Esta ponencia surge del proyecto de investigación Rostros de la estatalidad en las comunas 1, 3 y 6 de Medellín a partir de las disputas por el orden y el control entre milicias y agentes del Estado. 1987 – 1995.
Bajo la lectura que realiza Santiago Castro de Michael Foucault, es posible rescatar el concepto de dispositivos de seguridad como conjunto de técnicas que se orientan en multiplicar la potencia de la vida de una población para maximizar sus elementos deseables en términos políticos o económicos. En este sentido, se intenta hacer un análisis de los dispositivos de seguridad utilizados en la ciudad de Medellín bajo la administración de Omar Flórez.
El Plan de Acción Social (PAS) fue un “estrategia administrativa de la Alcaldía” que sirvió para coordinar esfuerzos de dependencias municipales, entidades gubernamentales del departamento y la nación, sector privado y organismos internacionales. El Plan consiguió invertir un total de 71121 millones de pesos entre los años 1990 y 1992, en el que destacan la inversión en Mejoramiento Urbano con 27816 millones de pesos y la Reubicación y Construcción de Viviendas con 13447 millones de pesos. Estos grados de inversión evidencian la importancia que se le dio a la gestión del espacio o medio ambiente (milieu, como diría Foucault), como elemento para posibilitar un gobierno de la población de la ciudad.
Enmarcada en una estrategia de activar el Estado en “sectores en los cuales el Estado no había hecho presencia por muchos años” como decía Omar Flórez, las Inspecciones de Policía son vistas ahora como escenarios en los que el Inspector, bajo el nuevo marco normativo, es la primera autoridad civil de su Comuna, en la tiene el deber de posibilitar soluciones pacíficas entre los ciudadanos. Esto puede leerse como una acción que busca aumentar la potencia de vida de la que habla Foucault, pues a través de la resolución pacífica de los conflictos, logra mantenerse la vida de personas que potencialmente puede generar ingresos para el estado.
La manera como el mantenimiento de la vida de las personas puede retribuir en beneficios para el estado se puede ver, por ejemplo, con la inserción de las pequeñas tiendas de barrio en la cadena productiva de escala municipal a través del Programa Tienda de Barrio, en el que de manera conjunta entre Microempresas de Antioquia y el PNUD, se pretendía regular los precios de los productos que componían la canasta familiar mediante la capacitación de los tenderos en aspectos administrativos y contables, además posibilitando el acceso de estos a créditos.
Un ejemplo más diciente es encontrado en el Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín – INVAL pues en este se propone que era necesario “(…) enfocar la realización de obras con una óptica de mercadeo, para que sea la comunidad la que esté convencida de las bondades de las obras.” y “Vender la valorización como un beneficio (…), demostrando que la valorización no es un impuesto, sino una contribución para beneficio de todos.” como dice en su informe de gestión de la alcaldía.
Entonces, en la administración que nos ocupa, podemos identificar claramente un dispositivo de seguridad en el que se articulan prácticas estatales que buscan “acondicionar” el medio ambiente de “sectores en los cuales el estado no había hecho presencia por muchos años” mediante la inversión de infraestructura, enfocándose en creación de escenarios deportivos, construcción y restauración de escuelas y colegios, construcción de vivienda, etc. Además, estas prácticas están atadas a un discurso propio del neoliberalismo norteamericano, en el que los asuntos sociales están pensados en palabras propias de las actividades económicas como se ve en el caso del INVAL, en el que se habla de ver las obras con una “óptica de mercadeo” y vender la valorización como “beneficio de todos” y, en ese sentido, siguiendo la lectura que hace Castro de Foucault, insertar la lógica del capital humano en las relaciones sociales que, a partir de una racionalidad económica llevada a lo social, determinan moralmente a los sujetos.
En este sentido, surgen preguntas que se intentarán responder en la ponencia: ¿es el Estado el único actor con intención de generar prácticas de gobierno en la ciudad de Medellín?¿el Estado logró de manera efectiva generar las prácticas que pretendía?