Con esta propuesta buscamos poner en discusión algunos avances y reflexiones en torno a las paradojas y ficciones que acompañan a las prácticas y los discursos de la reinserción social de las personas privadas de libertad y que hemos desarrollado tras varios años de trabajo con las personas encarceladas de algunas cárceles del sur de Chile.
Hablamos de paradojas y ficciones del discurso de la reinserción, pues, sostenemos, que los esfuerzos que desarrollan los equipos técnicos que trabajan con los privados de libertad se ve anulado por la lógica general de seguridad que cruza al régimen carcelario, por las condiciones infrahumanas en las tienen que vivir y, por último, porque el mandato de la reinserción, al cual debe obedecer el régimen penitenciario, es una ficción discursiva que está desconectada de las condiciones de ingreso del sujeto encarcelado lo que impide analizar y se discutir en torno al aumento de la exclusión que comienza a acompañar a la persona que cumple condena y retorna al medio libre.
En este trabajo sostenemos que las prácticas institucionales de la reinserción son ante todo una ficción discursiva y, por tanto, irreal. También gruesamente sostenemos que dicha ficción discursiva se transforma en una cuestión necesaria, pues es a través de ello que se invisibilizan las prácticas del horror y se transfieren al ámbito de la responsabilidad individual la continuidad repetitiva de las prácticas delictuales.
El trabajo se funda en un extenso trabajo de carácter cualitativo en el que se escuchan con mucha intensidad las voces de las personas privadas de libertad y es, a través de ellas, que ingresamos al conocimiento de la vida interna de la prisión verdaderos. Una segunda fuente de información son los documentos oficiales generados por los responsables del régimen penitenciario, y a los cuales se tuvo acceso haciendo uso de la ley de transparencia. Por último, forma parte de las fuentes de información una encuesta que fue aplicada en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Osorno (Chile) y con la cual se logró mirar cuantitativamente mucha de la información a la cual solo habíamos tenidos acceso bajo aproximaciones cualitativas.
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Una de los puntos de partidda de este trabaio es que los encarcelados son los desechos humanos necesarios producidos por las maquinarias económicas y políticas modernas de la desigualdad y la exclusión social y, por ende, la cárcel es, de suyo, un dispositivo con el cual se gestiona la pobreza producida por el propio el orden económico y político.

De ahí que sepamos, por ejemlo, que el 67,6% de las personas privadas de libertad, antes de ser recluidas, eran la principal fuente de ingresos familiares. El 55% declara haber cometido un delito como una forma de proveer las necesidades económicas familiares. El 47,3% cometió su primer delito antes de cumplir 14 años y el 33,2% tuvo su primera detención antes de cumplir esa edad. Respecto del nivel educacional el 86% tiene formación escolar incompleta. De ese porcentaje el 32,7% desertó del sistema escolar por haberse iniciado tempranamente en el mundo del trabajo y el 32% por problemas familiares. Del total de las personas privadas de libertad el 29,3% de las madres de ellos tuvo educación básica incompleta. Respecto de la protección en salud el 31,6% no posee ningún tipo de previsión y el 60,9% está inscrito en fonasa. Un dato relevante es que el 42,5% estuvo en centro de menores. De esos el 64,7% abandonó el hogar entes de cumplir 18 años y el 67,9% tuvo padre o madre privado de libertad durante su infancia y/o juventud. (Paz Ciudadana, 2015). Con todos estos datos se puede, en consecuencia sostener, que mayoritariamente la población penitenciaria pertenece a un tronco histórico familiar que ha estado inmerso en la pobreza y la exclusión social. Se trata también del sector con menos posibilidades de revincularse socialmente debido al fuerte componente estigmatizador que cargan (Goffman, 2008; Waqcuant, 2004).

Las prácticas delictuales comienzan en la infancia y afecta a grupos sociales específicos. Es un hecho sabido que los centros de menores no logran cumplir su labor psicosocial preventiva y reparadora, que la cárcel no reintegra y que, para un porcentaje importante de la población encarcelada, se trata de una práctica social que se sigue repitiendo familiarmente (INDH, 2017; Paz ciudadana, 2015; Codoceo, Ampuero, 2016). Las prácticas delictuales no son, en este sentido, el resultado de un proceso de autogeneración espontánea; tampoco son un efecto mecánico deducible de los elementos contextuales. Son prácticas sociales comlejas, que se despliegan contradictoriamente en contextos de violencia y se nutren, asimismo, de la ausencia de políticas públicas integrales.

En suma, en este trabajo volveremos a discutir sobre el problema de delicuencia, la relaciòn directa que tiene con la exclusión social y cómo las políticas actuales no son más que gestos que estetizan la brutalidad de los centros carcelatios pero que, en ningún caso, de manera global, están aportando a generar procesos de revinculación social.