluntad de preservar los elementos valiosos del paradigma de la ciudad inteligente. Esto es, aquellos que ofrecen un potencial de mejora de las políticas y los servicios municipales mediante el aprovechamiento de las crecientes capacidades de captación y análisis de datos.
Siguiendo esta lógica, y a pesar de gobernar en minoría, Barcelona en Comú ha aprobado y desplegado un remarcable número de iniciativas en estos ámbitos. En noviembre de 2015 se aprobó el proceso participativo para la elaboración del Programa de Actuación Municipal (PAM) i de los Programas de Actuación de los Distritos (PAD) 2016-2019. Para llevarlo a cabo se creó la plataforma digital de participación DecidimBarcelona (https://www.decidim.barcelona/?locale=es). A finales de ese mismo año se creó la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas, complementado con un plan de mejora de la transparencia presupuestaria. En octubre de 2017 se aprobaron las nuevas Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana. En octubre de 2016 se aprobó el Plan "Barcelona Ciudad Digital”, basado en el concepto de “soberanía tecnológica”, desplegado hasta ahora mediante las directivas sobre digitalización abierta (octubre de 2017) y de gestión ética y responsable de los datos (Barcelona Data Commons, febrero de 2018).
La ponencia pretende hacer un balance de estas políticas, profundizando en la relación existente entre los discursos y las prácticas en torno a “datatificación” y en torno a la participación.

Barber, Benjami R. (2013): If Mayors ruled the World. Dysfunctional Nations, Rising Cities. Yale University Press: New Haven & London.
Parkhurst, Justin (2017): The Politics of Evidence. From evidence-based policy to the good governance of evidence. Routledge: New York & London.