Los Acuerdos De Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP en apariencia fueron negociados por dos partes, pero esto no es cierto. Otros actores también pusieron letras en los acuerdos. Esta investigación analiza el punto 5 de los suscritos: “Sobre las víctimas del conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, a partir de las relaciones de fuerza y contradicción entre los actores que estaban sentados en la mesa más los que no, con el propósito de entender como realmente se llega a ese acuerdo final y como además del Gobierno y las FARC-EP, los movimientos sociales y la derecha juegan un papel importante en este. Esta investigación devela cuales son los intereses, los recursos y las acciones de los actores en conflicto, y hará énfasis en los movimientos sociales ya que son los más invisibilizados y su influencia en este punto es más preponderante que en otros.

Este acuerdo llama la atención de diferentes grupos de la sociedad porque allí se negoció temas claves para los actores armados legales e ilegales del conflicto colombiano y para movimientos sociales, en especial las víctimas que superan las cinco millones de personas. En este punto se acordó la justicia para las víctimas y por tanto las sanciones a los actores armados: Guerrilla, militares, parte de los paramilitares, al igual que a civiles que los hayan financiado. Se negoció además los mecanismos mediante los cuales se sabría la verdad de lo ocurrido, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición.

Para llevar a cabo esta investigación se parte de los conceptos de dialéctica y contradicción acuñados por la teoría marxista. Metodológicamente tiene como técnicas investigativas la revisión documental: análisis de artículos, noticias, comunicados oficiales de actores etc, y entrevistas no directivas a personas que pertenecen a algún actor en particular. Primero es analizado cada actor por separado y luego se analiza las relaciones de fuerza entre ellos.

Como resultados parciales, ya que la investigación se encuentra en proceso, se resalta los siguientes actores como importantes dentro de este acuerdo: Víctimas del conflicto armado y sus organizaciones; organizaciones de carácter étnico: Afrocolombianos e indígenas; bloque en contra del proceso de paz integrado por partidos políticos, terratenientes, emporios empresariales, medios de comunicación y militares; y el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo.

