La preocupación de la presente ponencia se inscribe en la situación crítica que está atravesando la Universidad Pública en Argentina a raíz de las políticas implementadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos. La relación de dicha alianza con la Universidad Nacional ha pasado en un breve lapso de dos años de una serie de promesas de mejoras a una arremetida contra la educación pública: si bien durante la campaña presidencial de 2015, el actual presidente se comprometía a duplicar el presupuesto en ciencia y técnica, y a defender las condiciones de trabajo y los salarios de los docentes universitarios, desde el triunfo de la Alianza Cambiemos en el Poder Ejecutivo, las acciones no han hecho más que contraponerse a las promesas. Ejemplos paradigmáticos en este campo son la negativa a abrir la paritaria nacional docente que queda violentamente forcluida, el fuerte recorte del presupuesto universitario, el retaceo del giro de las partidas en 2016 y su discrecional reparto en 2017, el consentimiento al ingreso de las fuerzas de seguridad en las Universidades y al MinCyT, la detención de estudiantes o la drástica reducción de la cantidad de investigadores que ingresan a CONICET. Consideramos que no se trata en ningún caso de accidentes, hechos aislados, o eventuales exabruptos en el uso de la fuerza represiva; se trata, más bien, de una pretensión, instalada en el corazón de los gobiernos neoliberales de Argentina y de la región, de transformar la Universidad Pública según el canon del mercado.
En América Latina la derecha se posiciona en contra de su pérdida de privilegios políticos y sociales, por lo que a partir de 2009 comenzó a redefinir su estrategia para recuperar el control en la región. En este sentido, asistimos a una embestida neoliberal a través de gobiernos que se han impuesto en distintos países a través de golpes de Estado, golpes institucionales o elecciones. Las diferentes formas a partir de las cuales acceden al poder del Estado no impiden ver el elemento común que guardan entre ellos: la recomposición del poder de clase, puesto en duda o relativizado en el ciclo de gobiernos progresistas de la última década.
En Argentina, en dos años de gobierno macrista, se llevaron a cabo un conjunto de acciones y políticas que distan de enmarcarse en un gobierno democrático. Basta con mencionar el encarcelamiento de Milagro Sala y una veintena de referentes políticos de la oposición, la represión a maestras/os, el amedrentamiento a las/os trabajadores en el MinCyT y el INTI, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, Pablo Kukoc, entre tantos otros. A este marco represivo se suman los miles de despidos del Estado y del ámbito privado, la limitación a las paritarias, la precarización por reformas previsionales y laborales. Esta enumeración de algunos de los hechos de los últimos dos años basta para señalar como represora, violenta y desaparecedora a la Alianza Cambiemos, que presenta con fachada democrática un virtual estado de excepción.
El plan del macrismo para la Universidad está en sintonía con el resto de sus políticas: impugnar el derecho humano a la educación superior y profundizar la mercantilización y el negocio de los grupos concentrados. La Universidad Pública argentina resistió a los intentos de arancelamiento que quisieron imponer los gobiernos neoliberales y los organismos internacionales durante los años ’90 (BM, BID, FMI). Esta situación se articuló con la aplicación de políticas públicas entre 2003 y 2015 que fomentaron el acceso a la Universidad, años en los que se logró un importante aumento del presupuesto, la creación de numerosas Universidades en todo el país, nuevas becas como PNBU, PNBB, el plan PROGRESAR, la creación de residencias y comedores universitarios, la apertura de becas doctorales otorgadas por el CONICET, etc. En 2015, antes de que asumiera Macri como presidente, se sancionó la Ley 27.204 como una forma de resguardar la gratuidad de los estudios de grado. No obstante, la ofensiva que enfrentamos actualmente por parte del imperialismo, y del macrismo en la Argentina, propone procesos de mercantilización diversos, que no necesariamente implican la privatización pero que sí fomentan el arancelamiento de la educación superior.
La situación actual en la Universidad y en el sistema científico-tecnológico es de ahogo presupuestario y vaciamiento de los organismos descentralizados de Ciencia y Técnica. Esta situación, en lo inmediato impacta sobre la producción de ciencia y tecnología y cercena, a largo plazo, el pensamiento crítico y la producción cultural, suprimiendo derechos a las/os trabajadoras/es de la Universidad y la ciencia. Así lo expresó el jefe de gabinete, Marcos Peña, en diciembre de 2016: “En la Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente, pero nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente, y que el pensamiento crítico llevado al extremo, le ha hecho mucho daño a la Argentina”.
