En este trabajo se buscará señalar algunos aspectos sobre la política de seguridad desarrollada en los últimos años en Uruguay, a partir de un sucinto análisis de medidas implementadas, datos y discursos, difundidos en noticias, documentos oficiales e investigaciones.
En Uruguay, en el 2005 llega al gobierno por primera vez la principal fuerza política de izquierda (Frente Amplio), que actualmente gobierna en su tercer período consecutivo, hasta el 2019 inclusive.
Aquí se abordarán algunos aspectos de la política de seguridad implementada en los dos últimos períodos de gobierno, aunque algunas de las medidas comenzaron en el primer período. El análisis dará cuenta, entre otras cuestiones, como, si bien se han intentado implementar políticas de seguridad de corte preventivo, se han tomado también medidas represivas y estigmatizantes hacia los sectores de la población más vulnerables.
Entre los aspectos que se destacan, se encuentra la Estrategia por la Vida y la Convivencia presentada por el gobierno en 2012, la cual se proponía combinar “la convivencia social y la seguridad ciudadana”, con un fuerte componente de “prevención”, pero al mismo tiempo advertía: “no dudamos en aplicar en todo momento medidas disuasivas o represivas, dentro del marco de la Constitución y la ley cuando ello sea necesario para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana” (Presidencia, 2012: 5-7). De hecho, se habían comenzado a instrumentar en el 2011 “megaoperativos de saturación” en barrios marcados como peligrosos, “zonas rojas”, que apuntaban según declaraciones oficiales, a evitar que algunos barrios de la capital se convirtieran en favelas como las de Brasil. Estas medidas, que también incluyeron una tendencia a la militarización - uno de los problemas que atenta contra los intentos de reformas policiales como menciona Antillano (2014: 89) - , fueron denunciadas como “razzias” por la oposición, sectores de izquierda no pertenecientes al partido de gobierno y organizaciones de DDHH, y se continuaron planificando e implementando por parte del Ministerio del Interior en los años posteriores, aunque con diversos nombres.
En cuanto a las policías, en el período analizado se percibe que se habría intentado, como dice Antillano (2014: 87), “reconfigurar el lugar social que ocupa(n)”, redefiniendo su vínculo con el conjunto de la sociedad. Pero, simultáneamente ocurre que estas reformas se enfrentan con algunas amenazas que en parte son contradicciones.
Dichos aspectos, entre otros que se analizarán, como las explicaciones oficiales brindadas acerca del aumento de delitos en ciertos períodos de tiempo, muestran que se han intentado implementar políticas de seguridad de corte preventivo, con una mirada de la seguridad que abarca otros aspectos además de los vinculados a la criminalidad; con policías más cercanas a las personas, y con cambios en un proceso penal que pretenderían incluso incidir en las condiciones carcelarias para que estas sean “más humanas”. Pero al mismo tiempo, se han tomado medidas de corte reactivo y represivo, enfocadas en zonas y poblaciones vulneradas y por tanto, estigmatizadas; el encarcelamiento no ha dejado de aumentar; la selectividad del sistema penal ha continuado vigente y hasta quizás haya sido reforzado.
Se considera que dichos elementos pueden al menos alertar sobre el hecho de que aunque hayan existido esfuerzos en otra dirección, no ha dejado de haber en Uruguay, durante los últimos años, una política de lo que en América Latina se ha identificado como de “mano dura”, sintetizada por Antillano y Ávila, como “un espectro difuso de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos que coinciden en atribuir causas morales al delito (...), y definen a los infractores –y a determinados grupos sociales estigmatizados– como enemigos merecedores de un tratamiento duro e implacable, mientras se refuerzan, expanden e intensifican las respuestas punitivas y la violencia institucional como solución” (2017: 83).
Lo duro, y valga la redundancia, de este tipo de “mano dura”, es que sea parte, como señala Anitúa, de “procesos políticos y sociales en clara oposición, al menos retórica, con [las] modalidades de globalización neo-liberal” (2015: 1).
Siendo o no conscientes de dicho análisis de la relación entre el sistema/política penal y la criminalidad, quienes han desarrollado la política de seguridad desde un gobierno de izquierda en Uruguay han preferido alimentar la parte liberal individualista de la seguridad, aquella que se ha centrado en defender “el derecho a la seguridad de grupos socialmente fuertes con respecto de riesgos provenientes de grupos carentes del disfrute de derechos fundamentales”, cuando deberíamos ocuparnos por defender “la seguridad de los derechos de todos”, tal como afirmaba Baratta (2004: 211).
Bibliografía y fuentes citadas:
Anitua, G. I. (2015) Diez años después. Prólogo a la nueva edición de “Historias de los pensamientos criminológicos”, Buenos Aires, Didot.
Antillano, A. (2014) “La reforma policial en la Venezuela bolivariana”. En Zabaleta, JA (Coord.) El laberinto de la inseguridad ciudadana. Clacso, México, pp: 63-92.
Antillano, A., Ávila, K (2017) "¿La mano dura disminuye los homicidios? El caso de Venezuela" En Cano, I., Rojido, E. Reducción de los homicidios y la violencia armada: una mirada a América Latina, Revista CIDOB d'Afers Internacionals, N°116, pp. 77-100.
Baratta, A. (2014) “Seguridad”. En Criminologia e sistema penal. Buenos Aires: Editorial B de F, 2014, pp. 199-220.
Presidencia de la República Oriental del Uruguay (2012). Estrategia por la Vida y la Convivencia. Recuperado de:
https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_E582/Estrategia.pdf (2/02/2018)
