En los últimos años el post empiricismo ha emergido en el campo del análisis de las políticas públicas a partir del llamado giro discursivo. Este enfoque parte del construccionismo y pone su mayor énfasis en los factores cognitivos, discursivos, argumentativos y narrativos. Según esta corriente, las políticas públicas están también influenciadas por los discursos con los que se define el problema de la política. Esto contribuye a explicar las soluciones escogidas y la causa de los problemas (Cejudo, 2010).
Los constructivistas consideran que “la interacción entre individuos genera significados compartidos que, al mantenerse en el tiempo, se vuelven estructuras estables, que pueden tomar la forma de instituciones u organizaciones” (Cejudo, 2008). Uno de los ejemplos más claros que representa esta situación, es la función de la pena que durante los últimos años se construyó en Colombia a partir de la interacción y la producción simbólica y discursiva de ciertos actores, lo cual generó la implementación de la idea suprema de una función retributiva de la pena, asumida por el conjunto de la sociedad.
Existe actualmente una preferencia por “las narrativas políticas donde se destaca la responsabilidad y voluntad personal por encima del contexto social y las restricciones estructurales a la libertad” (Simon, 2011). Así, se desacreditan las explicaciones sociales sobre el problema del delito, pues se cree que estas eluden la responsabilidad individual. Estos análisis corresponden a un complejo lógico basado en los enfoques racionales de política pública.
En el caso de la delincuencia común, y especialmente del hurto callejero, ha sido el argumento del bien supremo de la seguridad, y del castigo como forma de reparar el daño causado, lo que ha primado en la definición de directrices de políticas públicas por encima de los datos empíricos que demuestran que la delincuencia a pesar de las medidas punitivas que se han implementado, sigue en aumento.
En Colombia, desde que el actual Código Penal fue aprobado el 24 de julio del 2000, ha sido modificado en por lo menos cien ocasiones. Uno de los delitos que más ha variado en su tipificación es el hurto. Durante los primeros siete años del Código Penal, fue reformado en cuatro ocasiones, principalmente en lo relativo a la tasación de la pena. Pasó de una pena mínima de 36 a 72 meses, lo que representa un aumento del 100%; y la pena máxima pasó de 96 a 168 meses, un aumento del 75%.
Posteriormente, se dieron tres reformas sobre el procedimiento que se debía aplicar para procesar penalmente a las personas que se hubiesen apoderado de una cosa ajena. La última de estas reformas fue a través la ley 1826 de 2017, la cual estableció el procedimiento especial abreviado para, entre otras conductas punibles, el hurto. Esta norma es conocida como la Ley de “Pequeñas Causas”.
Pese a todas estas medidas, el aumento de la criminalidad fue constante.
En el año 2000 se encontraban 11.963 personas privadas de la libertad por el delito de hurto en sus distintas modalidades. En el año 2016 (último reporte existente), la cifra aumentó a 29.205, lo que representa un incremento del 144%. Por su parte, las noticias criminales para el delito de hurto y hurto agravado en la Fiscalía General de la Nación - FGN pasaron de 3.811 en el 2005 (la FGN presenta los datos desde esta fecha, dado que corresponden a los registros de las noticias criminales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por presuntos hechos delictivos que se conocieron partir de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004), a 28.196 en 2016. Esto aumento del 639% en las noticias criminales de hurto, puede obedecer a cambios en los mecanismos para facilitar la denuncia ciudadana, y también al aumento de la comisión de este delito.
Este aumento exponencial de la población privada de la libertad, y a su vez, de las noticias criminales, se debe entre otras causas, a las narrativas que han promovido incentivar la cárcel como la principal respuesta ante el problema social de la delincuencia común.
Para identificar dichas narrativas y su impacto en la generación de estructuras estables en el escenario de las ideas, se analizaron las noticias emitidas en los dos noticieros televisivos con mayor audiencia en el país, RCN y Caracol, sobre hurto a personas emitidas desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2016, periodo en el cual se realizaron los debates legislativos de la Ley 1826.
