El avance de la industria extractiva en larga escala, así como las inversiones en producción de energía e infraestructura asociadas a ella, han configurado el régimen de dominación y explotación colonial. Para su implementación se han averiguado prácticas que van desde operaciones militares y financieras a la producción de energías renovables, pasando por diversas maniobras que ponen en evidencia la sistemática instrumentalización de los estados, a través de la corrupción o de sofisticados mecanismos de legalización del despojo. Frente a la reproducción sistemática de acumulación primitiva, emergen movimientos de resistencia en defensa de la vida y del territorio, perpetrados por pueblos indígenas de Centroamérica, así como de otros espacios de América Latina. Se establecen dinámicas que, mucho más que disputas por la tierra o por el control de los recursos materiales, se tratan de confrontaciones asimétricas de modelos civilizatorios sustancialmente divergentes.
Al tener en cuenta que la definición de límites territoriales bajo el control de actores sociales distintos, implica en la implementación de modelos diferenciados de gestión de la vida, este ensayo ubica al centro del análisis dos aspectos que tienen el poder de evidenciar el carácter ontológico y al mismo tiempo epistemológico de una mirada crítica sobre la disputa por el control de los espacios en la definición de políticas de desarrollo. Tomaremos, por lo tanto, la criminalización de líderes comunitarios y algunas vías de resistencias en el norte del departamento de Huehuetenango, en Guatemala, como casos emblemáticos de las trayectorias de violaciones de derechos, identificadas en intentos de implementación forzosa de hidroeléctricas en el istmo centroamericano.
Por un lado, evidenciase la construcción de un imaginario colectivo que no solo trata de deslegitimar determinados actores sociales, sino que busca criminalizarles por su actuación política. O sea, se establecen elaboraciones discursivas, vehiculadas por medios de circulación masiva, que además de identificar en los opositores a la implementación de determinadas inversiones transnacionales el imagen de las miserias sociales y económicas del país, les culpabiliza por las falacias de un modelo de desarrollo que, al extraer la tierra, la sangre y el sudor de los pueblos, favorece la concentración de recursos materiales para el usufructo de los países del norte global y, más recientemente, de las élites de las llamadas economías emergentes. En ocasiones en las no se obtiene suficiente impacto con la construcción de enemigos públicos, que supuestamente cargarían la bandera del "antidesarrollismo", utilizase dispositivos judiciales para imputarles crímenes muy graves, tales como plagio y secuestro, ocasionando incluso encarcelamiento en carácter preventivo, sin que se presenten pruebas de involucramiento en ninguna práctica delictiva. Estos mecanismos de instrumentalización del estado y judicialización de las disputas políticas, vienen siendo denunciados por diversas institucionales locales y organismos internacionales de defensa de Derechos Humanos.
Por otro lado, vienen construyéndose una serie de dinámicas comunitarias, tales como el establecimiento de medios de comunicación alternativos, con radios y periódicos digitales, la realización de consultas comunitarias e incluso la emergencia de un gobierno plurinacional. Las reflexiones construidas en estos espacios, combinan elaboraciones acerca de posibles vías de desarrollo no capitalistas, en un fluido diálogo con expresiones de identidad que se enfrentan al racismo, así como profundas críticas de mujeres que reivindican sus derechos sobre sus cuerpos, frente a las lógicas coloniales y el patriarcado vigente.
Dichos aportes han estado impulsando una necesaria revisión de las teorías marxistas más ortodoxas, y sus expresiones más fuertemente vinculadas a las relaciones de clases, repensando también los estudios acerca de las dinámicas identitarias, que van desde las elaboraciones más esencialistas acerca de la ancestralidad a las críticas feministas, pasando por concepciones constructivistas que dan destaque a las fronteras y a la percepción de la alteridad o la consideración de las interseccionalidades, ocasionando un impacto significativo en los análisis acerca de la definición de los mecanismos de control de los espacios y la construcción de las territorialidades.
En este sentido, académicos de diversas áreas venimos trazando vías de análisis que han privilegiado diálogos con las y los protagonistas de movimientos de resistencia, sin dejar de tener en cuenta los discursos elaborados por las administraciones públicas o sectores de la iniciativa privada, vehiculados por medios de comunicación masificados o alternativos. A partir de ello, han emergido análisis acerca de los mecanismos que han favorecido la subordinación de los más diversos modos de vida y regímenes de reproducción de la vida material, social y cultural a las estructuras que han dado cuerpo a la modernidad, destacándose las relaciones de clase, las desigualdades de género y el racismo.
Al igual que las percepciones acerca de las identidades, las políticas territoriales diseñadas para establecer parámetros de distribución de los recursos materiales y acceso diferencial a las estructuras de poder, son también dinámicas, y las estratégicas definidas por los actores sociales en cuestión, se definen de manera relacional. Por lo tanto, se hace imprescindible poner en evidencia las interrelaciones existentes entre la criminalización de líderes y movimientos sociales, para favorecer las prácticas de despojo sistemáticas, y los caminos de resistencia trazados desde los espacios comunitarios.