La presente ponencia, se propone compartir los avances del proyecto de extensión universitaria “Abordaje integral de la violencia institucional y su especificidad”, desarrollado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y, asimismo, plantear un conjunto de consideraciones y desplazamientos conceptuales y de enfoque que, a lo largo del proyecto, ha suscitado la reflexividad sobre la práctica misma y la problematización de nuestro presente.
El proyecto nace en el año 2016, como un esfuerzo colectivo que involucra a tres Facultades de la UNR (Ciencia Política y RR.II., Derecho y Psicología) y a cuatro organizaciones sociales radicadas en diferentes barrios de la ciudad. En dichos barrios, los casos de abuso, así como el ejercicio crudo de violencia ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad se manifiestan con una recurrencia inadmisible. En base a esta constatación, nos propusimos abordar la problemática de la violencia institucional, a través de tres objetivos específicos e interrelacionados que apuntan a construir información cualitativa y cuantitativa de acceso público; fortalecer las posibilidades de intervención de las organizaciones sociales al respecto y; por último, contribuir a su problematización social. Para ello, se diseñó (y se encuentra en vías de implementación) un software que permite recabar hechos de violencia institucional, siendo administrado por los voluntarios del proyecto y las organizaciones sociales involucradas.
Por otra parte, se realizaron talleres de formación con niños, niñas y adolescentes tanto en ámbitos escolares como barriales. Finalmente, el proyecto implicó el desarrollo de jornadas e iniciativas culturales dirigidas a dar mayor visibilidad a la problemática y fomentar la sensibilización social.
Ahora bien, en cuanto a la precisión conceptual que amerita esta problemática, comprendemos a la violencia institucional como un universo heterogéneo de prácticas de violación de derechos por parte de diversos actores pertenecientes al ámbito penal (funcionarios de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, operadores judiciales). Prácticas que implican acciones individuales y colectivas, organizadas y espontáneas, en espacios cerrados y abiertos, y que abarcan desde situaciones de detención “por averiguación de antecedentes” hasta manifestaciones extremas como el asesinato (el llamado “gatillo fácil”) y la tortura física y psicológica. Por tanto, en la violencia institucional confluyen no sólo las violencias altamente lesivas y con elevado grado de espectacularidad, sino también violencias cotidianas, sistemáticas y fuertemente naturalizadas que, si bien pueden ser menos espectaculares, se encuentran estrechamente vinculadas con aquellas sirviendo de base a la estructuración de relaciones sociales de poder con peculiares efectos subjetivos (Montero, 2011).
Así, mientras generalmente se tiende a pensar que la transgresión normativa suscita la reacción penal, el proyecto se posiciona desde la perspectiva de que es empírica y políticamente más rico problematizar los modos por los cuales las formas punitivas de gobierno de lo social (Campana 2012; Giavedoni, 2012) inducen, orientan, favorecen procesos de criminalización de algunos grupos sociales.
Como decíamos, el proyecto nace a inicios de 2016, en un contexto nacional y regional, completamente diferente al actual, lo cual creemos debe conducirnos necesariamente a interrogar la especificidad que asume la cuestión de la violencia institucional en el contexto más general en el que se inscribe. Pues, en el último tiempo, hemos asistido en el país, por trazar sólo algunos de los hitos más preocupantes, a la muerte y desaparición del manifestante Santiago Maldonado, así como al asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ambos en hechos de represión de la protesta social por parte de la Gendarmería y Prefectura, respectivamente. Asimismo, debemos mencionar el asesinato del joven Juan Pablo Kukok por parte del policía Luis Chocobar, la legitimación desde las máximas esferas del Estado del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad, el anuncio desde el gobierno nacional de sus pretensiones de erigir una “nueva Doctrina” en materia de seguridad que desconoce los protocolos internacionales de uso de la fuerza, el asesinato de un menor de edad por la policía tucumana, la dilación en el inicio de juicios de lesa humanidad, y la concesión generalizada a genocidas del beneficio de la prisión domiciliaria (sumado a la falta de control en el cumplimiento de la misma). Ello en un contexto sudamericano signado por un nuevo ciclo de avance de gobiernos conservadores, como es el caso de Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile, el golpe mediático y legislativo en Brasil que llevó a Michel Temer a la presidencia y el golpe judicial que derivó en el reciente encarcelamiento del ex presidente y principal candidato para las próximas elecciones brasileñas, Luis Ignacio Lula Da Silva.