Las víctimas jugaron un papel importante por varias situaciones: Su fuerza política para el 2014 era grande ya que venían de movilizarse y organizarse desde años atrás. Un hito es el 2005 cuando la Ley de Justicia y Paz privilegio la voz de los victimarios y no la de las víctimas, produciendo indignación con la ella y la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Además la Mesa de la Habana tuvo la intención de diferenciar estas negociaciones con la generación de canales de escucha, como los Foros Regionales Y El Nacional De Víctimas (2014). El viaje a la Habana de 60 víctimas se debe principalmente a lo expuesto.
Las organizaciones étnicas encabezadas por el Consejo de paz Afro-Colombiano (CONPA), la organización nacional indígena de Colombia (ONIC) y el Gobierno Mayor De Las Autoridades Indígenas Tradicionales De Colombia, tuvieron un rol importante dentro de los acuerdos de paz al agregar el Capitulo Étnico en ellos. Allí hay disposiciones especiales para la implementación de los acuerdos en sus territorios: se tendrán en cuenta sus costumbres y autonomía.
Este capitulo se pudo incluir gracias a la presión de movilizaciones a nivel nacional y eventos como el Foro Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas (febrero 2015), entre otras. Además, estas organizaciones movilizaron la escena internacional recibiendo apoyo de congresistas estadounidenses: Hank Johnson y Keith Ellison, y organizaciones como la Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU) de EE.UU. entre otros.
El movimiento de mujeres y LGTBI tuvo similar actuación a la de organizaciones étnicas pues se movilizaron nacionalmente y llevaron a cabo la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz (2013). Las mujeres dentro de las FARC-EP también hicieron presión en su organización. Además figuras como la Nobel de la Paz, Jody Williams o la expresidenta chilena Michelle Bachellet, instaron al gobierno a incluir más mujeres en las negociaciones. Todo esto logro la creación de la subcomisión de género que puso en todo el acuerdo este enfoque.
La relación de los movimientos sociales con otros actores se enfrenta sobre todo en la discusión sobre la Justicia. Las víctimas abogaban por una justicia integral, donde guerrilleros y militares declararan lo sucedido en la guerra y se conociera la verdad, donde se reparara a las víctimas mediante actos simbólicos de perdón, hallando familiares desaparecidos, restituyendo tierras entre otras, y donde hubiera garantías de no repetición. El Gobierno Colombiano tenía una visión cercana. También abogaba por verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero las Fuerzas Militares no se sintieron recogidas por completo en las propuestas, ya que tendrían que aceptar las violaciones a los Derechos Humanos que hicieron y los castigos correspondientes.
Las FF.MM. optaron por dos vías, una parte se adhirió al Gobierno Nacional y ejerció presión desde adentro, por ejemplo generales activos fueron incluidos en la Subcomisión Técnica Para El Fin Del Conflicto. Otra parte más conservadora optó por estar en contra de las negociaciones como muchos militares retirados. Consiguieron en conjunto un trato diferenciado respecto a la guerrilla. Para el juzgamiento de militares se tendrá en cuenta el Derecho Operacional, es decir, que sus acciones se juzgaran en clave de ser los legales y legítimos poseedores del monopolio de la fuerza.
Además los militares o policías que hayan sido condenados por violaciones al Derecho Internacional de derechos humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) antes de que entrara en vigor la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o en esta, tendrían el beneficio de seguir cumpliendo su condena en una Unidad Militar o Policial y no en cárceles ordinarias, siempre y cuando colaboren con la verdad y garantías de no repetición.
Las FARC-EP por su parte, al principio de las negociaciones se mostraron reticentes a aceptar algunos hechos victimizadores como la violencia sexual. Pero con la presión social y mediática fueron suavizando su discurso respecto a las víctimas. Sin embargo en lo referente a las penas por sus crímenes siempre hubo rechazo total a la cárcel y demandas de amnistías a la mayor cantidad de delitos posibles.
El actor más reticente de los acuerdos, que tiene como figura visible al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, es el bloque en contra del proceso de paz. Quienes además de mantener gran popularidad debido en parte, al apoyo de medios masivos de comunicación como RCN del emporio Ardila Lule, abogaban para que militares, empresarios y terratenientes no tuvieran ningún tipo de pena dentro de los acuerdos, sin embargo, lo que lograron fue el tratamiento diferenciado de los militares respecto a la guerrilla y luego del plebiscito de todos los agentes del Estado, al igual que la no inclusión de condenas a empresas, por las que si abogaban las FARC-EP y algunas organizaciones de víctimas.
Este bloque al abanderarse del No en el plebiscito y resultar ganador, introdujo en el nuevo pacto más de sus intereses. En relación a la justicia se amplia el concepto de Agentes del Estado como todas aquellas personas empleadas por este y no limitándola a las FF.MM. o policiales. Esto se traduce en que las sanciones a los Agentes las pondrá el Estado mismo.
Resalta fácilmente al leer el nuevo acuerdo que las personas con orientación sexual no heterosexual o que su género no corresponde con su sexo quedan relegadas. Es decir, no podrán acceder a beneficios especiales de reparación por vulneraciones debidas a su orientación sexual o de género no heteropatriarcal, en razón del conflicto armado, lo que si sucedía en el primer acuerdo suscrito y gracias a la comisión de género.
El Acuerdo Sobre Víctimas Del Conflicto fue pues, negociado con múltiples medios y a partir de las relaciones de fuerza entre actores. Algunos fueron capaces de limitar a otros, como el bloque en contra del proceso de paz luego de la victoria del No, o la presión de casi todos a las FARC-EP para que reconociera sus crímenes. Destaca el papel poco o nada publicitado de los movimientos sociales, atribuyéndole a veces sus victorias a la buena voluntad de la mesa de diálogo. Y es patente como cada actor utilizó escenarios distintos para alcanzar sus objetivos, Las FARC-EP y el Gobierno Colombiano negociaron el acuerdo en la mesa de la Habana, el bloque en contra del proceso de paz lo negoció en los medios de comunicación, en los discursos de Uribe, en la presión de los militares, y los movimientos sociales lo negociaron en las asambleas, en los foros y en las calles.