En total se registraron 708 noticias, de estas, 506 fueron emitidas por Caracol y 202 por RCN. Esto se puede comprender identificando las diferencias de cada uno de estos medios. El primero, es propiedad del grupo empresarial Julio Mario Santodomingo, y tiene características que lo hacen más amarillistas, aunque favorable al gobierno Santos. En cambio, RCN, de Ardila Lule, dedica mayor tiempo de emisión a noticias políticas, especialmente a la crisis en Venezuela, el terrorismo y el narcotráfico.
Para analizar la respuesta penal y punitiva del Estado ante el problema del hurto callejero, es fundamental identificar el uso y la comprensión de las narrativas política y mediáticas como espacios de problematización entre actores para la constitución de lineamientos de política pública. La promoción del discurso de la culpa individual y exclusiva del “victimario”, es acompañada por declaraciones en las que se invoca frecuentemente los sentimientos de la víctima, de la familia de la víctima o de un público temeroso e indignado que pide nuevas leyes o políticas penales más represivas, lo cual ha generado un escenario de profundización en el tratamiento penal a la pequeña delincuencia.
Analizando las referencias que las noticias hicieron sobre el aumento o disminución del hurto a personas, se encontró que 97 noticias manifestaron que había un aumento en la delincuencia y 38 señalaron por el contrario, que estaba disminuyendo. Los meses en los que más se hizo referencia al aumento el hurto, fue en agosto (13 registros) y septiembre (12 registros) de 2015, y septiembre (13 registros) de 2016. Mientras que los meses en los que más se hizo referencia a la disminución del hurto fue en octubre (4 registros) de 2015 y octubre (6 registros) de 2016. Si bien el número de registros que hacen referencia al aumento o disminución del hurto es escaso en relación con el número global de noticias analizadas, no se puede perder de vista el lugar que ocupa la sobrexposición del delito en la generación de ideas comunes de aumento de la inseguridad.
De manera paralela en esos meses, la firma encuestadora Gallup registró lo siguiente: en agosto de 2015, el 83% de los encuestados consideró que la delincuencia estaba empeorando, y para septiembre de 2016, el porcentaje fue del 77%. Mientras que en octubre de 2015, el mes que más registros mediáticos hubo sobre la disminución del hurto, el 79% consideró que la delincuencia estaba aumentando, y en octubre de 2016 fue de 77%. Sumado a esto, es importante señalar que durante las encuestas que hizo Gallup en el periodo de análisis de esta investigación (agosto 2015 y diciembre de 2016), en promedio, el 81% de los encuestados creía que la seguridad estaba empeorando.
Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló que en 2015 la percepción de inseguridad fue del 62,4% mientras que la victimización real fue del 18,8%. En el año 2016, la percepción fue de 62,7% y la victimización real de 16,7%. Esto significa que a pesar de que disminuyó la victimización real, aumentó la percepción de inseguridad.
Las medidas que solicitaban los ciudadanos entrevistados o a las cuales hacían referencia los medios de comunicación para solventar la criminalidad, fueron las siguientes, según el número de registros: aumento de la presencia policial (44), aumento de la denuncia (25), aumento de cámaras (5), más iluminación (2) y aumentar las penas (2).
43 registros señalan que las personas tenían antecedentes judiciales o estaban cobijados con alguna medida de aseguramiento. Siendo uno de los temas más representativos en la muestra analizada. Al respecto, es importante analizar que en el transcurso de los debates legislativos varios parlamentarios señalaron que: “La percepción de inseguridad surge de que la gente no puede transitar por una calle tranquila porque sabe que se va a encontrar al delincuente que, sin ningún tipo de reato y sin ningún tipo de sanción social diferente a una condena que no pesa para nada, vuelve a la calle a seguir ejerciendo su actividad delictual y, en esa medida, yo dejo planteado ese inconveniente; no estamos generándole a la sociedad la seguridad de que esa persona queda aislada de la sociedad. Por el contrario sigue quedando expuesta” Varon Cotrino, senador de la República.
Las reformas, que han implicado un endurecimiento de las medidas punitivas de la política criminal, se han adoptado principalmente por la necesidad de responder a fenómenos de opinión pública, en los cuales los discursos políticos y mediáticos han configurado una narrativa hegemónica donde la pena para el problema social del hurto se debe dar por razones retributivas. Esto ha generado el desarrollo de una política criminal reactiva y populista, que profundiza el uso de la privación de la libertad como medida de castigo para el hurto callejero.