Este escrito nace de la incomodidad con nuestro presente y de allí la pretensión, ambiciosa por cierto, de inscribir nuestro trabajo en línea con esa tarea, ese gesto filosófico-político que Michel Foucault (1991) denominara ontología del presente: “una actitud (…) en la que la crítica de lo que somos es, simultáneamente, un análisis histórico de los límites que nos son impuestos y un experimento de la posibilidad de rebasar esos mismos límites”. De allí que, aspiramos a formular una forma precisa de interrogación que nos permita problematizar los modos de pensar-nos y de no pensar-nos, de modo de -a través de ese gesto interrogativo- dar actualidad a nuestro presente (Sacchi, 2015).
A partir de lo expuesto, nos resulta imperioso reflexionar sobre el alcance y los límites de la noción de violencia institucional. Para ello, la ponencia se estructura en tres momentos. Nos proponemos en primer lugar, “problematizar” el concepto mismo de violencia institucional en el sentido foucaultiano del término, inscribiendo en términos conceptuales e históricos las condiciones de su emergencia y despliegue como campo de pensamiento e intervención en la Argentina de las últimas décadas. De este modo, se nos impone reconstruir la serie de acontecimientos que han permitido su difusión hegemónica en detrimento de otros conceptos, como el de represión estatal, preguntarnos qué otros saberes, recortes temporales, interpretaciones históricas y actores ponen éstos en juego. Por lo tanto, se trata, en primer término, de recomponer y reparar en los límites de lo que la violencia institucional ha vuelto pensable y qué deja por fuera.
En un segundo momento, desplazamos la mirada hacia ese conjunto de prácticas sistemáticas violatorias de derechos por parte de los actores del ámbito penal para reflexionar respecto a qué rol(es) juegan en el marco de nuestro presente. Ello nos exige, por un lado, adentrarnos en el debate respecto a qué entendemos por neoliberalismo, no como una esencia a develar sino como un proceso histórico abierto, mutable y de larga duración (Sacchi, 2016). Ello supone correr la mirada del neoliberalismo como sinónimo del Consenso de Washington o como un conjunto de políticas de Estado, para pensarlo, en cambio, como una particular forma de gobierno de las poblaciones (Foucault, 2009, 2008), correspondiente a la fase actual del capitalismo, que se despliega por medio del impulso de las libertades y que no sólo se opera a nivel macro-político sino también capilar, penetrando los territorios y los cuerpos, con peculiares efectos subjetivos.
Sostenemos así que, la violencia institucional/represión estatal opera como uno de los eslabones primordiales de la configuración y reproducción de la “cuestión de la inseguridad”, como particular forma de problematización social de una serie de conflictividades ligadas a los efectos sociales de las políticas neoliberales. Sin dudas, el neoliberalismo desplaza la “cuestión social” para presentarla como “cuestión de inseguridad”.
Por otro lado, arrojar claves de lectura respecto del rol de la violencia institucional/represión estatal en nuestro presente, exige reconocer que, en términos cuantitativos, dichas prácticas han sido una constante desde la recuperación democrática, aún bajo gobiernos progresistas. Esa persistencia, ha sido interpretada como resabio de viejas prácticas del Terrorismo de Estado. Sin desestimar esta lectura, creemos que es preciso atender a la especificidad de nuestro momento actual, trascendiendo una lectura meramente cuantitativa, y atendiendo en particular al desembarco de una racionalidad de nuevo tipo en materia de seguridad de la mano de esta oleada de neoliberalismo orquestado “desde arriba”. Nos referimos puntualmente al llamado Paradigma de la “Seguridad humana” y las formas de su recepción a nivel nacional a partir, entre otros, de la creación del Gabinete de Seguridad Humana por decreto presidencial nro. 228 en enero de 2016. Al estudio de este nuevo paradigma nos abocaremos en un tercer momento.
En síntesis, consideramos que hablar hoy de violencia institucional sin más, constituye un obstáculo epistemológico que nos muestra el árbol, cuánto mide, cómo crece y se ramifica, mientras nos impide ver el bosque. No es posible pensar a la violencia institucional/represión estatal desacoplada de una interrogación por el neoliberalismo y la cuestión de la inseguridad. El trabajo es un esfuerzo en este sentido, desde una interrogación por lo actual de nuestro presente.