Las migraciones intrarregionales en América del Sur son históricas y resultado de procesos locales y globales. Impulsados por razones económicas, políticas o sociales, cada vez más ciudadanos suramericanos cruzan las fronteras de sus países y buscan mejores oportunidades en otros Estados de la región. Los desplazamientos humanos de estos circuitos comparten características con los flujos migratorios en dirección Sur-Sur, pero presentan también algunas especificidades que merecen mayor atención y obedecen a dinámicas regionales. Así, por ejemplo, desde finales del siglo XX e inicios del XXI, la movilidad humana intrarregional se ha visto influenciada y, en diversos casos, facilitada por acuerdos bilaterales o multilaterales, así como por políticas migratorias relativamente liberales vigentes en determinados momentos en países como Argentina o Ecuador. En este contexto, el papel de los procesos de integración regional ha sido esencial. Tanto el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), como la Comunidad Andina de Naciones y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a partir de su fundación o como resultado de su evolución y profundización, han promovido diversas medidas que buscan, por lo menos teóricamente, promover la libre circulación y residencia de personas y asegurar derechos para los migrantes y sus familias. Partiendo de estas premisas, esta ponencia tiene el objetivo de realizar un balance crítico de las políticas promovidas por los tres procesos mencionados en relación a la movilidad humana.
En América del Sur, los antecedentes de cooperación en materia migratoria surgen entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y se expresan en Constituciones, leyes y acuerdos regionales que reconocen derechos especiales para los ciudadanos de la región (RAMÍREZ, 2016; ACOSTA, 2017). La cooperación en este campo aumentó con el surgimiento de la CAN y, posteriormente, del MERCOSUR y de la UNASUR (VILLARREAL, 2017). Las modalidades y enfoques utilizados por cada proceso en relación a la movilidad humana, especialmente intrarregional, son heterogéneos y presentan diversos niveles de profundidad. Más allá del reconocimiento de derechos sociales y garantías de no discriminación, especialmente para los trabajadores de la región o para los habitantes fronterizos, los instrumentos creados para facilitar la circulación y residencia de personas incluyen documentos comunes para los ciudadanos de la región, facilidades administrativas y exención o reducción de tasas en materia de inmigración o extranjería. Además, en virtud de consensos y compromisos, los tres procesos de integración regional han dado lugar también a la creación de proyectos de ciudadanía regional: Decisión N. 1343/2015. Estatuto Andino de Mobilidad Humana; Decisión N. 64/2010. Estatuto de Cidadania del MERCOSUR y Resolución N.14/2014. Informe conceptual sobre Ciudadanía Suramericana.
En esta ponencia, mediante revisión de la literatura especializada, análisis documental y entrevistas con informantes claves, nuestro propósito será realizar un balance crítico capaz de dar cuenta de los resultados obtenidos por estos procesos respecto a la promoción de medidas para facilitar la circulación intrarregional de las personas, promover los derechos de los migrantes y hacer realidad la construcción de procesos de ciudadanía regional. A pesar de los importantes logros alcanzados por la CAN, el MERCOSUR y la UNASUR en materia migratoria, existen también diversos límites vinculados a la internalización de las normas y a la falta de mecanismos para garantizar su efectividad en los países miembros. Más allá de la retórica, permanecen también diversas formas de discriminación, xenofobia e irrespeto de los derechos de los migrantes y los cambios en la legislación de países como Argentina reflejan el retroceso de normativa con enfoque de derechos y el crecimiento de iniciativas de criminalización de los migrantes y del fenómeno migratorio (DOMENECH, 2017). Además, en diversos países de la región, la presencia de mecanismos para restringir la entrada o permanencia de personas, tampoco ha disminuido, asumiendo nuevas y sofisticadas modalidades que incluyen la presentación de certificados de antecedentes criminales, altos precios para regularizar el estatus migratorio o seguros de salud.
Como resultado, medidas securitistas y perspectivas que abordan las migraciones con sospecha, miedo e intolerancia son cada vez más visibles en la región y dejan sin efecto o, por lo menos reducen, diversos logros alcanzados a nivel regional sin que aparentemente existan mecanismos capaces de contrarrestar debidamente sus efectos. Por último, la excesiva dependencia de factores como la convergencia política de los gobiernos de los países miembros de estos procesos y la paralización o lentitud en las discusiones para profundizar los proyectos de ciudadanía regional evidencian que el respeto de los derechos humanos de los migrantes no constituye una prioridad para la integración regional y depende más bien del nivel de sintonía entre los gobiernos de los países que conforman tanto la CAN, como el MERCOSUR y la UNASUR.