La lógica mercantil repercutirá tanto en los contenidos de las asignaturas dictadas en la Universidad como en los ingresos a la misma, que serán determinados por la capacidad adquisitiva, es decir, a considerar el acceso como un privilegio más que como un derecho. Es importante reconocer esta caracterización puesto que, por un lado, proviene de una concepción meritocrática de la educación superior y de un paradigma del capital humano tendiente a acrecentar las diferencias sociales. Por otro lado, quienes suscriben a este punto de vista y acceden a la Universidad se aferran de tal modo su “privilegio” que abandonan el derecho a cuestionar las condiciones de trabajo y las de cursado. Por otro lado, no serán las necesidades sociales las que fijen las pautas de los contenidos sino las exigencias empresariales, las cuales determinarán las normas de lo útil y lo inútil y, como consecuencia, lo que debe estudiarse. En este sentido, se observa una pretensión de des-epistemologizar la educación; esto significa que ya no adquirimos conocimiento, sino que adquirimos competencias, en la medida que el mercado impone nuevas pautas de competitividad que no pueden ser abordadas con el antiguo sistema de calificaciones. La educación por competencias pretende presentarse como una pedagogía de última generación capaz de salvar al sistema capitalista de su crisis y a las nuevas generaciones del desempleo.
Es notable, por otra parte, una tendencia a considerar el acceso a las Universidades como un privilegio más que como un derecho. Es importante reconocer esta caracterización puesto que, por un lado, proviene de una concepción meritocrática de la educación superior y de un paradigma del capital humano tendiente a acrecentar las diferencias sociales. Por otro lado, quienes suscriben a este punto de vista y acceden a la Universidad se aferran de tal modo su “privilegio” que abandonan el derecho a cuestionar las condiciones de trabajo y las de cursado.
Desde la década de 1990 aumentó la injerencia de las empresas trasnacionales en el financiamiento de la Universidad, lo cual implica un impacto directo en los temas y problemas de investigación de ciertas áreas específicas. Entendemos que la producción de ciencia y tecnología es un problema de poder. En este sentido, la definición está amarrada al presupuesto, al Estado, a enfoques de producción generales, pero también a las corporaciones científicas internacionales y a las grandes empresas. De esta forma, cuando se disputa la producción de ciencia y tecnología se está disputando su sentido general y su sentido específico (para qué y sobre todo para quién). Las derechas pro-imperialistas de nuestro continente instalan la “necesidad” de producir ciencia y técnica pero como herramientas neutrales, para que la masa internacional de científicos y tecnólogos desarrollemos productos que luego son apropiados por las grandes empresas para aumentar la productividad y la competencia.
Al cuadro de ahogo presupuestario se le suma la reiterada violación a la autonomía a través del ingreso de las fuerzas de seguridad dentro de los predios universitarios. Durante los últimos dos años, a medida que el gobierno de la Alianza Cambiemos intensificó su estrategia represiva, comenzaron a sucederse episodios en los que las fuerzas de seguridad ingresaban a recintos universitarios. Baste mencionar el ingreso de la policía a la UNR, UNMDP, UNS, UNCo y la detención de estudiantes dentro del predio de la UNJu. Estos casos configuran un claro incumplimiento de la Constitución y constituyen un pilar represivo esencial dentro de la estrategia de gobierno neoliberal de Cambiemos, orientado a amedrentar y disuadir cualquier signo de protesta social.
Como hemos dicho, las transformaciones que encara el neoliberalismo, encarnado en la alianza de gobierno Cambiemos, en nuestra sociedad no apuntan sólo a reformas de carácter económico, se trata de una reestructuración sociocultural. En otras palabras, pretenden fundar un nuevo sujeto caracterizado por un comportamiento empresarial y competitivo. En esta misma clave, la transformación que se pretende llevar adelante en la Universidad apunta a borrar su impronta emancipadora y ponerla al servicio de las necesidades empresariales. Para ello, es esencial el uso de la violencia Estatal, asesina y desaparecedora, puesto que sin el terror que ella siembra no podrían naturalizarse los cambios.